Los comunitarios reportaron que personas particulares han ofrecido dinero a los pobladores a cambio de firmar un documento y entregar copia de los Documentos Personales de Identificación, estrategia que ha sido utilizada anteriormente para falsear las preconsultas y consultas comunitarias para obtener licencias mineras.

El mercado comunitario realizado en El Estor, Izabal, permitió a las mujeres Q’eqchi’ vender los productos que ellas mismas cultivan en sus tierras. Por otro lado, las personas encontraron en este mercado precios más bajos.

El relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, encabezó al equipo de la CIDH que visitó el municipio de El Estor, Izabal, el pasado 24 de julio. La delegación se reunió con autoridades indígenas, pescadores y periodistas comunitarios, en el marco de la visita in loco realizada por la Comisión a Guatemala.

Lourdes Haquelina Gómez Willis denunció ante la Organización de las Naciones Unidas que continúan los desalojos forzados en las comunidades indígenas guatemaltecas durante el gobierno de Bernardo Arévalo. Ella es maya Q’eqchi’ y afrodescendiente, profesora y defensora de los derechos humanos, originaria de Cobán, Alta Verapaz.

Rodeada por cientos de kilómetros de palma africana de la empresa NaturAceites, a 320 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se encuentra Palestina Chinebal, en el municipio de El Estor, Izabal; una comunidad maya Q’eqchi’ que ha sido desplazada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) alrededor de siete veces con el fin de garantizar a la empresa la expansión del cultivo, pero esa tierra, asegura la comunidad, les pertenece y no a la empresa.

Con más de 2 años de audiencias canceladas sin ningún motivo, ligada a proceso y con arraigo, privada de su libertad y presa en su propia casa, la defensora del territorio María Choc lleva desde el 2018 un caso de tortura por parte del sistema de justicia guatemalteco.

Fotografía: Prensa Comunitaria

Son las 7 de la mañana del 26 de octubre. En “El Renacer”, un barrio de El Estor, Izabal, está la casa de Carlos Ernesto Choc, de 39 años, periodista de Prensa Comunitaria. Dos camiones del Ejército, cuatro patrullas y un picop particular se parquean en las proximidades. Un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas señala la casa de Choc. La vivienda donde habita está sola en ese momento. Soldados la rodean mientras la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público registran el lugar.

En medio de los ataques del Gobierno, las mujeres autoridades indígenas de El Estor, Izabal, han tenido un rol protagónico en la defensa del territorio Q’eqchi’ y la resistencia contra los intentos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) para seguir operando la mina que fue suspendida en 2019 por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras ignorar el derecho de consulta comunitario.

El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.

“Teníamos que llegar porque uno no sabe”, expresó María Magdalena Cuc Choc, ella aún guarda la esperanza que llegue la justicia y que cesen las acusaciones por delitos que ella no cometió. “Eran las nueve de la mañana afuera del juzgado, cuando el policía indicó que quedaba suspendida la audiencia y que el juez, Edgar Aníbal Arteaga, tampoco estaba, tal vez llegaba a las diez”.

En El Estor Izabal, Guatemala, el dia 29 de enero 2020, Angelica Choc y siete mujeres de la aldea de Lote 8, víctimas de violaciones, todas demandantes en los casos civiles contra Hudbay Minerals en Canadá, se reunieron para analizar la importancia de una decisión a su favor, del 21 de enero 2020, de la Corte Superior de Ontario, Canadá.