Seis meses han pasado desde que Virginia Laparra salió al exilio o destierro, como lo llama. La abogada y exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- en Quetzaltenango, reconocida internacionalmente por su lucha contra la corrupción, habló en una entrevista para Ruda, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sobre cómo la persecución y criminalización está alcanzando aún más a las mujeres, con una justicia disfrazada de ilegalidades.

Este 8 de marzo, en los diferentes territorios del país y en la ciudad capital se sintió la fuerza de las niñas, adolescentes y mujeres que salieron a las calles para hacer públicas sus demandas y exigencias al Estado y a la sociedad. Desde la Cumbre, en San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango, hasta la Plaza de los Derechos Humanos frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron escuchar su voz.

Se presenta recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras para que Lisby Dayana Allen, víctima de violación encarcelada por defenderse de su agresor, salga de prisión

En Guatemala las mujeres pudieron hacer uso del sufragio universal en 1965; en 1956 Rosa Castañeda fue la primera mujer en llegar a ocupar una diputación en el Congreso, y en 1986 fue electa la primera diputada Indígena: Ana María Cuya Cuxil, por el distrito de Chimaltenango. La historia de las mujeres está llena de primeras veces, tal es así que en el 2016 llegó al Congreso la primera diputada abiertamente lesbiana. Ha sido un paso lento y sísmico para que las mujeres accedan a espacios de poder, a pesar de ser más de la mitad de la población en el país.

Flor Gálvez es una abogada con maestría en Derecho Penal y 19 años de experiencia en el sector de justicia. Fue mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante casi 12 años. Desde su vasta experiencia en casos de corrupción y de violencia sexual contra mujeres, nos habla de las fallas en el sistema judicial que permiten que casos como los de los jueces de Alta Verapaz raramente sean procesados y queden, casi siempre, en la impunidad.

En Sepur Zarco de El Estor, Izabal, las abuelas que lograron la condena en contra de dos militares en 2016, responsables de delitos contra los deberes de humanidad, conmemoraron un año más de esta sentencia. Sin embargo, las medidas de reparación dictadas no han sido cumplidas porque la comunidad no cuenta con certeza jurídica de sus tierras.

El 28 de febrero se realizó la segunda audiencia contra Walter Fabricio Rosales, José Alfredo Quiñónez, Luis Paniagua Herrera y William Chen Botzoc, jueces de los Tribunales Primero y Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz, quienes están acusados de abuso sexual contra menores de edad y cometer abusos de poder. La Supervisión General de Tribunales solicitó que fueran suspendidos para no afectar el proceso, sin embargo la Junta de Disciplina denegó esta petición. 

El pasado 14 de enero se cumplió un año de los 106 días de la movilización social que inicio el 2 de octubre de 2023, cuando diversas autoridades indígenas^[1] de todo el país se declararon en “Paro Nacional Indefinido”, tomando vías de tránsito y cerrando comercios a nivel nacional, en protesta ante la permanencia en el cargo de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, “quienes con sus acciones arbitrarias están atentando en contra de la democracia y autonomía de nuestro pueblo y orden constitucional”

A la jueza Rocío Murillo se le procesó penalmente por los delitos de maltrato contra menores, incumplimiento de deberes y prevaricato, por no haber exhibiciones personales un día antes de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

En el juicio oral y público que se lleva a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo B contra tres expatrulleros de Autodefensa Civil (ex PAC), por violencia sexual y delitos contra los deberes de humanidad que sufrieron 36 mujeres maya Achi’ de Rabinal, Baja Verapaz; se presentaron este 27 de febrero las declaraciones de la perita colombiana Adriana María Benjumea Rúa y cuatro testigos más.

Las porciones servidas en las refacciones escolares han despertado fuertes críticas y dudas sobre si son suficientes y adecuadas para las infancias en crecimiento. Más allá de su contenido nutricional, la efectividad del Programa de Alimentación Escolar se enfrenta a muchos otros retos, especialmente en los territorios.

Mayra Jiménez Flores, integrante del Colectivo 8 Tijax, testificó en la audiencia realizada el 17 de febrero por el Caso Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción.

En el Parque Intercultural, una antigua zona militar, se inauguró el “Muro de los Ojos Abiertos”, un espacio acondicionado con las fotografías de algunas de las víctimas del Conflicto Armado Interno del departamento de Quetzaltenango.

En conmemoración del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI), decretado en el 2004 por el Congreso de la República, organizaciones civiles encabezadas por lideresas, líderes comunitarios y sobrevivientes, realizaron hoy una marcha desde la Corte Suprema de Justicia hasta la Plaza de las Niñas. Las y los manifestantes honraron la memoria de sus familias y continuaron su legado con la demanda de medidas de reparación y justicia. 

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso administrativo por consumir alcohol en horario laboral y sostener relaciones con menores de edad. A pesar de las pruebas y testimonios  presentados en la primera audiencia, las instituciones encargadas de proteger a las infancias no se han pronunciado al respecto y no existe aún una denuncia penal en contra de los jueces. 

En el Paisaje de la Memoria, en Palabor, San Juan Comalapa, descansan los restos de 172 víctimas de la violencia estatal que tuvo sus años más cruentos en los 80. En su memoria, un grupo de familiares y sobrevivientes, la mayoría mujeres, acudió el pasado 22 de febrero a depositar frutas, flores y velas en este lugar que recuerda el horror que se vivió. Entre las visitantes estaban Martina Otzoy y Elvira Yool, esposa y hermana de dos desaparecidos quienes tras 45 años de ausencia continúan en la búsqueda de sus familiares, desaparecidos por el Ejército en 1982.

La resiliente aldea Ak’ul recupera una parte de lo que perdió durante el Conflicto Armado Interno, cuando los acusaron de pertenecer a la guerrilla y el Ejército de Guatemala arrasó con todo, sus familias, ganado, cosechas, mascotas.

¿Qué importancia tiene el idioma materno para una persona maya hablante y por qué se está perdiendo? Es una interrogante que se hizo a personas que todavía conservan y hablan su idioma, en un mundo donde poco a poco se está olvidando la herencia de sus ancestros y la cultura que se transmite por la vía de la palabra.

Vianney Claret Hernández, madre de una de las víctimas mortales del incendio en el Hogar “Seguro”, declaró en el juicio contra ocho exfuncionarios el pasado 20 de febrero. Vianney, conocida por ser una de las madres que más se han movilizado para buscar justicia, relató cómo vivió el día en que murieron bajo la custodia del Estado 41 niñas, y quedaron lesionadas 15 más, además de las represalias que ha sufrido por parte de los acusados y acusadas.

Este 21 de febrero se realizó en Bilbao, País Vasco, el Encuentro Internacional “Refugiadas: la potencia política de las defensoras de derechos humanos en el exilio”, donde participó, entre otras mujeres destacadas por su lucha contra la corrupción en Guatemala y el mundo, la abogada Virginia Laparra quien habló sobre la persecución que han vivido jueces, fiscales y operadores de justicia en Guatemala.