En la prevención del embarazo adolescente en Centroamérica se encuentra aún rezagos profundos en las distintas áreas que deberían estar involucradas en ello, tanto en la salud, la educación, la justicia, las cuales siguen siendo constantemente debilitadas. Esto solo agrava el panorama para las adolescentes en la región ante la garantía  de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Esta realidad  se ve representada en las cifras de embarazo adolescente de Latinoamérica. Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el  2021 eran Nicaragua (5.5%), Panamá (2.6%) y Guatemala (2.2%) los países con las cifras más altas.

Esto es un reflejo de las violencias a las cuáles se enfrentan diariamente las personas menores de edad en la región, donde las relaciones impropias, el matrimonio forzado  la violencia sexual y la negación de educación sexual integral continúan siendo normalizadas y perpetuando la violencia patriarcal sobre el cuerpo de las niñas y adolescentes.

Además, las niñas y adolescentes son obligadas a llevar un embarazo a término.  Según datos de la OPS, UNFPA y UNICEF, para el 2021, en Costa Rica 97,5% de las niñas embarazadas menores de 15 años no deseaban continuar con el  embarazo.En Guatemala también el 39,9% y en Nicaragua, el 37,7%. Es decir, es la maternidad forzada y no la maternidad deseada una prioridad en la región. 

Junto a ello las niñas y las adolescentes se encuentran con barreras la garantía a sus derechos sexuales y reproductivos, tales como la ausencia de educación sexual integral y el acceso a un aborto seguro  y a medicamentos de anticoncepción oral de emergencia. La región centroamericana es absorbida por la ausencia de políticas integrales a favor de la salud física, emocional, psicológica y sexual de las menores de edad. 

Esto sucede con el apoyo de los movimientos fundamentalistas de la región, quienes han promovido y difundido mitos alrededor de los derechos sexuales y reproductivos para impedir el acceso a una salud sexual integral, y donde las niñas y adolescentes encuentran graves limitaciones, las cuáles les imposibilitan salir del ciclo de violencias persistentes en la región. 

Sin embargo, el trabajo de las organizaciones independientes, colectivas feministas y organizaciones de mujeres ha abierto camino para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y adolescentes. Por este trabajo, ellas han sido punto de persecución política en una región donde aún no se avanza en la protección de personas defensoras de derechos humanos y en la promoción de derechos sexuales y reproductivos. 

Aun así la prevención del embarazo adolescente sigue siendo responsabilidad de todos los sectores de la población. No podemos obviar las funciones de la figura del Estado y su ausencia en los lugares más vulnerabilizados de la región, donde las niñas y las adolescentes se enfrentan a múltiples violencias.