El pueblo manda: los 106 días de Paro Nacional

Esta es la historia de cómo los pueblos indígenas y sus autoridades decidieron irse a un Paro Nacional, el 2 de octubre de 2023, para defender los votos de la población emitidos en las urnas en la que habían elegido a Bernardo Arévalo como presidente. Y cómo un movimiento que empezó en 16 puntos del país se extendió a más de 150 puntos del territorio nacional.

La llamarada se prendió el 2 de octubre, sin embargo, fue el resultado de deliberaciones entre las autoridades indígenas y sus asambleas.

Por Regina Pérez

El origen de la resistencia 

Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán para el periodo 2022 y 2023, creyó que la permanencia frente a la sede del Ministerio Público (MP), ubicado en el barrio Gerona, en la ciudad capital, duraría un máximo de cinco días. Lo que no imaginó es que el movimiento convocado por los pueblos originarios se iba a extender 106 días hasta permitir que Bernardo Arévalo asumiera como presidente constitucional. 

El pueblo de Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue uno de los que se unió al Paro Nacional, también conocido como la “resistencia” contra el golpe de Estado, en los primeros días de octubre de 2023.

La decisión de unirse al paro no fue unilateral. Como autoridades indígenas de ese municipio de Sololá, ubicado a 152 kilómetros de la capital, se había hecho la consulta a las poblaciones antes de coordinarse y hablar con 48 Cantones de Totonicapán, a quienes Luz Ulario llama “hermanos mayores”.

“Ya habíamos hecho toda nuestra logística con nuestras comunidades, preguntar, informarles, qué decían ellos”, recuerda. 

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Es por ello que la decisión de sumarse al paro, que se tomó en Totonicapán, ya no les costó.

En Totonicapán, donde existe una fuerte organización comunitaria por medio de la Junta Directiva de los 48 Cantones, se hizo el mismo ejercicio.

Basilio Puac, vicepresidente de los 48 Cantones en 2023, recuerda que después del 20 de agosto, cuando Arévalo triunfó en las elecciones generales se dieron cuenta que los intentos del Ministerio Público de anular los resultados electorales se hicieron más fuertes. Y fue ahí cuando entraron a reunión permanente, todas sus autoridades.

Puac explicó a Prensa Comunitaria que no es la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes de los 48 Cantones la que toma las decisiones. Lo que hacen es plantear las acciones que se pueden realizar y quien decide es la asamblea de alcaldes de las 48 comunidades.

Estos llegan junto a su secretario y un vicealcalde de la comunidad, un grupo de aproximadamente de 150 personas quienes toman la decisión de si realizan una acción o no. Si la respuesta es sí regresan a sus comunidades a plantear lo que se acordó. Y si las comunidades aceptan, nuevamente se reúnen para informar de esa respuesta. Ahí se gana con más de la mitad y el resto tiene que acatar. En este caso la mayoría de las comunidades estaba decidida de ir a paro. Entonces se empezó a analizar por cuántos días. Y la respuesta de todos fue: “Demos tiempo indefinido”. 

Conoce más detalles acá: https://prensacomunitaria.org/2023/12/la-autoridad-comunal-de-los-48-cantones-de-totonicapan-se-sostiene-en-el-servicio/ 

Puac recuerda que como Junta Directiva todavía les plantearon a los alcaldes ir por dos o tres días, si mucho. Muchos alcaldes en ese momento dijeron que no.

“Vamos indefinido o se acabó, o es que ya les compraron a ustedes, ya les dieron algo a ustedes”, fue el reclamo de las autoridades a la Junta Directiva de los 48 Cantones.

Autoridades indígenas encabezaron la protesta en la capital de Guatemala. Foto: Juan Rosales / Prensa Comunitaria

La decisión de los 7 pueblos lanzada desde Totonicapán

La deliberación se realizó días antes, pero el proceso de articularse tampoco fue tan difícil ya que ese mismo año tanto la Alcaldía Indígena de Sololá como los 48 Cantones de Totonicapán salieron a las calles en marzo a pedir al Congreso de la República que no conociera la iniciativa 6165, “Ley de regularización e incorporación de los sectores productivos primario, pecuario, bovino e informal al sistema tributario” y que se diera marcha atrás al Acuerdo 245-2022, que obliga a facturar ventas a partir de Q2500. Este fue su primer pulso en las calles en 2023.

