La organización Guatebelga solicitó la extradición de antiguos mandos militares y exfuncionarios por el asesinato y tortura de miembros de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, cuyos hechos ocurrieron durante el Conflicto Armado Interno.  Desde 2022, la justicia belga pidió la detención de Lucas García, Guevara, Callejas y Callejas, Álvarez Ruiz y García Arredondo.

Este 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, decenas de víctimas de la guerra de varias regiones del país denunciaron los retrocesos en los procesos de justicia transicional y exigieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por proteger a militares acusados de graves crímenes de guerra.  Los sobrevivientes expresaron su rechazo al desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y la destitución de fiscales que investigaron casos como el genocidio Ixil.

El exdirector de la Policía Nacional Civil de Guatemala y actual presidente del Congreso, Nery Ramos, debe aclarar su participación en los hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo del 2017 en el “Hogar Seguro” Virgen de la Asunción. ¿Es el decreto 35-2024, la nueva ley de la Policía Nacional Civil (PNC), un escudo protector para quienes pudieran haber realizado ejecuciones extrajudiciales siendo policías?

El presidente Bernardo Arévalo reconoció, en nombre del Estado de Guatemala, la responsabilidad por la desaparición de la poeta, escritora y activista feminista Alaíde Foppa, quien fue detenida y desaparecida en 1980 junto al piloto del vehículo en que se conducía, Leocadio Ajtún.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, no se presentó a testificar en el juicio por el caso “Hogar Seguro”. Aunque se tenía prevista su participación en la audiencia del 3 de noviembre, Ramos no compareció y envió un memorial al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal explicando que se encuentra fuera del país.  

Las colectivas Mujeres Flor de Maguey, Asociación para la Justicia y Reconciliación Tx’uml, Jalok U’, y Mujeres Valientes, conformadas por sobrevivientes del genocidio Ixil, recibieron un homenaje del Gobierno por su labor en la defensa de los derechos humanos, la tierra y la memoria histórica. La lucha de las activistas ha sido fundamental en los procesos penales contra Benedicto Lucas García, Efraín Ríos Montt y Romeo Lucas García.

Los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo volvieron a beneficiar al general retirado Benedicto Lucas García al aceptar la recusación que se presentó en contra del Tribunal de Mayor Riesgo “A” quien adujo que el Tribunal mostró parcialidad, lo cual obligaría a repetir nuevamente el juicio.

La sentencia del juicio sobre genocidio y delitos de lesa humanidad contra el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, está por dictarse. El camino hacia la justicia ha sido largo y sobre todo, lleno de obstáculos. El Estado guatemalteco durante décadas negó que haya existido genocidio en el país; fue España, apegada al derecho internacional, quien inició este camino en la búsqueda de justicia para los familiares de las víctimas que dejó la guerra en Guatemala, en la que el pueblo Ixil fue de los más afectados en todo el país.

Cuando el juicio por genocidio contra el general retirado Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, se encuentra en su etapa final, sus abogadas defensoras buscan que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” nombre a otro Tribunal para juzgarlo.

En la Sala Primera de Apelaciones se realizó una vista pública donde las partes expusieron sus argumentos.

Un total de 95 artistas de Guatemala, México y Panamá llenarán con su voz y música el acogedor valle rodeado de volcanes y cerros, en el municipio de San Juan del Obispo, Sacatepéquez, dedicará la presentación del 29 de noviembre a Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años que fue víctima de desaparición forzada en 1981, un caso que ha sido llevado a los tribunales del país.

El juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército llegó a su final, pero varios sucesos han prolongado que finalice la etapa conclusiva para que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” delibere la sentencia.

Una de las 15 sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción testificó sobre los sucesos del 7 y 8 de marzo de 2017, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) encerró a 56 niñas en un aula, donde ocurrió un incendio en el que 41 de ellas fallecieron. Los horrores, sin embargo, empezaron mucho antes, con los maltratos que el personal del albergue ejercía sobre ellas. 

Con el amparo la defensa buscaba suspender la audiencia por genocidio que se realiza en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, sin embargo, el juez presidente Gervi Sical y los jueces vocales dieron tramite a la recusación. La defensa de las víctimas considera que el amparo es ilegal y busca impunidad.

El juicio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, está en su etapa de conclusiones. Ahora le corresponde a la defensa presentar las mismas, las cuales realizó con apoyo de dos consultores, sin embargo, una jornada no fue suficiente para finalizar por lo que el miércoles 13 de noviembre seguirá en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”.

La abogada de las víctimas, Jovita Tzul, expuso sus conclusiones en las cuales señaló que hubo una intención genocida en contra del pueblo Ixil. Tzul expuso que hay tres supuestos que encajan en el delito de genocidio: la muerte de miembros de grupo, el sometimiento de condiciones y lesiones que afectan gravemente, que expuso ampliamente. Al igual que el MP, solicitó 2860 años de prisión en contra del exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.
La defensa del general Lucas García pidió al Tribunal exponer sus conclusiones en otra audiencia, petición que les fue concedida y lo harán el lunes 12 de noviembre.

Este 7 de noviembre, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó 2860 años de prisión para el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, genocidio, desaparición forzada y el delito de deberes contra la humanidad cometidos contra la población Ixil, de Quiché, durante el conflicto armado interno.

El testigo protegido que fue enviado al área Ixil para participar en las operaciones contra la guerrilla dice que el Estado Mayor del Ejército supo todo lo que ocurría en ese lugar y, que incluso, Benedicto Lucas García, quien ejerció como jefe de dicha división exhortaba no solo a combatir a la guerrilla sino a destruir todos los cultivos de la población, que se creía servirían para alimentar a las fuerzas guerrilleras. El Estado Mayor del Ejército también tuvo conocimiento de las masacres desde el inicio de la guerra hasta al final, según dijo el militar retirado.

Matilde fue desaparecida mientras viajaba en un autobús. El 13 de enero de 1983 en Cobán, miembros del ejército de Guatemala en un retén en la carretera detuvieron y desaparecieron a Matilde, ella viajaba con un compañero llamado Otto, él corrió la misma suerte.  El contexto de los años ochenta fueron el recrudecimiento de la política contrainsurgente del Estado contra las comunidades indígenas, en su mayoría población no combatiente, población civil.

Ella era una mujer maya Q’eqchí nació el 14 de Marzo del 1954 a eso de las 10 de la noche en la ciudad de Cobán Alta Verapaz, departamento de Guatemala, sus padres son Francisco Col Pacay y Albertina Choc, juntos tuvieron seis hijos e hijas más. “Mati” como cariñosamente le decían los amigos y amigas, era soñadora, aplicada y estudiosa.

Los militares fueron capturados por uno de los casos de desaparición forzada más grande de América Latina, luego de que se localizaran 565 osamentas en 14 exhumaciones realizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) entre 2022 y 2015. La resolución de una sala que otorgó un amparo a uno de los militares anula todo lo actuado en este proceso y ordena poner en libertad a los militares, uno de ellos prófugo.