Con el amparo la defensa buscaba suspender la audiencia por genocidio que se realiza en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, sin embargo, el juez presidente Gervi Sical y los jueces vocales dieron tramite a la recusación. La defensa de las víctimas considera que el amparo es ilegal y busca impunidad.

El juicio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, está en su etapa de conclusiones. Ahora le corresponde a la defensa presentar las mismas, las cuales realizó con apoyo de dos consultores, sin embargo, una jornada no fue suficiente para finalizar por lo que el miércoles 13 de noviembre seguirá en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”.

La abogada de las víctimas, Jovita Tzul, expuso sus conclusiones en las cuales señaló que hubo una intención genocida en contra del pueblo Ixil. Tzul expuso que hay tres supuestos que encajan en el delito de genocidio: la muerte de miembros de grupo, el sometimiento de condiciones y lesiones que afectan gravemente, que expuso ampliamente. Al igual que el MP, solicitó 2860 años de prisión en contra del exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.
La defensa del general Lucas García pidió al Tribunal exponer sus conclusiones en otra audiencia, petición que les fue concedida y lo harán el lunes 12 de noviembre.

Este 7 de noviembre, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó 2860 años de prisión para el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, genocidio, desaparición forzada y el delito de deberes contra la humanidad cometidos contra la población Ixil, de Quiché, durante el conflicto armado interno.

El testigo protegido que fue enviado al área Ixil para participar en las operaciones contra la guerrilla dice que el Estado Mayor del Ejército supo todo lo que ocurría en ese lugar y, que incluso, Benedicto Lucas García, quien ejerció como jefe de dicha división exhortaba no solo a combatir a la guerrilla sino a destruir todos los cultivos de la población, que se creía servirían para alimentar a las fuerzas guerrilleras. El Estado Mayor del Ejército también tuvo conocimiento de las masacres desde el inicio de la guerra hasta al final, según dijo el militar retirado.

Los militares fueron capturados por uno de los casos de desaparición forzada más grande de América Latina, luego de que se localizaran 565 osamentas en 14 exhumaciones realizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) entre 2022 y 2015. La resolución de una sala que otorgó un amparo a uno de los militares anula todo lo actuado en este proceso y ordena poner en libertad a los militares, uno de ellos prófugo.

En el día 14 del juicio en contra de Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército, sobrevivientes relataron como fueron tratados por los soldados al llegar a sus aldeas. “Nos iban a matar como animales, eso éramos para ellos”, señaló el testigo Ambrosio Santiago. Una práctica común del ejército era destruir sus cultivos para que los sobrevivientes murieran de hambre.

En el día 14 del juicio en contra de Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército, sobrevivientes relataron como fueron tratados por los soldados al llegar a sus aldeas. “Nos iban a matar como animales, eso éramos para ellos”, señaló el testigo Ambrosio Santiago. Una práctica común del ejército era destruir sus cultivos para que los sobrevivientes murieran de hambre.

Una sobreviviente de violencia sexual en el área Ixil contó la masacre en su caserío en el municipio de Chajul. Ella tenía 8 años cuando su hermana mayor, sobrinos y su padre fueron masacrados.

Mujeres sobrevivientes narran las masacres y asesinatos cometidos en las aldeas de Nebaj y Cotzal, del área ixil, cuando Benedicto Lucas era jefe del Estado Mayor del Ejército. Familias enteras fueron asesinadas, incluyendo mujeres embarazadas, niñas y niños.

Cuarenta años después de las masacres en aldeas del área Ixil, las y los testigos aún expresan sufrimiento al recordar los hechos. En este juicio está acusado Benedicto Lucas García, el tercero al mando en el Estado luego del presidente y el ministro de la Defensa, cuando ocurrieron las masacres y desapariciones forzadas. Un testigo relató que no pudo salvar a su familia y otra narró el asesinato de sus dos hijos, uno de ellos decapitado.