Este 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, decenas de víctimas de la guerra de varias regiones del país denunciaron los retrocesos en los procesos de justicia transicional y exigieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por proteger a militares acusados de graves crímenes de guerra.  Los sobrevivientes expresaron su rechazo al desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y la destitución de fiscales que investigaron casos como el genocidio Ixil.

Ambos organismos señalan que la criminalización tiene el propósito de silenciar u obstruir la labor de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

“Estoy acá en Costa Rica por razones de trabajo, pero yo me identifico como una persona que está siendo obligada a permanecer fuera de Guatemala, que está en el exilio por temor a ser criminalizada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, con estas palabras inició la entrevista la exfiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, realizada por Ruda y Prensa Comunitaria. Paz y Paz es especialista en derecho penal y una de las mujeres intelectuales de Guatemala. Su paso por el MP marcó la era de la anticorrupción en un país azotado por la violencia, el narcotráfico y la cooptación del Estado.

El juez Fredy Orellana rechazó la solicitud que hizo la directora del Instituto de la Víctima, suspendida del cargo, para continuar enfrentando el proceso y ejerciendo su defensa en arresto domiciliario. La resolución solo prolonga el encarcelamiento de Hernández.

El presidente Bernardo Arévalo decidió presentar al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público con el objetivo de remover a la fiscal general. “ El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, señaló Bernardo Arévalo.

Suiza anunció la imposición de sanciones contra la fiscal general Consuelo Porras, y otros cuatro funcionarios del Ministerio Público (MP); el secretario general Ángel Pineda, el jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche Cucul, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez y el juez Fredy Orellana, por socavar la democracia en el país.

El MP no investigará la denuncia que presentó el exfiscal anticorrupción Eduardo Pantaleón contra la exdirectora del Instituto de la Víctima, ante una supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso. Según el exfiscal, Carrillo habría utilizado a personal jurídico de la entidad que dirigía para atender sus casos personales en la Fiscalía.

Ante la imposibilidad del presidente Bernardo Arévalo de destituir a la fiscal general Consuelo Porras, se consultó a abogados y expertos sobre las alternativas legales para remover a la jefa del MP quien no ha cesado en sus ataques tanto al partido Movimiento Semilla como a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esta tarde, el juez Víctor Cruz acató la resolución de la Sala Primera de Apelaciones y ligó a proceso a los estudiantes y profesionales por el delito de usurpación agravada, uno más grave por el que se les había procesado en la primera declaración.

Tras anunciar que solicitaría la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, el mandatario Bernardo Arévalo envió una invitación formal a la funcionaria para que se reúnan el 24 de enero próximo en el Despacho Presidencial.

La petición judicial solicitada por el Ministerio Público a la empresa pide información de las cuentas de Prensa Comunitaria, Ruda, diario La Hora; y de la cuenta de la diputada de Movimiento Semilla, Lucrecia Hernández Mack, quien falleció el 6 de septiembre pasado, y Leslie Sánchez periodista de Guatevisión. El número de causa penal mencionado en la carta identifica el Caso Toma Usac: Botín Político, anunciado la semana pasada por el Ministerio Público (MP).

El Ministerio Público, una de las instituciones más criticadas y señaladas por las acciones contra el proceso electoral, decidió gastar Q432 mil en un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de la institución, que principalmente están enfocados en atender a la fiscal general Consuelo Porras

Este viernes se cumplieron cinco días del paro nacional indefinido con manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional y con más 75 puntos tomados.

Durante el operativo del Ministerio Público en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, la FECI manipuló las cajas y extrajo las actas de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio.

El sector estudiantil y la población que se unió a la convocatoria, denunciaron la corrupción y la cooptación de las instituciones y poderes estatales.

La imagen con una mano diciendo adiós y la etiqueta #AdiósConsuelo comenzó a viralizarse en redes sociales.

Manifestaciones pacíficas y plantones frente a las sedes del MP se han convocado a nivel nacional para este lunes 4 de septiembre. Organizaciones y ciudadanos guatemaltecos llaman a unirse contra el golpe de Estado, a exigir la renuncia de Concuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana a la defensa de la democracia y el respeto al voto que definió como binomio ganador a Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Durante el sábado y domingo, así como a inicios de esta semana, desde los diversos territorios, Quetzaltenango, Totonicapán, Izabal, Suchitepéquez, Retalhuleu, Antigua Guatemala y la ciudad capital de Guatemala, las voces de las mujeres diversas se levantaron para exigir un alto a la corrupción y a la persecución por parte del Ministerio Público (MP), contra las y los operadores de justicia y contra el proceso electoral. Las protestas en contra de las acciones del MP se enfatizan en que esa institución atenta contra la democracia del país.

Cada 30 de junio algunos sectores de la población, que niegan la memoria histórica, celebran con pompa el Día del Ejército. Podría decirse que ese fue el caso de Consuelo Porras, actual fiscal general del Ministerio Público (MP), al haber destituido a Hilda Pineda; la investigadora que logró enviar a juicio a Efraín Ríos Montt, y a varios militares involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.