Sin embargo, un año antes, esa coordinación no hubiera sido posible. Ulario Zavala, alcaldesa de Santa Lucía Utatlán, recuerda que en una reunión de 28 municipalidades hizo el planteamiento de unirse más, ya que tanto la Alcaldía Indígena de Sololá como los 48 Cantones actuaban por sí solos.

El presidente de los 48 Cantones en ese entonces, Gregorio Rosales, le respondió: “Eso es imposible alcaldesa”. “¿Por qué es imposible?”, preguntó Ulario. “Históricamente los Kaqchikel han sido traidores”, recuerda que le respondió. La alcaldesa manifestó su desacuerdo con esa declaración. “Pero recordemos quien ha escrito la historia. La historia no fue escrita por nosotros”, le respondió Luz Ulario. Las autoridades de Sololá se mantuvieron en silencio.

Misrahí Xoquic, el alcalde indígena de Sololá para el periodo 2022 y 2023, dijo a Prensa Comunitaria que la reunión clave que tuvieron fue en Totonicapán donde se articularon. Como pueblo sololateco están acostumbrados a salir a manifestar cuando hay algo que no les parece. Lo hicieron en 2022 y en 2023. Entonces ya tenían estructurado como salir y hablaron con los demás pueblos.

Pero recuerda que con el anterior presidente de los 48 Cantones, Gregorio Rosales, eso no había sido posible.

“Porque él tenía otra manera de ver las cosas y no fue posible. Por lo que en la derogación del 17-2020, seguro obligatorio, lo hizo solo Sololá. Las autoridades de los 48 Cantones no participaron. Pero esta vez no fue así, sino que ellos nos apoyaron. Yo creo que ahí estuvo más fuerte la organización de autoridades indígenas”, manifestó.

Posteriormente ya no se reunieron, pero lograron comunicarse por teléfono con varias autoridades. Él se comunicó con la alcaldesa del pueblo Ixil; la alcaldesa de Palín, Escuintla y Santa Lucía Utatlán, Sololá. Luis Pacheco, el presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones lo hizo con San Francisco El Alto, Totonicapán y Chichicastenango, Quiché.

Al igual que señaló Ulario, quien los llamó “hermanos mayores” Xoquic indicó: “No es que nos hayamos reunido, sino que ellos nos veían como un modelo, estaban esperando nuestra reacción, recuerdo que el pueblo Ixil nos decía “Si ustedes van, nosotros los apoyamos”.

De la misma manera se expresaron las autoridades del Parlamento Xinka. “Nosotros estamos esperando, si ustedes salen nosotros los respaldamos, nosotros estaremos con ustedes”, parafraseó.

La decisión de salir a las calles ya estaba tomada antes del 30 de septiembre, un día clave en los ataques que el MP estaba realizando al proceso electoral. Sin embargo, los hechos sucedidos ese día, cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) secuestró las actas electorales en la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), solo precipitaron la salida de las personas a las calles, llegando incluso en el día de más tomas a 150 puntos en todo el territorio nacional.

El 26 de agosto en el parque San Miguel de Totonicapán, las autoridades de los 48 Cantones, el Parlamento Xinka, la Alcaldía Indígena de Santa Lucía Utatlán, la autoridad indígena de San Francisco El Alto, la autoridad indígena de Chichicastenango y la Junta Directiva de las 14 comunidades de San Cristóbal de Totonicapán y del pueblo Ixil se reunieron para pedir que se respetara la decisión del pueblo en las urnas.  

Conoce más detalles acá: https://prensacomunitaria.org/2023/08/autoridades-indigenas-exigen-la-renuncia-de-la-fiscal-general-consuelo-porras/

Ahí elaboraron un manifiesto público para pedir que se acatara la voluntad del pueblo. Y el 2 de octubre, las autoridades se instalaron frente a la sede de la capital. Luz Ulario recuerda que cuando llegaron no fueron recibidos por ningún funcionario del Ministerio Público. Y se preguntaron, ¿con quién vamos a interlocutar? Algunos se decepcionaron y sugirieron el regreso.

