Las tres posibles salidas legales para destituir a la fiscal general Consuelo Porras
Ante la imposibilidad del presidente Bernardo Arévalo de destituir a la fiscal general Consuelo Porras, se consultó a abogados y expertos sobre las alternativas legales para remover a la jefa del MP quien no ha cesado en sus ataques tanto al partido Movimiento Semilla como a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por Regina Pérez
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo se encuentra en un dilema respecto al futuro de la fiscal general, Consuelo Porras, cuya renuncia ha sido un clamor de varios sectores de la población guatemalteca y una de las promesas del mandatario tras ganar las elecciones de 2023. El presidente tiene un impedimento legal para destituirla más no para pedir su renuncia, algo que hasta la fecha no ha sucedido.
A más de un mes de que Arévalo asumiera el poder, la persecución del Ministerio Público (MP) contra el Movimiento Semilla e integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), continúa en el Juzgado del juez Fredy Orellana.
Abogados y analistas consideran que hay pocas vías legales para la salida de Porras, pero las que más resaltan son por medio de reformas en el Congreso a la Ley Orgánica del MP, acciones de inconstitucionalidad al artículo 14 y por la vía de una consulta popular.
Como jefa del MP, Porras hizo todo lo que estaba en sus manos para atentar en contra del proceso electoral donde la población guatemalteca eligió a Arévalo como su presidente, al grado de que en diciembre de 2023 el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche sugirió en una conferencia de prensa que las elecciones debían anularse.
Durante 106 días, pueblos indígenas y otros sectores manifestaron frente a la sede central del MP para pedir la salida de Porras, así como la destitución del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, de la fiscal Cinthia Monterroso y del juez Fredy Orellana a quienes identificaban como los principales actores detrás del golpe de Estado.
Tanto Porras, como el secretario general Ángel Pineda y los fiscales Curruchiche, Monterroso y Leonor Morales Lazo han sido sancionados y señalados como actores corruptos y antidemocráticos por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
La promesa y las reuniones
Después de asumir, Arévalo indicó al medio internacional CNN en Español que pediría una reunión con la fiscal general para solicitarle la renuncia. “La citaremos al despacho para pedirle la renuncia, lo he dicho públicamente y lo reitero, (…) espero que tenga el buen sentido de entregarla”, indicó el mandatario el 18 de enero.
El presidente Bernardo Arévalo señaló tras ganar las elecciones que pediría la renuncia de la fiscal general. Foto Prensa Comunitaria
Si bien el presidente envió la invitación a Porras para reunirse con ella en el despacho presidencial, el 24 de enero, ella se excusó por medio de una carta trasladada por su secretario general, Ángel Pineda, donde citó varias leyes, incluyendo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que señalan que el ejercicio de sus funciones no está subordinado a ninguna autoridad.
Arévalo nuevamente citó a Porras el 29 de enero, para reunirse con el gabinete en Casa Presidencial y, aunque la fiscal general acudió, se retiró de manera abrupta a minutos de haber llegado, argumentando que había sido invitada para una Junta de Gabinete pero que la reunión se llevaría a cabo en el marco del Consejo de Ministros.
Cuando un periodista cuestionó al mandatario ese día si le había solicitado su dimisión el presidente contestó que la solicitud de renuncia estaba vigente. Sin embargo, esta nunca fue hecha de manera expresa.
La CC cerró el camino pero puede replantearse
Edgar Ortiz, un abogado que junto a otros presentó en 2023 una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), señaló que hay pocos caminos legales para que Porras salga del puesto. Por el momento las salidas se resumen a que ella renuncie o que sea condenada por un delito.
Las y los abogados pretendían que la CC declarara inconstitucional el artículo 14 de la Ley Orgánica, que cierra las causas de remoción del fiscal general a una: la condena, lo cual es largo, difícil y casi imposible que se de en menos de dos años, a menos que acepte la culpa, indicó Ortiz.
Este artículo establece: El Presidente de la República podrá remover al Fiscal General de la República, por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva.
