Efraín Bámaca Velásquez conoció la pobreza cuando era adolescente. Su madre murió por no tener acceso a antibióticos.

Sencillo, de voz suave y leal, así lo describe Jennifer Harbury, su esposa, quien lo conoció en 1990, cuando llegó al volcán Tajumulco y quien por 32 años lo ha buscado de manera incansable a pesar de la denegación de justicia por el Estado guatemalteco.  

Este 8 de marzo, en los diferentes territorios del país y en la ciudad capital se sintió la fuerza de las niñas, adolescentes y mujeres que salieron a las calles para hacer públicas sus demandas y exigencias al Estado y a la sociedad. Desde la Cumbre, en San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango, hasta la Plaza de los Derechos Humanos frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron escuchar su voz.

Esta es la historia de cómo los pueblos indígenas y sus autoridades decidieron irse a un Paro Nacional, el 2 de octubre de 2023, para defender los votos de la población emitidos en las urnas en la que habían elegido a Bernardo Arévalo como presidente. Y cómo un movimiento que empezó en 16 puntos del país se extendió a más de 150 puntos del territorio nacional.

Un grupo de migrantes residentes en la ciudad de Apopka, en el condado de Orange, Florida, inaugurará por iniciativa propia este 15 de diciembre el Centro Guatemalteco de Atención al Migrante que enfocará su labor en apoyar a las personas migrantes que necesiten realizar cualquier tipo de trámites. Incluso hay familias que no hablan español o necesitan apoyo con situaciones urgentes como el traslado de familiares que han fallecido en Estados Unidos a Guatemala, por lo que están deseosos de apoyarlos.

Este 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, decenas de víctimas de la guerra de varias regiones del país denunciaron los retrocesos en los procesos de justicia transicional y exigieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por proteger a militares acusados de graves crímenes de guerra.  Los sobrevivientes expresaron su rechazo al desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y la destitución de fiscales que investigaron casos como el genocidio Ixil.

Los proyectos La Igualdad, Hidro Maya y Quetzalí surgieron a raíz de los problemas que tuvieron con Energuate e Hidro Salá, S.A.

El presidente Bernardo Arévalo reconoció, en nombre del Estado de Guatemala, la responsabilidad por la desaparición de la poeta, escritora y activista feminista Alaíde Foppa, quien fue detenida y desaparecida en 1980 junto al piloto del vehículo en que se conducía, Leocadio Ajtún.

Los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo volvieron a beneficiar al general retirado Benedicto Lucas García al aceptar la recusación que se presentó en contra del Tribunal de Mayor Riesgo “A” quien adujo que el Tribunal mostró parcialidad, lo cual obligaría a repetir nuevamente el juicio.

Cuando el juicio por genocidio contra el general retirado Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, se encuentra en su etapa final, sus abogadas defensoras buscan que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” nombre a otro Tribunal para juzgarlo.

En la Sala Primera de Apelaciones se realizó una vista pública donde las partes expusieron sus argumentos.

Un informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas evaluó el papel de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, institución presidida por el exjuez Lesther Castellanos, implicado en litigio malicioso que incluye denuncias contra funcionarios judiciales, así como su participación en actividades onerosas ajenas al quehacer de esa oficina.

La doctora Johana Samayoa fue la primera profesional de la salud en recibir la vacuna contra la covid-19 en el Hospital Roosevelt, el pasado 25 de febrero.

En varios territorios y la ciudad capital las mujeres diversas a salir a las calles para exigir acciones para erradicar la violencia en su contra, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tras casi un año de haber sido electas en asamblea, las autoridades comunitarias de la aldea Chujuyub’ lograron inscribirse en la Oficina Municipal de Organización Comunitaria de la municipalidad de Santa Cruz del Quiché.

Sin embargo, su inscripción no fue fácil pues tuvieron que pasar casi ocho horas para que los empleados lo hicieran y solo hasta que llegó la jueza de paz, Siomara Rodríguez.

El juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército llegó a su final, pero varios sucesos han prolongado que finalice la etapa conclusiva para que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” delibere la sentencia.

Con el amparo la defensa buscaba suspender la audiencia por genocidio que se realiza en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, sin embargo, el juez presidente Gervi Sical y los jueces vocales dieron tramite a la recusación. La defensa de las víctimas considera que el amparo es ilegal y busca impunidad.

El juicio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, está en su etapa de conclusiones. Ahora le corresponde a la defensa presentar las mismas, las cuales realizó con apoyo de dos consultores, sin embargo, una jornada no fue suficiente para finalizar por lo que el miércoles 13 de noviembre seguirá en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”.

La abogada de las víctimas, Jovita Tzul, expuso sus conclusiones en las cuales señaló que hubo una intención genocida en contra del pueblo Ixil. Tzul expuso que hay tres supuestos que encajan en el delito de genocidio: la muerte de miembros de grupo, el sometimiento de condiciones y lesiones que afectan gravemente, que expuso ampliamente. Al igual que el MP, solicitó 2860 años de prisión en contra del exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.
La defensa del general Lucas García pidió al Tribunal exponer sus conclusiones en otra audiencia, petición que les fue concedida y lo harán el lunes 12 de noviembre.

Este 7 de noviembre, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó 2860 años de prisión para el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, genocidio, desaparición forzada y el delito de deberes contra la humanidad cometidos contra la población Ixil, de Quiché, durante el conflicto armado interno.

El testigo protegido que fue enviado al área Ixil para participar en las operaciones contra la guerrilla dice que el Estado Mayor del Ejército supo todo lo que ocurría en ese lugar y, que incluso, Benedicto Lucas García, quien ejerció como jefe de dicha división exhortaba no solo a combatir a la guerrilla sino a destruir todos los cultivos de la población, que se creía servirían para alimentar a las fuerzas guerrilleras. El Estado Mayor del Ejército también tuvo conocimiento de las masacres desde el inicio de la guerra hasta al final, según dijo el militar retirado.

Los militares fueron capturados por uno de los casos de desaparición forzada más grande de América Latina, luego de que se localizaran 565 osamentas en 14 exhumaciones realizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) entre 2022 y 2015. La resolución de una sala que otorgó un amparo a uno de los militares anula todo lo actuado en este proceso y ordena poner en libertad a los militares, uno de ellos prófugo.