Pero ella salió al paso y les dijo: “¿Cómo vamos a regresar, somos autoridades, dijimos, por tiempo indefinido? Si no lo vamos a cumplir, es nuestra palabra contra todos los que salieron a manifestar. Nadie, nadie nos va a creer de hoy en adelante. Tenemos que aguantar”.

Fue hasta el 4 de octubre que tuvieron su primera reunión con autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y el MP en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Y el 12 de octubre lograron reunirse con el presidente Alejandro Giammattei, pero la reunión fue infructífera. Giammattei les dijo que no podía pedir la renuncia de la fiscal general. Hasta hubo rumores de que recibieron dinero. Sin embargo, ella desmiente eso y señala que siguieron con el paro. Eso disipó los temores de la población que se dio cuenta de que no hicieron compromisos con nadie.

Cuatro Caminos, en Totonicapán, fue el epicentro del Paro Nacional que empezó el 2 de octubre de 2023. Foto de Luis González / Prensa Comunitaria 

Los resortes de la decisión

En la ciudad capital las autoridades ancestrales ocuparon la calle frente a la sede del MP en el barrio Gerona el 2 de octubre. En los departamentos se reportaron 16 puntos tomados, algunos incluso tan lejanos como el municipio de Ixcán, Quiché, a más de 9 horas de la ciudad.

¿Qué fue lo que movió a miles de ciudadanas y ciudadanos salir a las calles?

Feliciana Herrera, alcaldesa indígena Ixil de Nebaj, indicó que uno de los puntos en común fue la fiscal general, Consuelo Porras, así como otros fiscales que la rodeaban, como Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, a quienes pedían su renuncia.

Y algo clave en eso fue la persecución que estaban realizando contra jueces, periodistas y fiscales, algo que, según la alcaldesa, no pasaba desapercibido en las comunidades. Los comentarios de la gente eran “hoy hubo capturas otra vez, hoy llegaron a la casa de tal persona”.

Aunque Herrera no vivió el conflicto armado interno (1960-1996) la gente mayor sí, cuenta que ellos señalan que así se sentían esos años. El área Ixil fue una de las regiones más golpeadas por la guerra y según el Tribunal que condenó a Efraín Ríos Montt, el 10 de mayo de 2013, se cometió genocidio en contra de 1771 personas maya Ixil durante su gobierno de facto.

Actualmente se está juzgando a Benedicto Lucas García, por el genocidio de 844 personas de origen Ixil. “Había un miedo en el caso del Ixil… Había opiniones diferentes de las comunidades. Y hay gente que estaba bien enojada, cansados de esa persecución y no solo es la persecución sino el tema de la corrupción que nos afecta a todos y cómo nos afecta, ya no se cree en la justicia”, explicó.

Conoce más detalles acá: https://prensacomunitaria.org/2023/12/feliciana-herrera-si-no-accionamos-el-pueblo-seguira-en-la-miseria-y-aislado-de-sus-derechos/ 

Sumado a ello se dio la incertidumbre alrededor del proceso electoral. Los murmullos de las personas eran: “Dicen que se va a repetir elecciones”. “Nosotros ya no vamos porque ya fuimos (a votar)”. La alcaldesa reconoce que era un peligro lo que podía pasar. “Y si esperábamos que decidieran y tomar la decisión ilegal o ilegítima de volver a realizar elecciones, estábamos mucho más en riesgo. Y por eso es que la población se estaba dando cuenta de esas acciones, no solo de la fiscal sino de los jueces del sector justicia”.

Mujeres del pueblo Ixil lideran la protesta en el Centro Histórico de Guatemala. Foto de Prensa Comunitaria

Misrahí Xoquic, quien estuvo al frente de la Alcaldía Indígena de Sololá, señaló que ellos ya veían con preocupación la reelección de la fiscal general, Consuelo Porras, en 2022 y todos los movimientos del MP que se intensificaron en la primera vuelta, cuando Arévalo pasó al balotaje.

Conoce más detalles acá. https://prensacomunitaria.org/2023/11/misrahi-xoquic-uno-de-los-rostros-de-la-resistencia-kaqchikel-del-suroccidente-del-pais/ 

“Cuando pasó a segunda vuelta Bernardo Arévalo, fue una sorpresa para ellos y Sandra Torres era la candidata preferida para el grupo del Pacto de Corruptos. Veíamos los ataques que le dirigían al partido Semilla y a su candidato”. Sin embargo, señala que las autoridades prefirieron mantenerse al margen de esa situación, pues se consideraban apolíticos.