Una de las peticiones de las autoridades indígenas durante las movilizaciones fue la renuncia de Consuelo Porras. Foto PC
La otra alternativa es que el Congreso apruebe reformas a la Ley Orgánica del MP posibilitando cambiar el abanico de razones para mover al fiscal general.
En 2023, durante las semanas más álgidas de la crisis política que afectó al país a raíz de las acciones del MP en contra del proceso electoral, las autoridades indígenas que encabezaron las protestas también presentaron una inconstitucionalidad parcial que fue rechazada.
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana dijo que si bien la CC rechazó las inconstitucionalidades estas pueden replantearse. “En jurisdicción constitucional no hay cosa juzgada, es cuestión de replantearlo con otros argumentos”, indicó.
La vía del Congreso para reformar la ley
En el Congreso de la República hay al menos cuatro iniciativas de ley presentadas para modificar la Ley Orgánica del MP. Estas fueron planteadas por los exdiputados Aldo Dávila (6299) y José Alberto Sánchez (6003) y congresistas de URNG y WINAQ: Adán Pérez, Sonia Gutiérrez, Walter Félix, Pedor Saloj, Osmundo Ponce (6300). La de Sánchez buscaba que el presidente pudiera remover al fiscal general “tras una investigación rigurosa” que compruebe que haya incumplido su mandato constitucional.
La propuesta de Dávila busca devolverle la potestad al presidente para remover al jefe del MP. La propuesta de los diputados de WINAQ y URNG, va en el mismo sentido, sobre la remoción del fiscal general y su separación provisional del cargo mientras se le investiga.
La cuarta iniciativa la presentó el diputado José Alejandro de León, de Podemos, que persigue que el presidente pueda destituir al fiscal general con causa justa establecida, por la comisión de un delito doloso durante su función que se le haya condenado en juicio o por el mal desempeño de las obligaciones del cargo que la Ley establece.
En enero de 2024, la diputada Gutiérrez retomó el proyecto de ley 6300, que fue conocida por el pleno y enviada a la comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso para su estudio y dictamen.
La diputada Sonia Gutiérrez impulsa una de las iniciativas para reformar la Ley Orgánica del MP. Foto Mario Godínez
Las iniciativas presentadas en el Congreso tienen un punto débil y es que son consideradas casuísticas. El abogado Ortiz señaló que todo depende de qué contienen las reformas. “No podemos volver a un sistema en que el presidente tiene carta blanca para remover al fiscal, porque eso sí va a causar un problema de independencia del fiscal general”, anotó.
En caso se reforma la ley deberían establecerse causas muy bien delimitadas, para removerlo, agregó.
Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, señala que tratar de cambiar la legislación en el Congreso para poder destituir a Porras es legislar casuísticamente. “Hay que tomar una serie de decisiones en materia legislativa, pero hay que hacerlo con un enfoque integral, para no incurrir en los mismos errores, de 2016, al haber creado esta reforma que tenía como fin prevenir que el presidente Jimmy Morales destituyera a la fiscal general Thelma Aldana”, recordó.
Las reformas a la ley se hicieron un año después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron un caso de gran corrupción conocido como “La Línea”, que vinculaba al entonces presidente Otto Pérez Molina, un caso que dio pie a otra serie de investigaciones en contra de la corrupción.
Ese año, la fiscal general Aldana e Iván Velásquez, comisionado de CICIG, presenciaron desde el palco del Congreso la aprobación de las reformas a la referida ley, incluyendo la que ahora no permite que el presidente Arévalo pueda destituir a Porras.
¿Una consulta popular?
El 24 de enero, los constituyentes Alfonso Cabrera, Silverio de León y Rafael Arriaga enviaron una carta abierta al presidente Arévalo para sugerir una ruta para destituir a Porras.
“El artículo 173 constitucional, establece; Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”, plantearon.
Cabrera dijo a Prensa Comunitaria que en este mecanismo el TSE tendría 30 días para hacer la consulta y si la población decide destituirla, se tendría que ir.
“La consulta popular es una decisión democrática, legal y constitucional, nadie puede alegar que está mal el camino porque la constitución lo establece”, señaló.
