La libertad de Virginia Laparra, presa de conciencia está por llegar
Foto: Ruda
Luego de que el equipo de defensa de Virginia Laparra presentara varias solicitudes, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que la deje en libertad, dentro de un plazo de cinco días.
La resolución la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordena al Tribunal Octavo del Ramo Penal otorgarle la libertad, por considerar que ha guardado prisión preventiva que supera el 45% del total del tiempo que le fue impuesto. Ella tiene dos procesos penales en su contra, en uno ya goza de medida sustitutiva y en el otro tiene una condena de cuatro años, de los cuales está por cumplir veintidós meses detenida. Su defensa había solicitado días antes autorización para que pudiese salir este fin de año y compartir con sus hijas, pero le fue denegada.
Para que pueda quedar en libertad, se deberá esperar la convocatoria a audiencia por parte del Tribunal presidido por la jueza Oly González en la que se decidirá la medida más adecuada. Uno de sus abogados, la visitó en la cárcel del cuartel de Matamoros para contarle la buena noticia, ella ya había sido notificada oficialmente.
“Virginia estaba muy emocionada, no lo podía creer, así como nosotros no nos lo esperábamos. Y me dijo - éste es un pasito que tardó mucho en darse, es un pequeño paso para el sistema de justicia. Y es uno enorme para ella y aunque se tardó mucho en dar, ella está muy feliz. “
Virginia Laparra, es abogada y exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango en donde trabajaba desde 2016. Ella ha tenido que enfrentar criminalización y cárcel, luego de que el Ministerio Público (MP) se volteara hacia sus mismos fiscales y otros operadores de justicia, incluyendo quienes investigaron casos de corrupción de alto impacto en la CICIG y a los jueces que conocieron estos casos.
Criminalizada dos veces
El primero caso en su contra, es a raíz de haber presentado cuatro denuncias contra el exjuez Lesther Castellanos ante la Junta de Disciplina Judicial en octubre de 2018, por considerar que ponía en riesgo una investigación bajo su cargo. En este caso fue condenada el 16 de diciembre de 2022 a cuatro de años de cárcel conmutables por abuso de autoridad en forma continuada, tras una denuncia en su contra por parte de Castellanos, ahora relator contra la Tortura. La jueza del Tribunal Octavo dijo que Laparra no tuvo autorización del jefe de la FECI en el 2018, Juan Francisco Sandoval, para presentar las denuncias contra el exjuez Castellanos.
En el juicio se ignoraron diferentes medios de prueba como los correos que Virginia envió a Sandoval y que fueron presentados por su defensa en el juicio. Sandoval dirigió la FECI por seis años, desde el 2015 hasta el 2021.
En el segundo caso fue acusada del delito de revelación de información por el Ministerio Público a cargo del Tribunal Primero de Sentencia Penal de esa ciudad, en el que ya goza de medida sustitutiva. “La búsqueda de la justicia ha sido difícil y tardada pero es una lucha que debemos hacer como ciudadanos. Esta es mi lucha. Luchar por todos estos derechos que me han vedado y las injusticias, es una lucha que se merece la pena realizar”, dijo la exfiscal Virginia Laparra después de esa audiencia.
La comunidad internacional ha estado pendiente del caso contra Virginia, Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia el 22 de noviembre de 2022, por su parte la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró este caso como un ataque al Estado de Derecho.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó al Estado de Guatemala un informe que debía haber sido entregado el 6 de diciembre, en donde se explicara la condición en la que se encuentra Laparra, además de haber hecho la recomendación de dejarla en libertad.
El seis de diciembre el Estado debía responder cinco preguntas realizadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el caso de la exfiscal anticorrupción, quien sigue en prisión desde febrero del 2022.