Pero tras la elección de Arévalo como presidente el 20 de agosto, se dieron cuenta del riesgo que había de que se impondría un nuevo gobierno y “se iba a dar el golpe de Estado. Ahí ya no nos pareció”, indicó.

Es así como acordaron, primero las autoridades de los 7 pueblos, de la necesidad de defender la democracia. Pero aclara que nunca fue al partido Semilla, de lo contrario no hubiera respondido toda la población guatemalteca.

En la entrada de Antigua Guatemala, la carretera principal fue un espacio de encuentro para el arte, música, danza y poesía. Foto de Lucía Escobar / Prensa Comunitaria

Fueron las bases las que sostuvieron el movimiento

La mañana del 2 de octubre, las autoridades de los 7 pueblos llegaron a la sede del MP en Gerona. Sin embargo, no se imaginaron la magnitud de esa acción que se extendió como pólvora por barrios, cruces, comunidades y parques.

En el primer día se contabilizaban hasta 17 puntos tomados por la población.

Pero para el 6 de octubre, este movimiento tomó más fuerza cuando los barrios de la capital se unieron al mismo, entre ellos las zonas 3, 11, 12, 19 y 21 y se contabilizaron más de 150 puntos.

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Las autoridades ancestrales de Iximulew, otro espacio que aglutina a diversas autoridades indígenas en el país, se unió al paro el 6 de octubre.

Rigoberto Juárez, autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional, una forma de organización que data de cientos de años en Huehuetenango, explicó que fue una decisión que tomaron por todo el contexto que se vivía en el marco del proceso electoral.

Autoridades de Iximulew durante un recorrido en la capital. Foto de Mario Godínez / Prensa Comunitaria

Según Juárez, preveían que se darían tres escenarios: uno, el fraude electoral, como un proceso, ya que desde antes de que se convocara a elecciones se observó cómo se fueron eliminando a partidos que pudieran servir de contrapeso al llamado “Pacto de Corruptos”.

Luego, el golpe de Estado de baja intensidad que se dio luego de que Semilla pasó a la segunda vuelta a lo cual el TSE ya no se prestó a eso. Sin embargo, las autoridades de Iximulew ya habían analizado que había un golpe de Estado en curso y que vincularía a las instituciones públicas y en última instancia, un golpe de Estado violento.

La exclusión de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), fue calificado como “golpe electoral” en Guatemala. Foto de Nelton Rivera /Prensa Comunitaria

“Eso fue lo que nos llevó a nosotros a analizar qué acciones hay que hacer, teniendo en cuenta que, para los pueblos indígenas, todos los golpes de Estado que han ocurrido en el país, después de que se instaló un estado fraudulento, un Estado corrupto, criminal, desde 1821 ¿A quiénes más han afectado? Es a los pueblos indígenas”, sentenció.

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La autoridad ancestral señaló que ellos querían unirse al Paro Nacional el 2 de octubre, pero por diversas circunstancias no pudieron. Sin embargo, sí convocaron a diversas bases en los territorios que lo hicieron.

Juárez indicó que no acudieron con la idea de salvar la democracia, “porque para nosotros como pueblos indígenas en Guatemala no hay democracia”. A un Estado que no ha funcionado a favor de los pueblos indígenas no se le puede llamar así, remarca la autoridad indígena del pueblo Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ de Huehuetenango. Pero pensaron que Bernardo Arévalo, ganador de las elecciones, podría contribuir en algo.

¿Se imaginaron el alcance que tendrían las protestas? Feliciana Herrera, alcaldesa indígena Ixil de Nebaj, Quiché, responde que con lo que estaba pasando en el país sí lo imaginaron. Sin embargo, no la cantidad de personas que salieron a las calles ni el tiempo que iba a durar.

Y es por ello que en los primeros días frente al MP se dieron cuenta de que no iban preparados para las necesidades que surgirían como los sanitarios y chamarras para dormir. Otra iniciativa que se estableció fue la cocina comunitaria, en Gerona, con la que se logró una coordinación con las autoridades.

