“Estoy acá en Costa Rica por razones de trabajo, pero yo me identifico como una persona que está siendo obligada a permanecer fuera de Guatemala, que está en el exilio por temor a ser criminalizada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, con estas palabras inició la entrevista la exfiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, realizada por Ruda y Prensa Comunitaria. Paz y Paz es especialista en derecho penal y una de las mujeres intelectuales de Guatemala. Su paso por el MP marcó la era de la anticorrupción en un país azotado por la violencia, el narcotráfico y la cooptación del Estado.

A pesar de las pruebas de ADN presentadas por la familia Molina Theissen, la abogada de los victimarios de Marco Antonio insiste en que el esposo de María Eugenia Molina Theissen es en realidad el niño desaparecido en 1981.

Simona Violetta Yagenova, académica, escritora, cineasta y politóloga guatemalteca, ha dejado un legado inigualable en la lucha por los derechos humanos, la memoria histórica y la justicia social en Guatemala. Su trabajo y su compromiso con la visibilización de las voces de las víctimas de la guerra civil transformaron el panorama cultural y social del país, convirtiéndola en una figura fundamental en la búsqueda de verdad y reconciliación.

Un caso de violación sexual sin precedentes ha sacudido al mundo: Dominique Pélicot, un hombre francés de 71 años, es procesado penalmente por drogar a su esposa y propiciar que más de 70 hombres la violaran sexualmente y en repetidas ocasiones entre el 2011 y 2020.

El 2 de febrero de este 2024, las niñas de la Asociación COINCIDIR sembraron aproximadamente 40 árboles como muestra de reconocimiento a personajes destacados en su lucha por la justicia y la verdad. A meses de esta actividad, continúan con sus cuidados.

En uno de los juicios más grandes por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina, se reconoció por primera vez a personas del colectivo trans como víctimas. Ocho mujeres travestis-trans fueron sometidas a detenciones arbitrarias e ilegales, violencia sexual, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y reducción a la servidumbre, según la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Con la reciente elección de las representaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se ha conformado un escenario inédito en la integración de las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. En esta elección destacó un hecho: Ana López se convirtió en la primera mujer indígena que será parte de una Comisión de Postulación, marcando un hito en la inclusión y representación de la población maya en Guatemala en procesos clave para la justicia del país, lo que subraya la pluralidad de perfiles y la apertura hacia nuevas perspectivas en la selección de magistradas y magistrados.

El pasado viernes se desarrolló la tercera jornada del debate oral y público que sigue en contra de Virginia Laparra, en la que se reprodujeron dos grabaciones de audio. La primera fue de la audiencia realizada el 29 de julio de 2017, la cual estuvo a cargo del exjuez de mayor riesgo Lesther Castellanos.

“Solo quiero justicia”, decía la carta pública con la que Argentina conoció el horror que vivió la denunciante de José Alperovich, siendo legislador nacional. Tuvo que esperar 4 años, 6 meses y 18 días la joven que decidió llevar a la justicia a su tío, exjefe y exgobernador de su provincia, Tucumán, durante tres mandatos. Se trata de uno de los casos más emblemáticos del país en romper la impunidad de la violencia sexual, en el ámbito de la política y del poder.

El viernes 24 de mayo fue presentado el informe “Todo el sistema en contra: Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”, realizado por Amnistía Internacional (AI) y un panel conformado por mujeres destacadas en diversas ramas de las ciencias sociales en Guatemala.

En Guatemala, las personas con discapacidades se enfrentan a diferentes retos, desde un Estado que no garantiza sus derechos, hasta las acciones ejercidas por una sociedad que las margina y las excluye. Ser diagnosticada con síndrome de Down en un país como el nuestro, supone un largo camino, muchas veces, cuesta arriba.

La condena fue de 90 años de prisión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero 1980.

El seis de diciembre el Estado debía responder cinco preguntas realizadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el caso de la exfiscal anticorrupción, quien sigue en prisión desde febrero del 2022.

Después de pasar 81 días en prisión preventiva, la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia Gonzáles, recuperó su libertad bajo medidas sustitutivas, lo que implica que seguirá ligada al proceso penal en su contra.

El Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. A criterio de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Guatemala, esa institución se ha convertido en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual, ya que se prioriza la persecución de “enemigos políticos” y no se resuelven los casos de cientos de víctimas.

Jesús Ociel Baena, era una persona no binarie que trabajó en la política, los derechos humanos y el activismo en favor de la población LGBTIQ+ en México.

Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo E consideraron que la acusación del Ministerio Público (MP) no estaba bien sustentada y declararon inocentes a los exkaibiles José Mardoqueo Ortiz, Gilberto Jordán y Alfonso Bulux Vicente de haber participado en la masacre en Las Dos Erres, en La Libertad, Petén, en 1982.

Autoridades indígenas de los diversos territorios de Guatemala se movilizaron este lunes para participar en un paro nacional indefinido, exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios públicos porque aseguran que han atentado contra el proceso electoral y el voto popular.

El acuerdo número 46-2023, el cual entra en vigencia hoy, dispone suprimir a Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, con sede en la ciudad Guatemala.