“Estoy acá en Costa Rica por razones de trabajo, pero yo me identifico como una persona que está siendo obligada a permanecer fuera de Guatemala, que está en el exilio por temor a ser criminalizada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, con estas palabras inició la entrevista la exfiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, realizada por Ruda y Prensa Comunitaria. Paz y Paz es especialista en derecho penal y una de las mujeres intelectuales de Guatemala. Su paso por el MP marcó la era de la anticorrupción en un país azotado por la violencia, el narcotráfico y la cooptación del Estado.

La abogada Claudia González denuncia violaciones a las garantías del proceso penal que se lleva en su contra, ya que una audiencia de ofrecimiento de prueba lleva 85 días sin poder concluir. Luego de pedir que fuera una audiencia pública y abierta a los medios de comunicación, el juez Bremer suspendió la misma y ahora pidió un informe al Ministerio Público sobre la cobertura de la prensa a este caso.

Ante la ausencia de uno de los querellantes y de Virginia Laparra, el juez Moisés de León, del Tribunal Primero de Sentencia Penal, reprogramó la audiencia de reparación digna.

El próximo lunes 8 de julio, el juez Moisés de León, del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, resolverá el futuro legal de la exfiscal Virginia Laparra.

Al cumplir el segundo año de su gestión frente al MP, Consuelo Porras presentó su informe en un hotel de Antigua Guatemala con total hermetismo y sin presencia de la prensa. Durante la mitad de su segundo periodo, casos en contra de empresarios y políticos señalados de corrupción se han caído en los Tribunales, sin que el MP apelara los mismos.

Los magistrados del TSE serán investigados por el delito de fraude en la compra del sistema TREP, pero podrán continuar en arresto domiciliario. La jueza determinó que no había peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad, negando la petición de la fiscalía.

El MP no investigará la denuncia que presentó el exfiscal anticorrupción Eduardo Pantaleón contra la exdirectora del Instituto de la Víctima, ante una supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y peculado por uso. Según el exfiscal, Carrillo habría utilizado a personal jurídico de la entidad que dirigía para atender sus casos personales en la Fiscalía.

Ante la imposibilidad del presidente Bernardo Arévalo de destituir a la fiscal general Consuelo Porras, se consultó a abogados y expertos sobre las alternativas legales para remover a la jefa del MP quien no ha cesado en sus ataques tanto al partido Movimiento Semilla como a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El juez Jimi Bremer en una audiencia a puerta cerrada una audiencia de etapa intermedia contra la abogada anticorrupción Claudia González. Será hasta el 18 de marzo cuando se resuelva si la abogada irá a juicio.

La Sala Quinta de Quetzaltenango negó la solicitud que hizo el MP y los querellantes del segundo caso contra Virginia Laparra, la fiscalía pretendía apartar al juez que conocerá el debate contra la exfiscal. La fiscalía buscaba apartar al juzgador luego de que ordenara la libertad a la exfiscal.

El juez décimo penal Víctor Cruz reprogramó para el próximo jueves 8 de febrero la audiencia de primera declaración de ocho personas que están señaladas por el Ministerio Público en el caso “Toma de la USAC: Botín Político”. Entre los acusados figura el hermano del juez Jimi Bremer.

El presidente destituyó a Alejandra Carrillo, quien enfrenta una sanción del gobierno de los Estados Unidos, que la considera una actora corrupta. Durante su gestión enfrentó señalamientos de corrupción que no fueron investigados por el Ministerio Público.

Edgar Antonio Larraondo Melby fue declarado culpable de agredir física y verbalmente a su hija (una adolescente de 16 años) a quien le provocó daño psicológico. El caso fue conocido en un Juzgado de Paz Penal.

Tras anunciar que solicitaría la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, el mandatario Bernardo Arévalo envió una invitación formal a la funcionaria para que se reúnan el 24 de enero próximo en el Despacho Presidencial.

La exmandataria de la CICIG y abogada deberá esperar para que se realice la audiencia en la que buscará desligarse del proceso penal que el MP inició en su contra por haber investigado a la exmagistrada Blanca Stalling, quien fue acusada de tráfico de influencias.

Lágrimas, abrazos, aplausos y reencuentros se vivieron en la sala de audiencias del quinto nivel de la Torre de Tribunales, donde la mañana de este 3 de enero la jueza Oly González dio cumplimiento a un fallo de la Cámara Penal que ordenó que la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, pueda salir en libertad con medidas sustitutivas.

Las periodistas guatemaltecas se enfrentan a múltiples violencias que van desde el acoso digital hasta las amenazas de muerte, pero según las estadísticas oficiales, pocas denuncian ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) que regularmente resuelve los casos por medio de salidas alternas y carece de un registro de denuncias desagregado por el tipo de violencia que sufren las reporteras.

Estados Unidos agregó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos a los fiscales Leonor Morales Lazo, Pedro Otto Hernández González, Noé Nehemías Rivera Vásquez junto a Valdés.

Bajo la sombra de 27 órdenes de captura y 31 órdenes de allanamiento en Guatemala, un grupo de personas en su mayoría del movimiento universitario, enfrentan acusaciones que incluyen usurpación agravada, depredación de bienes, sedición y asociación ilícita. Fueron detenidas seis personas durante 11 días, con una medida sustitutiva quedaron en libertad condicional el día 26 de noviembre. A iniciativa de un grupo de personas a través de la solidaridad se logró pagar la fianza.

Las bancadas aliadas el gobierno de Alejandro Giammattei o comúnmente llamadas Pacto de corruptos, lograron 108 votos para retirar el derecho de antejuicio de los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Acción con la que el Ministerio Público busca llevarlos a proceso penal señalándolos de supuesta corrupción en la compra del sistema electrónico #TREP