Cinco niñas latinoamericanas y la impunidad en casos de violencia sexual

En mayo de 2019, organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos presentaron cinco casos de niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual y obligadas a ser madres al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Dicha entidad podría emitir una sentencia para el conjunto de sucesos, conocidos como Golpe Regional, en julio del 2023. Esta decisión sentará un precedente para la garantía de la salud sexual y reproductiva de las niñas en la región. 

En 2009, Fátima era una niña de 12 años, residente de Huehuetenango. Le gustaba estudiar y soñaba con convertirse en doctora, arquitecta o profesora. Su familia era cercana a José*, un funcionario público y profesor universitario respetado por la comunidad en la que habitaban. 

Una noche, José ingresó a la habitación de Fátima y abusó sexualmente de ella. Tres meses después, Fátima descubrió que estaba embarazada. Junto a su madre, denunció a José ante las autoridades, quienes nunca lo encontraron debido a que sus contactos en el Estado le advirtieron antes de su posible aprehensión. 

La salud mental de Fátima se deterioró y tuvo ideas suicidas. Debido al trauma, no recuerda nada de su embarazo. Las autoridades sabían que ella no quería continuar con su embarazo, pero no le permitieron detenerlo. Tampoco se le brindó acompañamiento legal y psicológico. 

En 2010, Fátima dio a luz a un niño. En el momento del parto, su vida estuvo en riesgo. A pesar de ello, tampoco recibió atención en el postparto. 

Más de 13 años después, “el Estado continúa cometiendo graves equivocaciones en el caso de Fátima. Los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) la visitan preguntándole por el paradero de su agresor, algo que es revictimizante”, señaló Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), organización litigante en el caso Fátima. 

Cinco realidades parecidas en la región 

El caso de Fátima es acompañado por los de Camila, Lucía, Susana y Norma, originarias de Perú, Nicaragua y Ecuador. Los cinco casos tienen un elemento en común: se trata de niñas menores de catorce años, sobrevivientes de violencia sexual a quienes los Estados las obligaron a enfrentar una maternidad no deseada y cuyas violaciones pemanecen en impunidad. Según Paula Barrios, las niñas tampoco recibieron educación sexual, por lo que fueron incapaces de identificar que eran víctimas de violencia sexual y no contaban con las herramientas para pedir ayuda. 

A las niñas les fue negado su derecho a decidir, atención legal y psicológica y el acceso a salud materna, según el Centro de Derechos Reproductivos. Estas barreras exacerbaron “el trauma que ya habían experimentado y las dejó vulnerables a la revictimización y a nuevas violaciones de sus derechos”, agregó la institución. 

Los casos ocurrieron en países donde el derecho a la interrupción del embarazo es limitado. En Nicaragua, es penalizado en todos los casos. En ese país, Lucía fue obligada a continuar con un embarazo resultado de reiteradas violaciones sexuales por parte del sacerdote de su comunidad. El agresor continúa libre, a pesar de que las autoridades conocen su paradero y cuentan con una prueba de ADN que demostró su nexo biológico. 

Susana, una niña también nicaragüense, sobrevivió a una violación sexual por parte de su abuelo. Junto a su abuela, presentó múltiples denuncias contra él, sin obtener una respuesta por parte del Estado. Años más tarde, Susana continúa recibiendo amenazas de su agresor y vive con miedo. 

En Ecuador, un país donde el aborto es legal solo cuando la mujer tiene alguna discapacidad mental y fue víctima de violación, o cuando existe un riesgo para su vida, Norma sobrevivió a una violación sexual por parte de su padre cuando tenía 12 años. Su hermano presentó una denuncia en contra del agresor, pero la investigación penal nunca avanzó. 

El Estado no brindó a Norma la oportunidad de detener su embarazo, aún cuando su familia manifestó que la apoyaría a hacerlo. Durante su parto, sufrió violencia obstétrica por parte del personal de salud. Norma no quería quedarse con el bebé pero, al no conocer sus opciones fue obligada a ello. Su agresor falleció 4 años después de los hechos, sin enfrentar la justicia. 