Sostener un movimiento masivo en distintos puntos del país solo fue posible por un factor: el apoyo de las bases, que eran quienes también demandaban seguir con las protestas.

Si bien circularon rumores de que las personas fueron obligadas a salir a las calles, eso no es verdad, dice Misrahí Xoquic, de la Alcaldía Indígena de Sololá, el único departamento que se mantuvo en la carretera por 26 días. El resto levantó los tapones el 20 de octubre.

Conoce más detalles acá: https://prensacomunitaria.org/2023/11/la-semana-que-solola-sostuvo-la-toma-en-las-calles/ 

“Se dijo que nosotros habíamos secuestrado a Sololá, que estaba amenazada la gente, pero no era nada cierto. Porque la gente andaba ahí haciendo sus actividades, estaban haciendo ceremonias, cultos, en las carreteras y también se estaban divirtiendo, salieron payasos y tantas cosas que vivió la gente”, indicó. Difundir esos rumores fue otra de las estrategias utilizadas para desestabilizar el movimiento.

Esta convivencia también lo vio Feliciana Herrera, de la Alcaldía Indígena Ixil de Nebaj quien señala que, aunque las autoridades hubieran dicho que siguiera el paro, si no contaban con el apoyo de la población, no hubieran podido lograrlo. En Quiché, la gente ya estaba cansada.

Cuando las autoridades pasaban por la ruta de Chiché (municipio de Quiché) la gente estaba afuera y les manifestaban su apoyo. “Vamos a seguir apoyándolos, pero sigan ustedes, manténganos informados si hay alguna esperanza de que salga la señora (fiscal general)”, recuerda Feliciana que les decían.

“Curruchiche ¡Sos la vergüenza del pueblo maya”, se lee en una pancarta expuesta en la ciudad de Quetzaltenango. Foto de Luis Gonzáles / Prensa Comunitaria  

Y también los recibían con aplausos y los dejaban pasar. Ella veía a las personas haciendo sus artesanías en las carreteras, sus tejidos. “Yo creo que también esperaban mucho de este movimiento”, indicó.

Xoquic indica que no eran ellos los que mandaban al pueblo, sino que “el pueblo es el que manda” y las órdenes vienen de la asamblea. “Nosotros éramos voceros nada más de las diferentes comunidades”, asevera sobre el rol que jugaron.

Y su permanencia encabezando las movilizaciones y el plantón siguió mientras contaban con dicho respaldo, hasta la madrugada del 15 de enero cuando Bernardo Arévalo asume la Presidencia de Guatemala.

Las caminatas hacia la capital y la solidaridad de los pueblos

Durante el Paro Nacional se dieron varios momentos importantes como el ingreso de autoridades indígenas a la ciudad capital en la Caminata por la Democracia de cuatro alcaldías indígenas de Chimaltenango: la Alcaldía Indígena de San José Poaquil, de San Juan Comalapa, Tecpán Guatemala y Patzún, que recorrieron 89 kilómetros.

Andrés López, Kamolbe’ (el que lleva el camino) de la Alcaldía Indígena de San José Poaquil recordó cómo fue esta marcha que salió de Tecpán, Chimaltenango el 10 de octubre, en el día Belejab’ K’at del calendario maya, una fecha simbólica ya que es el nombre de un gobernante del pueblo Kaqchikel.

Antes de comenzar se dirigieron a Iximché, sitio maya sagrado ubicado en Tecpán, a 40 kilómetros de la cabecera departamental. Fue una caminata de 4 días. El primer día pasaron a Cipresales y al siguiente se dirigieron a Zaragoza hasta la colonia 29 de diciembre.

Los habitantes de esa colonia los recibieron con respeto, con oraciones y velas. “Fue un recibimiento magnífico”, recordó. Algo que resaltó la autoridad indígena es el entusiasmo que mostró la gente que encendía y quemaba bombas a su paso como si fuera una fiesta, “lo que está necesitando es un líder que aglutine a todos los pueblos, eso es lo que hace falta, la gente vio en las varas algo sagrado y algo liberador”, explicó.

