Hace 38 años, los países centroamericanos iniciaron un proceso de paz que comenzó el 25 de mayo de 1986 con la reunión de los presidentes de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Este encuentro dio lugar a los Acuerdos de Esquipulas I, reforzados el 7 de agosto de 1987 con los Acuerdos de Esquipulas II. Este proceso buscaba poner fin a los conflictos armados y establecer las bases para una paz firme y duradera en la región.

Con la conmemoración de los 80 años de la Revolución de 1944, se llevaron a cabo diversas actividades donde acudieron personalidades y familiares de líderes revolucionarios, entre ellas Claudia Árbenz, nieta del expresidente Jacobo Árbenz Guzmán y de la primera dama, María Cristina Vilanova. Un mandatario que el pueblo de Guatemala no olvida y  mantiene presente cada 20 de octubre. 

Asunción, Paraguay – Una delegación de feministas de la región centroamericana estará presente durante el quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará del 26 al 28 de junio de 2024 en Asunción, Paraguay.

La participación activa de la sociedad civil guatemalteca en la elección a gobernadora o gobernador departamental, es crucial para el fortalecimiento de nuestra democracia.

Este 15 y 16 de noviembre, mujeres diversas de distintos territorios llevan a cabo acciones políticas en respuesta a la constante amenaza de un golpe de Estado en el país, y señalan las polémicas acciones de funcionarios de instituciones como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, en un enérgico pronunciamiento  para expresar la defensa del voto popular.

En el día 44 del Paro Nacional, mujeres de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, denunciaron a la fiscal general Consuelo Porras por varios delitos violatorios a la Constitución tras los allanamientos realizados al TSE.

Este viernes se cumplieron cinco días del paro nacional indefinido con manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional y con más 75 puntos tomados.

En un contexto político cargado de tensiones y judicialización, luego de las elecciones generales 2023, las manifestaciones ciudadanas pacíficas y expresiones de solidaridad colectiva se destacaron la noche del lunes 2 de octubre, cuando inició el paro nacional convocado por diversos sectores sociales, que además de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros empleados del Ministerio Público, también piden que se respete la democracia, la voluntad popular y termine la corrupción.

Autoridades indígenas de los diversos territorios de Guatemala se movilizaron este lunes para participar en un paro nacional indefinido, exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios públicos porque aseguran que han atentado contra el proceso electoral y el voto popular.

Este 4 de septiembre, tras un fin de semana marcado por movilizaciones y protestas ciudadanas, organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía organizada convocaron a manifestar frente a las sedes del Ministerio Público (MP) a nivel nacional. Desde tempranas horas de la mañana, habitantes de más de 12 territorios acudieron al llamado y exigieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el respeto a los resultados de las Elecciones Generales 2023.

Mujeres, estudiantes universitarias, profesionales y familias completas, manifestaron por la defensa de la democracia frente a las maniobras se está impulsando desde el “pacto de corruptos”.

Desde el viernes 1 de septiembre, el presidente electo Bernardo Arévalo, llamó a la población guatemalteca a defender la democracia y la decisión popular ejercida en las urnas. Arévalo denunció a las y los actores implicados en “un golpe de Estado” orquestado desde el Ministerio Público.

Durante el sábado y domingo, así como a inicios de esta semana, desde los diversos territorios, Quetzaltenango, Totonicapán, Izabal, Suchitepéquez, Retalhuleu, Antigua Guatemala y la ciudad capital de Guatemala, las voces de las mujeres diversas se levantaron para exigir un alto a la corrupción y a la persecución por parte del Ministerio Público (MP), contra las y los operadores de justicia y contra el proceso electoral. Las protestas en contra de las acciones del MP se enfatizan en que esa institución atenta contra la democracia del país.

La manifestación tendrá varias demandas, entre ellas pedir al Ministerio Público (MP) que cese la persecución que ha emprendido en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que se respete el voto de la ciudadanía.

Organizaciones estudiantiles, campesinas, religiosas e indígenas hacen un llamado a la población a manifestar el 13 de agosto en la “Marcha por la Democracia”, en defensa del proceso electoral.