Defensa de Ligia Hernández: “La resolución que la envió a prisión no fue apegada a derecho”
La defensa de la directora del Instituto de la Víctima presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez séptimo penal Fredy Orellana, quien a pedido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ordenó enviarla a prisión preventiva.
Por Prensa Comunitaria
Juan José Zaghi, abogado defensor de la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez séptimo penal Fredy Orellana, quien a pedido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ordenó que Hernández fuera enviada a prisión preventiva.
En el recurso legal, que será analizado por magistrados de una Sala de Apelaciones, la defensa de la funcionaria del gobierno de Arévalo, dijo que no existía peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación.
“El hecho que decida oponerme a las pretensiones del MP, forma parte de mi derecho a la legítima defensa y no equivale a ninguna intención por evadir el proceso, al contrario, apelo a la imparcialidad del sistema de justicia para que las consecuencias no deriven en que la prisión preventiva se convierta en un mecanismo de presión que resultaría contrario a lo dispuesto en el Artículo 16 del Código Procesal Penal: Respeto a los derechos humanos”, indica el memorial.
El abogado indicó que a pesar de ponerse a disposición elementos y argumentos para otorgar medidas sustitutivas a su defendida, simplemente se negaron. Mencionó que se entregó el pasaporte, para así acreditar que no podía darse a la fuga.
Argumentos de la apelación
“Uno de los motivos es que no se tomó en cuenta que ella es madre soltera, y lo más importante es que el delito no tiene prohibición para conceder libertad condicional. Nuestra apelación va en ese sentido, donde pedimos a la Sala, que pueda indicarle al juez contralor que ordene la libertad de mi patrocinada “, señala la apelación.
El abogado Zaghi señala que el recurso legal quedará en manos de magistrados, quienes revisarán la argumentación de la defensa y el juez.
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“No ha tenido comunicación con sus hijos”
El abogado dijo que una de las razones más graves es que Hernández es madre soltera, y el estar encarcelada no le ha permitido estar con sus hijos. Además, menciona que esta situación le ha generado problemas de salud.
“Privarla de su libertad ha generado ese distanciamiento con sus hijos, sobre todo el no tener comunicación con los menores de edad. Ha sido una situación desgastante para Ligia. Objetivamente consideramos que la resolución para enviarla a prisión no fue apegada a derecho”, mencionó.
Ligada a proceso por dos delitos
El viernes de la semana pasada, Hernández fue ligada a proceso por dos delitos electorales: fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado, que supuestamente cometió cuando fue secretaria adjunta I del partido Movimiento Semilla, en 2019.
A pesar de los documentos que el abogado defensor de Hernández presentó al juez Orellana, para pedir que no fuera enviada a prisión preventiva, este no accedió y resolvió enviarla a prisión preventiva en el cuartel de Matamoros, en la zona 1 de la capital de Guatemala.
La FECI la sindica de dos delitos, el primero de fiscalización electoral de fondos, contenido en el artículo 407 “L”, del Código Penal, que señala que comete este delito el representante legal o miembro de la organización política que impida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales.
El segundo delito es por financiamiento electoral no registrado, regulado en el artículo 407 “O”, del Código Penal. La fiscal Leonor Morales Lazo indicó en la audiencia que hay inconsistencia y falta de transparencia en las cifras de estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ya que todas las transacciones financieras no fueron reportadas.
Hernández fungió como integrante de la Asamblea General del Movimiento Semilla y fue secretaria general del partido entre enero y diciembre de 2019, “por lo tanto tenían todos y cada uno de los miembros la responsabilidad de aprobar o improbar el informe económico que presentó el Comité Ejecutivo Nacional”, según la fiscal.
La defensa de la funcionaria dijo que la FECI no señaló la forma, modo o lugar en que supuestamente Hernández cometió los delitos. “El MP no ha acreditado que las acciones de mi patrocinada en su función de secretaria adjunta hayan recaído en esa conducta ilícita ni tampoco ha demostrado que en el tiempo en que ella pudo haber estado en funciones fuera esa su atribución porque ella era secretaria adjunta, no secretaria de finanzas”, indicó la defensa.
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