En 2020, el caso de Camila, una niña peruana que habitaba en la zona rural, se unió al proceso del Golpe Regional. Camila ayudaba a su padre, quien la violó cuando tenía 9 años, a pastear a los animales. Ella sentía temor de contarlo debido a que él amenazó con asesinar a su mamá y hermano si lo hacía y las violaciones se convirtieron en recurrentes. Sin embargo, su madrina lo denunció.

Como resultado de las violaciones, Camila fue obligada a enfrentar un embarazo riesgoso a los 13 años. El Estado le imposibilitó detenerlo, aún cuando el aborto terapeútico es legal en Perú y ella se encontraba en un estado crítico y con importantes riesgos para su salud física y emocional. 

Camila sufrió un aborto espontáneo. Días después, la visitó su obstetra junto a un policía para exigir que continúe con el embarazo. La fiscal que llevaba el caso de la violación, la denunció por autoaborto y convirtió a Camila de víctima a victimaria. Su violador recibió cadena perpetua, pero ni  el hospital ni la fiscal que intentaron criminalizarla enfrentaron las consecuencias de sus actos. 

Un precedente para la región 

Ante la ineficacia del Estado para responder a lo sucedido, los casos fueron llevados a una instancia internacional. Las niñas, convertidas ahora en mujeres, son acompañadas por Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos en el proceso. En el caso de Fátima, cuenta también con el apoyo de MTM y el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR). 

El Golpe Regional será conocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este órgano de expertos independientes supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo han ratificado, como es el caso de Nicaragua, Guatemala, Perú y Ecuador. “El comité emite recomendaciones vinculantes que los Estados tienen que cumplir”, señaló Alejandra Coll del Centro de Derechos Reproductivos. 

Las organizaciones escogieron el Comité de Derechos Humanos de la ONU como ente que conocerá el caso por distintos motivos. Uno de ellos es que “existen antecedentes favorables sobre casos similares”, señaló Coll. En otras instituciones de alcance internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el proceso para que los casos sean conocidos es tardado, según la experta. En cambio, en el comité, los casos podrían ser conocidos en cinco años o menos. 

Los casos fueron presentados con el objetivo de que, mediante la sentencia, Fátima, Camila, Susana, Lucía y Norma puedan acceder a la reparación justa y un verdadero proceso de justicia. Por medio de esta acción, además, las organizaciones buscan denunciar el problema regional de violencia contra niñas y adolescentes y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Una sentencia positiva podría promover cambios estructurales en los Estados y la región en la materia. 

Según las organizaciones, con la presentación de los casos también se busca “que el derecho a la vida se interprete de manera amplia, incluyendo el derecho a una vida digna y que se reconozca que la maternidad forzada es violatoria a este derecho”. Esto, debido a que es un trato cruel, inhumano y degradante. La sentencia emitida por la comisión podrá posteriormente ser utilizada en otros casos de niñas obligadas a convertirse en madres. 

Fátima representará la realidad de las niñas guatemaltecas

En Guatemala, el artículo 134 del Código Penal permite el aborto solo cuando la vida de la mujer está en riesgo. Según el Centro de Derechos Reproductivos, “En la práctica, esto ha sido interpretado de la manera más limitada para incluir únicamente riesgo de muerte inmediata o inminente”. 

Durante los primeros 4 meses del 2023, Guatemala registró 22 mil 99 embarazos en niñas y adolescentes, según el OSAR. De estos 809 en niñas menores de 14 años, producto de una violación sexual. En el 2022 se registraron 67 mil 688, 2 mil 187 de ellos en menores de 14 años. 

Fátima representa a miles de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual que fueron obligadas a continuar con un embarazo no deseado. Por medio de la sentencia, las organizaciones esperan que el Estado sea obligado a prevenir y atender de manera pertinente este tipo de embarazos. “Su caso debe impactar en que no siga ocurriendo esto y que las niñas tengan otra respuesta por parte del Estado”, finalizó Paula Barrios.