“Estoy acá en Costa Rica por razones de trabajo, pero yo me identifico como una persona que está siendo obligada a permanecer fuera de Guatemala, que está en el exilio por temor a ser criminalizada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, con estas palabras inició la entrevista la exfiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, realizada por Ruda y Prensa Comunitaria. Paz y Paz es especialista en derecho penal y una de las mujeres intelectuales de Guatemala. Su paso por el MP marcó la era de la anticorrupción en un país azotado por la violencia, el narcotráfico y la cooptación del Estado.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las activistas que integran la Coordinadora 25 de Noviembre exigen al Estado tomar medidas para garantizar a las guatemaltecas una vida libre del maltrato, pobreza y agresiones sexuales que enfrentan y a las que son especialmente vulnerables, por el solo hecho de ser mujeres.

Hernández señaló que optó por una aceptación de cargos ante problemas de salud. “Luego de este tiempo me encuentro desolada, deprimida y enferma”, expresó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) integró las 52 Salas de Apelaciones del país, seis de estas destacan por el tipo de casos que conocen y las decisiones que deben asumir respecto a casos de corrupción o criminalización.

El juez Fredy Orellana rechazó la solicitud que hizo la directora del Instituto de la Víctima, suspendida del cargo, para continuar enfrentando el proceso y ejerciendo su defensa en arresto domiciliario. La resolución solo prolonga el encarcelamiento de Hernández.

La abogada Claudia González denuncia violaciones a las garantías del proceso penal que se lleva en su contra, ya que una audiencia de ofrecimiento de prueba lleva 85 días sin poder concluir. Luego de pedir que fuera una audiencia pública y abierta a los medios de comunicación, el juez Bremer suspendió la misma y ahora pidió un informe al Ministerio Público sobre la cobertura de la prensa a este caso.

La defensa de la directora del Instituto de la Víctima presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez séptimo penal Fredy Orellana, quien a pedido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ordenó enviarla a prisión preventiva.

Ante la criminalización del Estado, existen articulaciones de mujeres en Guatemala que, desde el anonimato, proporcionan guía para las personas que por diferentes razones quieren interrumpir su embarazo.

Virginia Laparra es una exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), acusada injustamente por denunciar a un juez por casos de corrupción.

Virginia Laparra se convierte en la primera en salir al exilio en tiempos de Arévalo, ante la continua embestida del MP de Consuelo Porras con casos dirigidos a criminalizar su labor.

La lideresa feminista maya K’iche’ pudo regresar a su comunidad en Santa Cruz del Quiché, luego de permanecer siete años de exilio forzado, tras sufrir amenazas y atentados de muerte.

Virginia Laparra es acusada de haber filtrado información bajo reserva, de un caso de corrupción en el cual se vinculaba al exalcalde Jorge “Mito” Barrientos.

El viernes 24 de mayo fue presentado el informe “Todo el sistema en contra: Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”, realizado por Amnistía Internacional (AI) y un panel conformado por mujeres destacadas en diversas ramas de las ciencias sociales en Guatemala.

Al cumplir el segundo año de su gestión frente al MP, Consuelo Porras presentó su informe en un hotel de Antigua Guatemala con total hermetismo y sin presencia de la prensa. Durante la mitad de su segundo periodo, casos en contra de empresarios y políticos señalados de corrupción se han caído en los Tribunales, sin que el MP apelara los mismos.

Detenciones arbitrarias contra defensoras de derechos humanos, amenazas a la integridad de mujeres y niñas, penalización del aborto y asesinatos contra personas de la comunidad LGTBIQ+, son los hallazgos de un informe publicado por Amnistía Internacional, donde se recopila la situación de los derechos humanos en Centroamérica y otros países.

El Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), expuso los datos preliminares de agresiones durante 2023 en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Durante ese año 6 mil 214 agresiones se realizaron contra al menos 1 mil 188 defensoras y 73 organizaciones.

Dos diputados de Semilla denunciaron que el procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, no actuó ni protegió los derechos de estudiantes, docentes, trabajadores y activistas que están siendo criminalizados por Walter Mazariegos Biolis exdecano de la facultad de Humanidades y por algunos miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).

La abogada y notaria Claudia González fue este lunes 18 de marzo a tribunales sin saber si regresaría a su casa o si de nuevo le tocaría ir a prisión.

Cuatro estudiantes presentaron un amparo en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) para evitar su expulsión de la Universidad de San Carlos (USAC) y que se respete su derecho a la defensa.

El Consejo Superior Universitario, dirigido por Walter Mazariegos y su secretario Luis Fernando Cordón Lucero, iniciarán procedimientos disciplinarios buscando imponer sanciones a estudiantes, profesionales y trabajadores que rechazaron la imposición de Mazariegos como rector.