El constituyente señaló que “en este intríngulis jurídico, el presidente debe recurrir al pueblo…en 30 días tenemos un resultado con una votación masiva a favor del presidente, no podemos perder esa oportunidad, hemos propuesto que revisen el artículo 173 constitucional”.
Según Cabrera, hay un antecedente importante del uso de ese artículo, ya que en 1994 se utilizó para reformar la Constitución para reducir el periodo presidencial.
Para el abogado Orellana, se deben considerar dos puntos cuando se habla de este tema: el primero, que la consulta popular es política, “los temas de especial importancia pueden ser sometidos a este mecanismo”.
Y el segundo punto, destaca que en este momento hay una propuesta en el Congreso para modificar el artículo 14, de la Ley Orgánica del MP, y existe la posibilidad de replantear la acción de inconstitucionalidad en la CC contra el mismo artículo, una tercera vía que tampoco ha sido considerada.
Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) señala dos salidas para la remoción, la primera la reforma por la vía del Congreso, pero anota que esto podría no prosperar debido al equilibrio de fuerzas que hay en el Legislativo, que no son afines al actual gobierno.
En el caso de la consulta popular, organizar este proceso llevaría tiempo y requeriría una inversión de recursos para hacer funcionar la estructura del sistema electoral. Aunado a eso, cuatro magistrados del TSE tienen orden de detención y dos suplentes acaban de ser electos, en tanto el MP continúa con los procesos por supuesta corrupción en la adquisición del TREP.
Llegaríamos a una consulta popular que debe ser organizada por el TSE, pero nos enfrentamos a una institución con imagen débil y la razón de la consulta debería ser hablar de la destitución de una fiscal que actualmente lidera procesos de investigación y señalamientos serios contra funcionarios y magistrados de esa institución, señaló Hidalgo.
No obstante, considera que la consulta popular podría ser una salida a corto plazo, entre cinco meses a un año. “Es una posibilidad, pero no es una solución inmediata”, dijo.
“El presidente puede destituir a la fiscal general”
Sobre la facultad del presidente para remover al fiscal general, Carmen Aída Ibarra considera que el mandatario puede actuar según lo dicta la Constitución.
En el artículo 251 de la Carta Magna sobre el MP y el Fiscal General se lee: “El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada, debidamente establecida”.
Hay quienes realizan una interpretación estricta de lo que dice la Constitución, que le da la facultad al presidente de destituirla, es un mandato constitucional que está acotado por la ley del MP, pero el presidente muy bien podría tratar de ejercer esa facultad constitucional que tiene y que después sean las Cortes las que decidan si la interpretación que él hace de esa potestad constitucional es la correcta o no, opinó.
El presidente saluda a la fiscal general, en Casa Presidencial. Foto Presidencia
Sin embargo, para Ibarra el presidente Arévalo no lo hace porque seguramente le han aconsejado que no se arriesgue a una eventual denuncia penal que lo lleve a enfrentar un antejuicio por violación legal, porque al destituirla él estaría invocando ese mandato constitucional pero se enfrentaría a otra interpretación relativa a la Ley Orgánica del MP y una ley ordinaria que le dice que solo puede destituirla si ella está cumpliendo una condena.
La experta calificó la modificación a la ley, en 2016, como “ociosa” porque si el jefe del MP comete un delito y es condenado lógicamente no puede ejercer el cargo porque estaría en prisión. “No habría necesidad de destituir al funcionario, pues no podría ejercer el cargo estando en la cárcel”, afirmó.
Razones para que Porras deje el cargo
Periodistas, activistas, exoperadores de justicia y defensores de derechos humanos han enumerado varias razones para que Porras renuncie al cargo. El exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló que es una persona sin idoneidad al haber sido señalada como una persona corrupta por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, indicó que durante su gestión se han maquillado datos estadísticos estableciendo como parámetro de casos resueltos el archivo de los mismos. Provocando el aumento de la impunidad.
