Angelina tenía 12 años cuando fue violada por el administrador de una finca en Alta Verapaz; resultó embarazada y tuvo gemelas. Han pasado cinco años y Angelina todavía espera justicia contra su agresor. Solo ha obtenido cerca de cuatro aportes económicos del Programa Vida y actualmente se dedica al cultivo de verduras y a la crianza de pollos para mantener a sus hijas.

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) registró 889 embarazos en niñas y jóvenes entre 10 a 19 años, hasta abril de este año. Los casos causan preocupación porque se carece de prevención y promoción de educación integral en sexualidad en las escuelas.

En la prevención del embarazo adolescente en Centroamérica se encuentra aún rezagos profundos en las distintas áreas que deberían estar involucradas en ello, tanto en la salud, la educación, la justicia, las cuales siguen siendo constantemente debilitadas. Esto solo agrava el panorama para las adolescentes en la región ante la garantía  de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Estudiantes de varios centros educativos de Puerto Barrios, Izabal, pintaron murales para concientizar a la juventud sobre la prevención de embarazos en la niñez y adolescencia.

De enero a junio de 2023, solo en el departamento de Chiquimula se registraron 1,099 embarazos en adolescentes, de los cuales 438 se localizaron en la región Ch’orti’ de Jocotán, Camotán y Olopa.

A sus doce años, Fátima fue obligada a abandonar sus sueños y continuar con un embarazo producto de una violación sexual. Más de diez años después, su caso será conocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La sentencia emitida podría transformar la realidad de miles de niñas embarazadas en Guatemala.

Son niñas que aún querían jugar con sus muñecas porque apenas estaban tomando consciencia de su entorno, descubriendolo y adaptándose, un proceso normal a los 9 o 10 años de edad. Pero sus sueños fueron destruídos de golpe y la vida les cambió para siempre por culpa de un abusador y depredador sexual, que en la mayoría de casos convive todos los días con ellas, sigue en el anonimato e impunidad.

En 2017, Camila*, una niña del área rural peruana y víctima de violencia sexual, fue forzada a continuar con un embarazo no deseado. Después de experimentar un aborto espontáneo, fue revictimizada y violentada por las instituciones estatales. Dos años después, el caso fue llevado ante el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien pidió que Perú legalice el aborto cuando involucra violencia sexual en niñas y adolescentes.

En mayo de 2019, organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos presentaron cinco casos de niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual y obligadas a ser madres al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Dicha entidad podría emitir una sentencia para el conjunto de sucesos, conocidos como Golpe Regional, en julio del 2023. Esta decisión sentará un precedente para la garantía de la salud sexual y reproductiva de las niñas en la región.