La primera comisionada indígena batallará contra el pacto
Con la reciente elección de las representaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se ha conformado un escenario inédito en la integración de las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. En esta elección destacó un hecho: Ana López se convirtió en la primera mujer indígena que será parte de una Comisión de Postulación, marcando un hito en la inclusión y representación de la población maya en Guatemala en procesos clave para la justicia del país, lo que subraya la pluralidad de perfiles y la apertura hacia nuevas perspectivas en la selección de magistradas y magistrados.
Por Angie Ross
¿Quién es Ana?
La abogada Ana López, mujer maya Mam, originaria de Huehuetenango, relató su historia de vida marcada por la pobreza y la Guerra Interna en Guatemala. Desde temprana edad, se enfrentó a la violencia y la destrucción, incluido el incendio de su colegio y hogar por parte de los militares.
A causa de la pobreza y falta de tierra, la familia de Ana emigró a Ixcán en busca de mejores oportunidades. Cuando apenas tenía tres años, formó parte de las Comunidades de Poblaciones en Resistencia (CPR) en Ixcán, porque su madre decidió el camino de la resistencia y renunció al camino del refugio, donde Ana creció influenciada por el espíritu luchador y defensor de los derechos humanos que tenía su mamá.
A los 20 años, Ana fue cofundadora de la Organización de Mujeres en Resistencia, (OMR), durante la Guerra Interna. Con la firma de los Acuerdos de Paz, se trasladó a la Ciudad de Guatemala para continuar sus estudios y se graduó como abogada y notaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Además, estudió la maestría en Derechos Humanos y Derecho Penal, y cuenta con estudios doctorales en Derecho Constitucional. Durante su formación, se dio cuenta de las limitaciones del sistema jurídico occidental para representar a las mujeres y a los pueblos indígenas, lo que la motivó a fundar la Asociación de Abogadas Indígenas, Chomija.
Ana destacó la importancia de la colaboración entre organizaciones de mujeres para abordar la discriminación y el racismo, y asegurar la representación de mujeres indígenas en las Comisiones de Postulación y en altos tribunales de justicia. Su historia refleja un compromiso profundo con la lucha por la justicia social incluyente y los derechos humanos en Guatemala, y su trabajo ha sido fundamental para crear espacios inclusivos y equitativos en el ámbito jurídico del país.
“El racismo institucionalizado”
Ana López abordó el tema del racismo institucionalizado en el sistema de justicia de Guatemala, destacando la subrepresentación de las mujeres indígenas en las Comisiones de Postulación. A pesar de los esfuerzos de la Asociación de Abogadas Indígenas y la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia en Guatemala, la inclusión sigue siendo un desafío. Recuerda cómo en 2014, de los 37 postulantes indígenas, únicamente una mujer indígena llegó al Congreso, pero no fue electa, lo que hace evidente la existencia de barreras sistémicas.
Además, señaló que el perfil y la tabla de gradación utilizados por las Comisiones de Postulación son muy cerrados y favorecen a un grupo específico, generalmente de la capital. Esto dificulta la inclusión de mujeres y abogadas indígenas. A pesar de la percepción de que el sistema está cooptado, Ana y su organización siguen motivando a las abogadas indígenas a postularse, aunque muchas sienten que no hay espacio para ellas en el sistema actual.
Frente a estos desafíos, Ana enfatizó, "Las Comisiones de Postulación son racistas, ese sistema no nos responde, no nos representa, no estamos visualizadas las indígenas". A pesar de la decepción, su lucha y la de su organización persiste en intentar cambiar el sistema desde adentro, promoviendo la participación y visibilidad de las mujeres indígenas en el ámbito judicial.
Ana también habla sobre cómo el racismo institucional está reflejado en la academia y en la profesión legal. Ella explica que, a menudo, las planillas no consideran a las mujeres indígenas. "Cuando se organizan las planillas, pues no están pensando en los indígenas, no están pensando en las mujeres indígenas y eso es parte del racismo". Este tipo de exclusión es evidente cuando las mujeres indígenas son invitadas a eventos, pero no se les considera para roles de liderazgo, "Ven, vení, pero otra cosa es ‘vení y vas a hacer el eco, vas a ser candidata’".
Ana mencionó cómo el racismo afecta la percepción de la capacidad de las mujeres indígenas, contrastándola con la de las mujeres mestizas. Ella relató su experiencia en la universidad, donde sufrió racismo, tanto de profesores como de compañeros. "Cuando yo era estudiante, cuando no comprendía algún tema o tenía dudas, yo levantaba la mano, planteaba mi pregunta o mi duda ante mi docente y nunca me respondía". Estas experiencias dolorosas subrayan la necesidad de incrementar la inclusión y participación de las mujeres indígenas en todos los niveles, incluyendo las comisiones y los cargos directivos. "Las abogadas indígenas tenemos que participar, no solo para ser comisionadas, sino también para ser candidatas a integrar las Cortes".