La ruta incluyó paradas en Chimaltenango, Sumpango, Sacatepéquez, donde la Iglesia Católica les abrió las puertas para dormir en uno de los salones parroquiales. Las autoridades estaban muy cansadas, pero mucha gente llegó para hacer una oración con las varas. En San Lucas Sacatepéquez los recibieron con una ceremonia maya.

En el tercer día se alojaron en una casa sacerdotal en San Cristóbal Mixco y el cuarto día llegaron finalmente a la ciudad capital donde los esperó la resistencia de la Bethania, que se estableció a cercanías del puente El Incienso, en la zona 7. El punto de llegada fue la sede del plantón en Gerona.

Bernardo Caal, defensor del territorio maya Q’eqchi’, quien estuvo en una caravana que salió del norte del país el 18 de octubre, recuerda que inicialmente pensaron en venir caminando hasta la ciudad, pero luego vieron que eso les tomaría mucho tiempo. Entonces decidieron movilizarse en una caravana en buses, microbuses, automóviles y en motocicletas.

Bernardo Caal, preso político por la defensa del territorio Q’eqchi’, habló ante el público frente al MP en Gerona, el 19 de octubre de 2023. Foto de Mario Godínez / Prensa Comunitaria

Las consignas eran las mismas: exigir la renuncia de la fiscal general, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, señalado de estar involucrados en la gestación del golpe de Estado técnico que se estaba preparando, dijo Caal.

La marcha salió a las 2 de la tarde del parque de Cobán, Alta Verapaz, frente a la estatua de Manuel Tot. Eran unos 50 vehículos. Caal recuerda que les llevó muchas horas llegar a la capital, ubicada a 216 kilómetros, debido a que durante el trayecto salieron pobladores de las comunidades ubicadas a la orilla de la carretera a saludarlos.

“Fue una alegría muy inmensa, porque significa que no solo los que íbamos en la caravana estábamos con la ilusión y las esperanzas de lograr estos cambios en la justicia, especialmente en el MP. Las personas salían a regalarnos agua pura, a aplaudir, a gritar y a decirnos ‘ánimo’, hasta llegar a la ciudad capital”, recordó Caal.

Al llegar a la ciudad capital se bajaron de los vehículos para hacer varias paradas, una de ellas frente al TSE, para mostrar su respaldo a los magistrados quienes también fueron objeto de persecución por parte del Ministerio Público. En esta caminata participaron pobladores de Alta Verapaz y del municipio de Ixcán, al norte del país.

Fotos de Mario Godínez 

Después del 20 de octubre, las autoridades realizaron un cambio de estrategia porque las necesidades de la población que necesitaba trabajar y producir también eran apremiantes. Entre las autoridades se sugirió que se turnaran por comunidades para sostener el plantón en Gerona.

La cotidianidad de rescatar la democracia

Hubo momentos durante el Paro Nacional que pusieron a prueba la resistencia y el temple de las autoridades indígenas. En las entrevistas manifiestan que esto se trató de una gran responsabilidad en sus hombros, como ninguna otra que hubieran tenido.

Basilio Puac, vicepresidente de los 48 Cantones en 2023, había concluido una jornada de protestas en Cuatro Caminos, Totonicapán, un día de octubre junto a cuatro integrantes de la Junta Directiva. “Toda la tensión que yo pasé en toda mi vida nunca la había sentido”. Por ejemplo, habían atendido conflictos como un percance vial, pero no se compara a lo que vivió durante el paro.

Recuerda que ocho días después de haber empezado el paro comenzó la tensión por coordinar con los proveedores de alimentos, tenían reuniones para abrir el mercado, recibía llamadas del alcalde municipal, tenían que reunir a los alcaldes.

Un día Puac llegó a su casa cansado, quizá el día 10 u 11 de la resistencia. Una enfermera llegó a inyectarle el medicamento Neurobión, para relajar sus nervios y darle un masaje. La autoridad se disponía a cenar cuando recibió una llamada. “Vicepresidente, véngase, mire a través de los medios lo que está pasando”, le dijo una persona.

Cuando abrió la red social Facebook se dio cuenta de que cientos de personas estaban rodeando un camión del Ejército de Guatemala en un lugar que se llama la Estación Rodríguez, a inmediaciones del trayecto de Cuatro Caminos a Totonicapán. Este vehículo había sido visto en dos ocasiones, pero de alguna manera habían podido hacerse paso entre la multitud y continuar su camino sin problemas. Pero esta vez era distinto. La gente estaba enardecida por su presencia. “La gente ya estaba preparada para quemar el camión”, recuerda.

