La condena fue de 90 años de prisión inconmutables, 40 años por cometer Delitos Contra Deberes de Humanidad en concurso ideal, delitos de Asesinato en Grado de Tentativa en concurso real contra el Embajador de España Dr. Máximo Cajal y López y el campesino Maya Gregorio Yujá Xoná, y el asesinato de 37 personas dentro de la Embajada de España el 31 de enero 1980.

El seis de diciembre el Estado debía responder cinco preguntas realizadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el caso de la exfiscal anticorrupción, quien sigue en prisión desde febrero del 2022.

Después de pasar 81 días en prisión preventiva, la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia Gonzáles, recuperó su libertad bajo medidas sustitutivas, lo que implica que seguirá ligada al proceso penal en su contra.

El Ministerio Público atraviesa una crisis sin precedentes desde su creación. A criterio de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Guatemala, esa institución se ha convertido en una máquina de impunidad para las mujeres, adolescente y niñas víctimas de violencia sexual, ya que se prioriza la persecución de “enemigos políticos” y no se resuelven los casos de cientos de víctimas.

Jesús Ociel Baena, era una persona no binarie que trabajó en la política, los derechos humanos y el activismo en favor de la población LGBTIQ+ en México.

Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo E consideraron que la acusación del Ministerio Público (MP) no estaba bien sustentada y declararon inocentes a los exkaibiles José Mardoqueo Ortiz, Gilberto Jordán y Alfonso Bulux Vicente de haber participado en la masacre en Las Dos Erres, en La Libertad, Petén, en 1982.

Autoridades indígenas de los diversos territorios de Guatemala se movilizaron este lunes para participar en un paro nacional indefinido, exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios públicos porque aseguran que han atentado contra el proceso electoral y el voto popular.

El acuerdo número 46-2023, el cual entra en vigencia hoy, dispone suprimir a Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, con sede en la ciudad Guatemala.

“Cuando empecé a hablar, no aguantaba, lloraba amargamente por el daño que me hicieron en carne propia… Después, algo en mí me dio valor y empecé a hablar de manera tranquila. A pesar de la enfermedad que siempre me afectaba, siempre llevaba conmigo mis remedios. Fue en ese momento cuando comenzamos a buscar la justicia”. 

Tres expatrulleros de Autodefensa Civil enfrentarán juicio por delitos contra los deberes de la humanidad. El pasado miércoles se realizó una audiencia de ofrecimiento de prueba en el Juzgado de Mayor Riesgo B. Por este caso ya fueron condenados cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC).

El juez Jimi Bremer no finalizó la audiencia de primera declaración de la abogada Claudia González quien seguirá en prisión provisional en el Mariscal Zavala. González mostró fortaleza y agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido de amigos, familiares, la ciudadanía y el cuerpo diplomático radicado en el país.

Las exfiscales auxiliares de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Aliss Morán y Paola Escobar, han estado en prisión preventiva por más de 100 días desde que fueron ligadas a proceso el pasado 15 de mayo. Aunque una Sala las benefició con arresto domiciliario, el juez Julio César Vásquez Xol sigue sin ejecutar dicha orden.

Luego de ser detenida y presenciar el allanamiento en su residencia, Claudia González, fue trasladada a Torre de Tribunales, bajo una orden girada por la fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, por el supuesto delito de abuso de autoridad. Esta tarde fue trasladada al centro preventivo Mariscal Zavala y se fijó audiencia de primera declaración el próximo 6 de septiembre.

Lo que originalmente parecía ser una sentencia firme se ha convertido en una experiencia agridulce para las familias y víctimas en el caso Rancho Bejuco, en Baja Verapaz. El excomandante Juan Ovalle Salazar fue condenado a 20 años de prisión, pero los otros ocho acusados fueron absueltos por la masacre de 25 personas en esa comunidad, incluidos 17 niñas y niños. La justicia nuevamente se pone cuesta arriba para las víctimas que buscaban se reconociera el horror que les tocó vivir.

35 organizaciones exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sancionar a la candidata presidencial de la UNE por mensajes que discriminan a la comunidad LGBTIQ+. Además, exigen elecciones transparentes y libres de discriminación el próximo 20 de agosto. “Dicha candidata no puede hablar de una familia perfecta cuando ella utilizó al fallecido ex presidente Álvaro Colom en los cuatro años de gobierno”, expresaron en conferencia de prensa.

Abogadas defensoras de la exfiscal Virginia Laparra solicitaron una audiencia en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que ella pueda salir de la cárcel y enfrentar el proceso penal con arresto domiciliario. Ella ya fue beneficiada con esa medida en Quetzaltenango, por otro caso en su contra, pero no puede salir de prisión porque no se le ha otorgado la medida en la ciudad capital.

Para muchas niñas y adolescentes el camino a la justicia es un proceso muy largo, lleno de burocracia, personal insensible y apatía. Pese a esa situación, para adolescentes como Rocío también es un mecanismo necesario que contribuye a su bienestar.

A pesar de este beneficio de medida sustitutiva, permanecerá en prisión por otro caso por el que fue condenada y la defensa espera otra audiencia para la libertad. El MP, la PGN y los querellantes recusaron al juez por no estar de acuerdo con la resolución que favorece a Laparra.

Andrea Reyes: “Debemos conocer el expediente porque a la fecha no sabemos de qué se nos acusa, acceder a los documentos nos permitiría saber cómo defendernos”