López enfatiza acerca de la importancia de transformar las mentalidades dentro de la academia y la profesión legal para facilitar la participación de las mujeres indígenas. Ella destaca que la inclusión debe empezar desde la universidad y extenderse a todas las estructuras de toma de decisiones. "La participación de las abogadas indígenas también tiende a moverse en la academia, para poder llegar a este nivel donde estamos hoy, pero es un camino bien difícil y necesitamos mucho transformar las mentalidades".
“La participación de las abogadas indígenas también tiende a moverse en la academia, para poder llegar a este nivel donde estamos hoy, pero es un camino bien difícil y necesitamos mucho transformar las mentalidades.”
La justicia a través de la historia
Ana López destacó que históricamente la Justicia del Estado en Guatemala ha excluido sistemáticamente a las mujeres indígenas de las decisiones judiciales clave, como las Comisiones de Postulación. Según Ana, "no hemos estado en las Comisiones de Postulación", lo cual implica una falta de política judicial que responda a las necesidades culturales y jurídicas de los pueblos indígenas. Además, señaló que el Estado ha ignorado el pluralismo jurídico y ha criminalizado a las autoridades que ejercen justicia en las comunidades indígenas, demostrando una deuda histórica con la normativa internacional y la Constitución de Guatemala.
También mencionó la importancia de su elección como la primera mujer maya en integrar una Comisión de Postulación, subrayando que esta oportunidad es crucial para impulsar políticas judiciales inclusivas. Según Ana, "en la medida que estén abogadas y abogados indígenas en la Corte Suprema de Justicia, se pueden crear todas estas políticas para garantizar una justicia especializada para mujeres indígenas". Ella aboga por la necesidad de magistrados y jueces que hablen los idiomas locales y comprendan las realidades de las mujeres y pueblos indígenas que buscan justicia en los tribunales.
Finalmente, Ana López expresó su compromiso con un proceso transparente y equitativo para elegir magistrados y magistradas que sean independientes y capaces de rescatar y dignificar la justicia en Guatemala. Según sus palabras, "nuestro objetivo principal es realizar todo un proceso transparente para elegir magistrados y magistradas honorables e independientes", lo cual representa un paso hacia la justicia social incluyente que Guatemala necesita.
“Las indígenas también tenemos esa capacidad”
López reflexionó sobre la significancia histórica de su integración como la primera mujer maya en una Comisión de Postulación en Guatemala. Destacó que este logro representa un paso importante en la apertura de caminos para las generaciones futuras de abogadas indígenas. Ana invitó a las mujeres indígenas a prepararse desde ya para postularse como candidatas a magistradas, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en las Cortes de Apelaciones, desafiando así un sistema que históricamente las ha excluido y las ha considerado solo para votar, pero no para ocupar roles de decisión.
La abogada enfatizó que esta participación no es solo un acto simbólico, sino el resultado de décadas de lucha y resistencia de las mujeres indígenas por ser reconocidas en espacios de poder y toma de decisiones. Ana mencionó también la importancia de reformar la legislación electoral para garantizar la participación política efectiva de las mujeres y los pueblos indígenas, promoviendo principios como la paridad y la alternancia en los cargos de los partidos políticos.
Además, López comenta que su trayectoria está marcada por la integridad y el compromiso con los derechos individuales y colectivos de las mujeres, destacando que nunca ha sido partícipe de actos de corrupción. Ella considera que su nominación y el respaldo recibido por diversas organizaciones, aunque no sean del ámbito legal, confirman que ha seguido el camino correcto en su defensa por la justicia y la inclusión en Guatemala.
Ana López destacó que en estas elecciones hubo un apoyo inusual y significativo proveniente de diversas organizaciones de mujeres y lideresas indígenas, incluso aquellos que no pertenecen al ámbito del Colegio de Abogados. “Yo creo que este año estas elecciones fueron atípicas, en el sentido que por primera vez, incluso autoridades indígenas, lideresas indígenas, que no son profesionales, ahí andaban promoviendo el voto por la planilla 8, o sea que sí hubo mucha claridad de que nosotros éramos la única opción para rescatar la justicia”.
Desde temprano en la mañana del día de las elecciones, Ana recibió mensajes inspiradores de líderes, lideresas y activistas que no son abogados profesionales, quienes expresaron su apoyo y sus rituales tradicionales para invocar el éxito. "Me he hincado hoy pidiendo a nuestros ancestros llegar al triunfo hoy", mencionaron algunos mensajes, destacando la importancia espiritual y comunitaria detrás de su candidatura. Esto refleja un movimiento popular contra la corrupción y la exclusión, así como una respuesta al miedo generado por la judicialización indiscriminada.