Puac agarró su vehículo y se dirigió al lugar. En cada comunidad veía a las personas reunidas y le pedían que no dejara ir a los soldados, que tenían que rendir cuentas de lo que estaban haciendo en el territorio.

Un camión del Ejército de Guatemala fue rodeado por el pueblo K’iche’ de Totonicapán en un lugar que se llama la Estación Rodríguez. Foto de Leopoldo Batz / Prensa Comunitaria

Al llegar fue reconocido por los pobladores. Puac reconoce que si se hubiera dado una orden lo hubieran hecho. “Recuerdo que les hablé en K’iche’ a mi gente y les hice reflexionar, que nuestra gente que estaba en la capital, no vaya a ser que por una acción que hagamos acá ellos salgan perjudicados”, dijo.

El vicepresidente se metió al camión donde estaban cuatro miembros del ejército “armados hasta los dientes”. Les pidió su identificación y comprobó que sí eran soldados. La presencia del Ejército despertó viejos temores en la población por la masacre del 4 de octubre de 2012, cuando seis pobladores murieron a manos de miembros del ejército mientras manifestaban en la cumbre de Alaska. “La gente no quería ver al ejército ahí porque estaba el antecedente del 4 de octubre”, dijo Puac.

La salida para que la población se calmara fue proponerles redactar un acta, un documento que para las comunidades tiene validez y que respalda a las autoridades, donde pidieron encarecidamente al Ejército de Guatemala y al Ministerio de la Defensa no enviar patrullajes del ejército al territorio de los 48 Cantones, de lo contrario ellos no podrían detener a la gente. Los integrantes del ejército firmaron y la gente se calmó.

“Fue en ese momento cuando pensé, si esto se sale de control, aquí va a haber otra masacre”. Eso fue lo más tenso que vivió.

Otro momento tenso fue el que vivió Misrahí Xoquic, alcalde indígena de Sololá, frente a la sede del MP el 8 de diciembre, cuando la FECI ofreció una rueda de prensa en la que presentaron nuevos hallazgos contra el partido Semilla. Curruchiche, jefe de la FECI, indicó en esa conferencia que lo presentado correspondía a todo el proceso electoral por lo que, desde su punto de vista, “deberían anularse”.

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“Recuerdo un momento muy difícil que vivimos ahí, con el pueblo Ixil, un día viernes, cuando el MP estaba pasando el resultado de todo lo que venían haciendo y Curruchiche dijo que si por el MP fuera se iba a cancelar el resultado de las elecciones de primera y segunda vuelta”.

Ese día le correspondía a la población de Santa Lucía Utatlán permanecer frente a la sede en Gerona, pero por alguna razón no llegaron. Entonces no había muchas personas reunidas. “Fue un momento muy fuerte, nos veíamos los rostros con las autoridades indígenas Ixil y qué íbamos a hacer, a llamar refuerzos, era una responsabilidad muy fuerte”, recuerda.

Si bien estar liderando a su gente era un privilegio a la vez conllevaba una responsabilidad muy grande, donde hay momentos en que como autoridades ya no sabían qué hacer con tanta presión.

Sumado a ello, las autoridades indígenas también recibieron todo tipo de descalificativos, fueron víctimas de amenazas por teléfono y redes sociales. Uno de los rumores más fuertes que se regó es que las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán habían recibido dinero.

“Fuimos amenazados e intimidados, trataron la manera de como callarnos, inventándose muchas cosas”, refirió Xoquic. Incluso hubo especulaciones de que la fuerza pública se había desplazado a Totonicapán y Sololá para capturar a las familias de las autoridades que estaban encabezando el paro.

“No era verdad, eran especulaciones. Pero sí eso perjudica a la familia, alarma a la gente, pero no era cierto. Y así muchas tácticas utilizaron, pero no les dimos cabida. Estábamos decididos a resistir hasta el último minuto, ya que contábamos con el respaldo del pueblo”, indicó.

Lo vivido en 2023 marcó la vida de cada una de las autoridades indígenas. Fueron momentos que describen como de una gran responsabilidad, como nunca la habían tenido.

