La resistencia pacífica antiminera es una lucha también de las mujeres
Fotografía: Prensa Comunitaria
En medio de los ataques del Gobierno, las mujeres autoridades indígenas de El Estor, Izabal, han tenido un rol protagónico en la defensa del territorio Q’eqchi’ y la resistencia contra los intentos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) para seguir operando la mina que fue suspendida en 2019 por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras ignorar el derecho de consulta comunitario.
Las mujeres organizadas en el Consejo Ancestral Maya Qʼeqchiʼ mantuvieron durante 22 días, una protesta pacífica en la entrada del El Estor, para evitar el paso de camiones cargados del carbón que la mina “Fénix”, de propiedad rusa, necesita para operar. La misma resolución de la CC ordenó la suspensión de operaciones del proyecto minero.
El 22 de octubre, una mujer del Consejo Ancestral Q’eqchi colocó en medio de la carretera decenas de cartuchos de bombas lacrimógenas que la policía lanzó en contra de la resistencia pacífica antiminera. Al fondo, una voz gritó “solo eso nos han dado como diálogo”. Mientras el Gobernador de Izabal, Héctor Alarcón, respondió que todo fue a causa de la resistencia de las comunidades de sostener un diálogo.
El 23, un grupo de mujeres de La Puya de San Pedro Ayampuc, de la Alcaldía Indígena de Palín y del Sector de Mujeres, llegó a El Estor para respaldar la resistencia pacífica Maya Q’eqchi’ después del desalojo violento que sufrieron.
Las mujeres gritaban consignas “Que vivan los pueblos indígenas”, “el pueblo unido jamás será vencido”, “que viva el pueblo Maya Q’eqchi’”.
Durante la oposición, las autoridades pretendieron crear una mesa de diálogo. Pronto las fuerzas armadas se hicieron presentes en el municipio y lanzaron bombas lacrimógenas en contra de las manifestantes.
La oposición a la mina no se debe únicamente a que los pueblos no fueron consultados respecto a la instalación, construcción y operación de la mina, sino que esta habría provocado varias muertes, incluyendo la de un pescador en 2017, y ha criminalizado injustificadamente a nueve pescadores y dos periodistas.
Así lo hicieron ver las mujeres Q’eqchi’, lideradas por Angélica Choc, en un comunicado grabado:
Álida Vicente, integrante de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, se solidarizó con las mujeres en El Estor por las “graves violaciones a los derechos humanos, el uso de la fuerza y la brutalidad” para reprimir y silenciar al pueblo Q’eqchi’.
“Lamentamos que las autoridades estén al servicio de las empresas y se les olvide que tiene por mandato cumplir con el bien común. Allí no se garantiza la seguridad para los miles de millones en cada departamento, no se salvaguarda la vida de las mujeres”, expresó Vicente frente al Ministerio Público (MP) donde cientos de personas exigieron que se investiguen las atrocidades cometidas en contra de los manifestantes.
Diferentes organizaciones se unieron al rechazo del Estado de Sitio que el Gobierno declaró en El Estor el domingo 24 de octubre.
En agosto pasado, las mujeres Q’eqchi’ propusieron encargarse de la preconsulta para decidir si la CGN debía seguir operando en la zona. Esta medida surgió porque las autoridades indígenas que les representan se aliaron a la mina, de acuerdo a las entrevistadas.