En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Carmen Gómez, una sobreviviente y familiar de una de las víctimas del Diario Militar, y Jovita Tzul, abogada del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), compartieron en un conversatorio de Nisgua y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), sus experiencias y conocimientos sobre cómo los cuerpos de las mujeres fueron utilizados como botín de guerra para quebrantar la lucha organizada de quienes se oponían a la dictadura militar durante el conflicto armado interno.

Andrea Aparicio tenía 27 años cuando denunció a su expareja, Marco Pappa, futbolista guatemalteco, por violencia contra la mujer. La relación que comenzó en 2017 tras el intercambio de mensajes vía redes sociales, dio un giro completo y se convirtió en abusiva y controladora. El 2 de febrero de 2022, iniciará el juicio en contra de Pappa, quien acumula más denuncias de otras mujeres, por el mismo motivo.

Fotografía: Francisco Simón

Fotografía: Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango

Son las 7 de la mañana del 26 de octubre. En “El Renacer”, un barrio de El Estor, Izabal, está la casa de Carlos Ernesto Choc, de 39 años, periodista de Prensa Comunitaria. Dos camiones del Ejército, cuatro patrullas y un picop particular se parquean en las proximidades. Un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas señala la casa de Choc. La vivienda donde habita está sola en ese momento. Soldados la rodean mientras la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público registran el lugar.

En medio de los ataques del Gobierno, las mujeres autoridades indígenas de El Estor, Izabal, han tenido un rol protagónico en la defensa del territorio Q’eqchi’ y la resistencia contra los intentos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) para seguir operando la mina que fue suspendida en 2019 por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras ignorar el derecho de consulta comunitario.

Agricultoras y campesinas maya Poqomam realizaron una caminata pacífica el pasado 18 de septiembre, que culminó en la aldea Barranca Honda, Palín, Escuintla, donde expresaron su oposición a la construcción de un proyecto de lotificación de casas en esa zona, pues es agrícola.

Alida Arana Vicente, defensora de derechos humanos, fue denunciada ante el Ministerio Público (MP) y ha sido perseguida junto a los demás integrantes de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla; por acompañar los actos de resistencia frente al extractivismo que afecta a las comunidades poqomames. Ante los ataques responde: “No nos van a callar, no tenemos miedo. Vamos a seguir”.

El 7 de marzo de 2017, un grupo de 56 niñas y adolescentes fueron encerradas por la policía en una pequeña habitación luego de protestar contra el abuso físico y sexual a las que eran sometidas en el centro de protección Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción. Allí pasaron la noche sin espacio suficiente, baños, agua o alimentos. En la madrugada del 8 de marzo, un incendio en el salón dejó gravemente heridas a más de la mitad y cobró la vida de 41 niñas. Quince de ellas sobrevivieron y siguen enfrentándose a las secuelas de los abusos que vivieron dentro del centro.

Este 11 de octubre, en el marco del Día de la Niña, varias organizaciones civiles se unieron para exigirle al Estado guatemalteco y a las autoridades, protección para que las niñas puedan realizar su proyecto de vida.

El 4 de junio de 1984, varias mujeres que reclamaban la aparición de sus parejas, hijos y familiares desaparecidos por el Estado guatemalteco, se organizaron para crear el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Ellas fueron Nineth Varenca Montenegro Cottom, María Emilia García, María del Rosario Godoy de Cuevas, Beatriz Velásquez de Estrada, Raquel Morales de Linares, Blanca de Hernández, Aura Elena Farfán y Catalina Ferrer Santizo.

La Organización de las Niñas, que forma parte de la Asociación Coincidir, de Chimaltenango, ha participado en diferentes manifestaciones para exigir justicia y el cese de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas del país.

Antes de las 8:00 de la mañana del 3 de septiembre, un grupo de mujeres se coloca en la entrada del Juzgado de Primera Instancia Penal de Antigua Guatemala. Algunas de ellas reparten camisas, volantes y otras más desdoblan carteles que leen: “No es no” y “Yo te creo”.

Varias organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación esperaban ansiosas la exhumación y por lo tanto el desentierro de los restos de 116 niños maya Kʼicheʼ que habrían sido aniquilados por el Ejército guatemalteco el 21 de mayo de 1988. Esta es la versión de Arnulfo Fernando Gómez Oxlaj, quien declara ser el único sobreviviente de este hecho.

Cuando María Bolaños tenía 27 años atravesó por una ruptura amorosa. Cuando la boda se canceló le surgieron muchas dudas por resolver. Una de ellas era si de verdad quería casarse y la otra, si en realidad quería ser madre. Hoy a sus 45 años, lo tiene claro. No desea ser madre y aquí cuenta su historia.

«No he tenido una vida fácil», dice Fredy Medina, de 42 años. Es originario de San Salvador, El Salvador. Fue criado en el seno de una familia pudiente y conservadora, una familia que no era la suya. Dice que en cuanto supo que era gay, sus familiares lo rechazaron y tuvo que salir de su casa. Desde los 16 años vive en las calles y es allí donde empieza su camino como servidor sexual.

La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) se opone a la designación de Diego Montenegro, de 34 años, actual subsecretario general de la Presidencia y uno de los postulantes para representar al Consejo Superior Universitario (CSU) en la Junta Directiva del Seguro Social, por tener denuncias de violencia contra la mujer, prolongación de funciones, hurto agravado y violencia económica. Pese a esto fue electo.

A más de 1 mil 226 kilómetros de Guatemala, vive Ruth del Rosario Cuevas Molina, de 62 años. Hace 36 años que vive en Cartago, Costa Rica, lugar a donde llegó a refugiarse porque el régimen militar de Humberto Mejía Víctores estaba detrás de ella. Rosario y al menos cuatro de sus seis hermanos integraron las filas del Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), en la década de los 80.