“Era un privilegio, pero a la vez conllevaba una responsabilidad muy grande, donde hay momentos en que uno ya no sabía qué hacer con tanta presión, porque sí fue una presión sobre las autoridades que estábamos encabezando”, dice Xoquic. Ya no estaban liderando a sus comunidades sino un movimiento a nivel nacional y recibía llamadas de todos los rincones del país.

Y tenían la responsabilidad de coordinar todo lo que sucedía en Gerona y resolver todo tipo de problemas, así como mantener al tanto a sus comunidades de lo que estaba sucediendo.

¿Qué harán si la esperanza no se cumple?

El plantón frente al MP fue levantado la madrugada del 15 de enero, cuando por fin Bernardo Arévalo y Karin Herrera pudieron asumir el cargo. El presidente y la vicepresidenta se encaminaron primero al plantón antes de dirigirse al Palacio Nacional para saludar a la población que estaba reunida en la Plaza de la Constitución.

Bernardo Arévalo, finalmente asumió la Presidencia en la madrugada del 15 de enero de 2024. Foto de Emmanuel Andrés / Prensa Comunitaria

Consuelo Porras no renunció y sus fiscales continúan la persecución judicial en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y fiscales. Los problemas estructurales que afectan a los pueblos indígenas continúan.

Si bien varias de las autoridades indígenas que estuvieron en la primera línea de las protestas están ocupando puestos de gobernadores y algunos en el Ejecutivo, también se reconoce la falta de capacidad del gobierno de Arévalo de cambiar los problemas de siglos en cuatro años.

Xoquic señala que, aunque no se logró la renuncia de la fiscal general, que era su objetivo primordial, se dio un paso muy importante porque se evitó el golpe de Estado y los pueblos lograron una unidad, aunque lamentó que “los que estuvimos enfrente el año pasado (2023), ahora brillan por su ausencia”.

Sin embargo, valora que otros pueblos se han levantado, como en el caso del pueblo Ixil, “ahí siguen en pie de lucha”. Y también otros pueblos que se han mantenido. “Y esto vino a despertar el interés de otros pueblos que no tenían autoridades ancestrales, empezaron a reconstituirse. Yo considero que sí fue algo muy positivo la lucha del año pasado (2023)”, indica.

Rigoberto Juárez, del Gobierno Ancestral Plurinacional del occidente del país, manifiesta que ellos son del criterio que el gobierno no va a resolver la situación histórica que viven los pueblos indígenas, aun cuando tenga la voluntad política.

Sin embargo, señala que Arévalo puede ser un personaje que podría ayudar, acompañar y realizar acciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y fundamentalmente comenzar a reparar los daños que el Estado guatemalteco ha ocasionado a los pueblos originarios. Parte de esa noción que nunca se creyó que Arévalo iba a ser la solución.

De la misma manera opina Bernardo Caal, el dirigente Q’eqchi’, quien indica que la mayoría de quienes estuvieron en las manifestaciones tienen conciencia de lo que ocurre en Guatemala. “En cuatro años o un año no se van a solucionar los problemas que traemos desde cientos de años, desde que fundaron la República en Guatemala. La corrupción siempre ha estado, la única apuesta es combatirla qué es el sentir de las y los guatemaltecos”.

Es por eso que cree que mientras el gobierno de Arévalo esté haciendo ese trabajo tendrá el apoyo de la población. “Somos realistas, pero lo que siempre hemos esperado es que por lo menos se dejen las bases para ir logrando hacer los cambios en especial la lucha contra la corrupción”, concluyó.

Andrés López, alcalde indígena de San José Poaquil considera que el gobierno de Arévalo es “amigo” pero no es de los pueblos indígenas. “Pero sí es alguien con quien podamos entablar un diálogo. Puede que está haciendo sus esfuerzos, pero el problema es la gente de la que se ha rodeado, en los ministerios no sé si hay un indígena”, señaló. Solo una persona indígena lidera un ministerio. 

Lo que corresponde ahora a la población es recomponer el tejido social y los pueblos están en eso en el departamento de Chimaltenango, con las cuatro alcaldías indígenas y otros grupos sociales que buscan tener una incidencia política en el gobierno municipal y regional, manifestó. 

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