José Zamora, hijo del periodista encarcelado Jose Rubén Zamora, dijo que Porras ha obstaculizado la justicia, engavetando y cerrando algunos de los casos más grandes del régimen de corrupción del expresidente Giammattei, que causaron cuantiosas pérdidas del erario y que además costaron vidas durante la pandemia de la COVID-19.
Durante la gestión de Porras se acrecentó la persecución contra operadores de justicia, incluyendo jueces de Mayor Riesgo, periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos, muchos de ellos están en el exilio.
En 2023, Porras intentó, sin éxito, anular las elecciones generales y tanto el presidente como la vicepresidenta tienen antejuicios en su contra por varios casos, incluyendo el de la toma de la Universidad de San Carlos.
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, sostiene que hay dudas razonables sobre la legitimidad de su segundo periodo. Ella, añadió, fue impuesta mediante un fallo de la CC que obligó a la Comisión de Postulación a incluirla en el listado.
Porque la Comisión Postuladora incluyó a la fiscal en la terna final que se presentó al entonces presidente Alejandro Giammattei por un fallo de la CC.
Feliciana Herrera, alcaldesa indígena Ixil de Nebaj, Quiché, opina que Porras debe dejar el cargo “por atentar contra el orden constitucional y violar derechos humanos y políticos del pueblo de Guatemala. Como autoridades indígenas hemos presentado acciones legales para que pueda ser procesada”.
Una coexistencia entre Ejecutivo y MP
Desde que el presidente Arévalo asumió la relación del Ejecutivo con el MP ha sido tensa. La fiscal general dejó “plantado” al mandatario en dos ocasiones y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se reunió con ella luego de que esta invitara a Arévalo a una reunión en el edificio del MP. En una foto que circuló en redes sociales se ve a Jiménez dándole un abrazo, lo que generó críticas por la actitud del ministro.
En una rueda de prensa, la primera que Porras dio en varios meses, junto al ministro, ambos hablaron de su compromiso de trabajo desde una perspectiva institucional.
“Los problemas reales de la ciudadanía son problemas de Estado”, afirmó en ese entonces Porras.
Esta semana la actitud de Porras sigue siendo la misma, asegura que se reunirá con Arévalo pero él tendrá que acudir al edificio del Ministerio Público. “Lo invito públicamente y lo espero en el Ministerio Público para que podamos platicar las veces que quiera”, dijo luego de un encuentro con los integrantes del Consejo Nacional para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed) realizado en el Palacio Nacional.
El ministro de Gobernación Francisco Jiménez junto a la fiscal general Consuelo Porras en una reunión en el MP. Foto Emmanuel Andrés
Para el abogado Orellana la Constitución obliga a una cooperación interinstitucional en la que los ministros no les queda más que buscar una interinstitucionalidad que en el fondo busca el bien común del país.
El presidente puede tener sus simpatías y antipatías, pero que haya buscado una coexistencia pacífica, no necesariamente significa que él esté de acuerdo con la permanencia de Porras en el cargo. Tendrá que buscar los mecanismos jurídicos y/o políticos para removerla, señaló el excanciller.
Tener a Porras por más tiempo en el cargo implica para el gobierno tener que coexistir con un poder que no es afín al actual régimen, analizó. En el caso de la fiscal general, debe considerar que en un tiempo determinado su mandato finalizará, dos años antes de que termine la gestión de Arévalo y quedaría desprotegida durante ese tiempo.
“Ella no creo que será ninguna ingenua, también debe buscar algún tipo de protección a partir del momento que cese del cargo, esto indudablemente puede cambiar los términos de la ecuación en algún momento”, indicó Orellana.
Por el momento no está claro si el presidente Arévalo logrará la renuncia como lo prometió antes de asumir al cargo o si apuesta a la coexistencia con el MP mientras analiza otras posibilidades. “Yo no tengo ningún conflicto personal con la señora fiscal, sencillamente ella se niega a cumplir la ley que establece que tiene que coordinar con el presidente de la República en reuniones de ministros. Sabemos cuáles han sido sus acciones en el pasado, y esos son los parámetros con los que estaremos accionando”, dijo Arévalo tras el regreso de su gira por Europa.
