Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Guatemala y San Marcos, departamentos con una tasa alta en embarazos.

En la prevención del embarazo adolescente en Centroamérica se encuentra aún rezagos profundos en las distintas áreas que deberían estar involucradas en ello, tanto en la salud, la educación, la justicia, las cuales siguen siendo constantemente debilitadas. Esto solo agrava el panorama para las adolescentes en la región ante la garantía  de sus derechos sexuales y reproductivos. 

A sus doce años, Fátima fue obligada a abandonar sus sueños y continuar con un embarazo producto de una violación sexual. Más de diez años después, su caso será conocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La sentencia emitida podría transformar la realidad de miles de niñas embarazadas en Guatemala.

En 2017, Camila*, una niña del área rural peruana y víctima de violencia sexual, fue forzada a continuar con un embarazo no deseado. Después de experimentar un aborto espontáneo, fue revictimizada y violentada por las instituciones estatales. Dos años después, el caso fue llevado ante el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien pidió que Perú legalice el aborto cuando involucra violencia sexual en niñas y adolescentes.

En mayo de 2019, organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos presentaron cinco casos de niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual y obligadas a ser madres al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Dicha entidad podría emitir una sentencia para el conjunto de sucesos, conocidos como Golpe Regional, en julio del 2023. Esta decisión sentará un precedente para la garantía de la salud sexual y reproductiva de las niñas en la región.