MP cierra caso contra Alejandra Carrillo por uso de fondos públicos para atender casos personales
El MP no investigará la denuncia que presentó el exfiscal anticorrupción Eduardo Pantaleón contra la exdirectora del Instituto de la Víctima, ante una supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso. Según el exfiscal, Carrillo habría utilizado a personal jurídico de la entidad que dirigía para atender sus casos personales en la Fiscalía.
Por Prensa Comunitaria
La Fiscalía de Delitos Administrativos no investigará la denuncia presentada por el exfiscal auxiliar anticorrupción Eduardo Pantaleón contra la exdirectora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo y su entonces asesor jurídico José Alfredo Olazábal Mendizábal, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso. Esto porque Carrillo habría utilizado a personal jurídico de la entidad que dirigió para atender casos personales en el Ministerio Público (MP).
Pantaleón hizo la denuncia, en septiembre de 2021, cuando estaba a cargo del caso contra Carrillo, a quien investigaba por supuestas contrataciones irregulares y presuntos vicios en el contrato de arrendamiento donde opera la institución que dirigía.
Prensa Comunitaria pudo constatar que la denuncia había sido asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos con el número MP001-2021-40277, sin embargo, aparece como desestimada y archivada en esa unidad de investigación.
Expediente de investigación que estaba asignado a la Fiscalía de Delitos Administrativos
Denunciante criminalizado
Cuando el exfiscal Pantaleón presentó la denuncia, dijo que lo hizo partiendo de lo establecido en el Código Procesal Penal, artículo 298, que obliga a los funcionarios públicos denunciar al MP cuando se tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo y que existe responsabilidad penal para quienes no lo hacen.
“Cuando me encontraba fungiendo como auxiliar fiscal en la Fiscalía contra la Corrupción tuve bajo mi cargo la investigación y tramitación de una de las denuncias que se promueven en esa Fiscalía contra la referida funcionaria y, en ese contexto, a través de un documento realizado en hoja membretada del Instituto, el cual ella preside, designa y delega de forma expresa funciones de procuración de fotocopias de un expediente al abogado José Alfredo Olazábal Mendizábal, siendo esta una función distinta para las cuales el funcionario fue contratado”, explicó Pantaleón en ese momento.
Actualmente, el exfiscal está suspendido de su cargo, fue detenido, trasladado a otra fiscalía y la semana pasada inició un juicio por la supuesta comisión de dos delitos.
La misma fiscalía
Ese hecho se sumaría al caso de la supuesta adjudicación irregular del edificio en el que funciona el Instituto de la Víctima, en el que pese a la existencia de una denuncia, hubo allanamientos, documentos y chats que señalaron un supuesto negocio irregular, investigación que también fue cerrada.
El 10 de junio del 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción allanó la sede del Instituto de la Víctima para obtener información en seguimiento a una denuncia por supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento del edificio. En esa diligencia el MP dijo que se trataba de un caso por la presunta sobrevaloración del edificio de la institución.
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La fiscalía que desestimó el caso es la misma que ha accionado en otras denuncias, como el antejuicio contra la jueza Wendy Coloma, a quien se le señala de resoluciones violatorias a la Constitución, por haber dejado en libertad al exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos.
Además, es la misma que lleva el caso contra los magistrados del TSE: Ranulfo Rojas, Mynor Franco, Irma Palencia y Gabriel Aguilera, a quienes el Congreso les quitó la inmunidad; y se giró órdenes de captura por los delitos de fraude y abuso de autoridad por las supuestas irregularidades en la adquisición del sistema informativo de transmisión de datos TREP.
Por aparte, accionó contra el exdiputado Aldo Dávila, a quien señaló de diferentes delitos cuando era legislador.
Otro caso desestimado
Según la investigación que anunció el MP, en 2021, la exdiputada Carrillo se habría beneficiado con una comisión ilícita por el arrendamiento del edificio donde actualmente opera el Instituto de la Víctima.
Chats de WhatsApp, expuestos por elPeriódico y que son parte de una denuncia contra Carrillo, evidenciaron cómo se hizo la negociación para conceder la adjudicación a la empresa Inversiones Herzasa S.A. por recomendación de Cristian Castañeda, amigo de Carrillo, a cambio del supuesto pago de un soborno.
Las comunicaciones coinciden con los hechos que constan en una denuncia contra la directora de ese Instituto. En las mismas se acordó con Castañeda un supuesto intermediario, para la adjudicación del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la zona 10 de la ciudad capital.
La negociación se habría efectuado a través del intermediario y la entonces asistente de la directora, a quien le ordenó encargarse del tema. Sin embargo, quien lo autorizó fue la exdiputada, afirmó la testigo del caso.
En la denuncia presentada ante el MP, se señaló que Carrillo se reunió con el propietario del inmueble y allí se acordó que el alquiler del edificio tendría un costo de aproximadamente Q113 mil por cinco meses, sin incluir las remodelaciones.
Presidente destituyó a Carrillo
El pasado 2 de febrero, luego de un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que revocó la protección para Alejandra Carrillo, el presidente Bernardo Arévalo ordenó su destitución y nombró a la exdiputada Ligia Hernández como la nueva directora del Instituto de la Víctima.
El Instituto de la Víctima fue creado para brindar de forma gratuita asistencia y atención especializada a la víctima del delito, pero la gestión de la exdirectora ha sido cuestionada por los contratos de trabajo entregados a políticos.
La nueva directora, llega a una institución cuyo trabajo, en los últimos años, se ha puesto en duda por los nombramientos de familiares y amigos de jueces, magistrados y políticos con señalamientos de corrupción.
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