Brasil avanza en aprobar el derecho a decidir

Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag Brasil

Tribunal Supremo de Brasil somete a votación despenalización del aborto, que al practicarse en condiciones inseguras es la primera causa de muerte materna en el país. 

Por: Eslly Melgarejo

Con información de: AP / Center for Reproductive Rights

Las mujeres gestantes tienen una nueva esperanza para la garantía de sus derechos,  específicamente el derecho a decidir. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha comenzado la votación de una demanda que busca despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. 

La criminalización del aborto tiene graves consecuencias para las mujeres, adolescentes y las niñas; hoy en Brasil el aborto en condiciones inseguras es la primera causa de muerte materna en el país, y se calcula que dos de cada cinco mujeres que se practicaron un aborto fueron hospitalizadas después del procedimiento. 

El aborto es un servicio de salud esencial y por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado despenalizarlo y que no sea regulado mediante sistemas penales, sino como el procedimiento médico que requiere.

Las estadísticas muestran que la penalización actual del aborto, que ha estado vigente por décadas, no ha disminuido los abortos en Brasil. Según la Encuesta Nacional de Aborto de 2021, en ese país se realiza un aborto cada minuto, es decir alrededor de 1 mil 369 por día y unos 500 mil al año. 

Hoy se calcula que 5 millones de mujeres ya tuvieron un aborto, lo que equivale a 1 de cada 7 mujeres menores de 40 años. La mitad de ellas lo hicieron antes de los 20 años y la mayoría en condiciones inseguras, pues de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, entre 2012 y 2021, solo 11 mil 837 mujeres pudieron acceder a aborto por razones médicas o legales.

Desde hoy, el Tribunal analiza la acción de inconstitucionalidad, conocida como ADPF 442, la cual busca examinar la constitucionalidad de los artículos 124 y 126 del Código Penal brasileño que criminalizan el aborto. 

Rosa Weber, presidenta del Supremo Tribuna,l dio luz verde el pasado 19 de septiembre para realizar la votación, de manera virtual, entre el 22 y el 29 de septiembre. Eso quiere decir que en ese plazo, los ministros del tribunal emitirán sus votos por escrito.

La acción ADPF 442 argumenta que la criminalización del aborto viola los derechos a la dignidad, la ciudadanía, la no discriminación, la vida, la igualdad, la libertad, la no tortura y el derecho a la salud y la planificación familiar, consagrados en la Constitución Federal y los tratados internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Brasil.

A eso se suma que, entre 2014 y 2022, 2 mil 758 mujeres fueron criminalizadas por un aborto, de acuerdo con el Consejo Nacional de Justicia. Esa criminalización ha impactado de manera desproporcionada a mujeres negras, afrobrasileñas, quilombolas, indígenas y de bajos recursos. En ese marco es que, recientemente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le recomendó a Brasil modificar la legislación para garantizar el acceso seguro, legal y efectivo al aborto. 

“El Tribunal tiene una gran oportunidad estableciendo un precedente que en el futuro permita evitar que se repitan casos como el de Menina P., una niña de 11 años, a la que no se le permitió el acceso a la interrupción del embarazo y que hace poco enfrentó su segundo embarazo, también producto de violación sexual. Confiamos en que el Tribunal haga posible que Brasil se una a la Marea Verde latinoamericana que recientemente ha avanzado en el acceso al aborto en Colombia, México y Argentina”, aseguró Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de Estrategias Legales para América Latina en el Centro de Derechos Reproductivos.

El Centro de Derechos Reproductivos respalda y reconoce las acciones de movilización lideradas por aliadas como ANIS, y un gran número de organizaciones de sociedad civil locales, que durante años han venido trabajando para impulsar esta demanda. Seguiremos trabajando en toda la región para que los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos humanos fundamentales.

Crédito: Mauro Pimentel / AFP/Archivos



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