Pruebas de video confirman que la PNC maltrató a las niñas del Hogar "Seguro" antes del crimen
Foto: Jasmin López
Cámaras de videovigilancia del Hogar “Seguro” muestran que la Policía Nacional Civil (PNC) tardó casi 5 minutos en abrir la puerta del aula donde encerraron a 56 niñas desde que comenzó el incendio. El peritaje arrojó además que altos mandos de la policía estuvieron enterados en todo momento sobre lo que ocurrió, incluso antes de la tragedia.
Por Jasmin López
En la audiencia de este 23 de enero, el analista del Ministerio Público Edy Figueroa exhibió imágenes tomadas de las cámaras de seguridad del Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción, que muestran la secuencia de los eventos y el actuar de la PNC durante el incendio ocurrido el 8 de marzo del 2017.
A las 9:01 horas empezó a salir humo del aula donde la PNC encerró a 56 niñas, aunque el salón solo tenía capacidad para 11 personas. Poco después, a las 9:03 se observa la primera “lengua de fuego” y a una persona con bata blanca, identificada como el médico del Hogar, acercarse a la puerta. Para este punto, el interior del aula había alcanzado una temperatura de 300 grados. Finalmente, alrededor de las 9:06, 4 minutos con 58 segundos después de que comenzara el incendio, la PNC abrió la puerta.
Una de las 15 sobrevivientes relató, en una entrevista realizada para la investigación, que logró aguantar la respiración gracias a que practicaba natación, lo que evitó que se ahogara con el humo. Esta niña, que se encontraba más cerca de la puerta, fue la primera en salir.
La investigación refiere que no sacaron del salón a las adolescentes que no mostraban signos vitales ya que, de acuerdo a los testimonios recopilados, “la temperatura era extrema, no se podía entrar”.
Durante los 9 minutos que duró el siniestro, la oficial a cargo, Lucinda Marroquín, permaneció afuera del aula custodiando a las niñas junto a otras agentes. Aunque tenía la llave para abrir la puerta, se negó a hacerlo, dejando pasar tiempo fundamental que hubiera permitido salvar a las menores de edad. Esta decisión determinó la muerte de 41 niñas, refirió Figueroa.
Se pudo precisar, por medio de un análisis hecho al celular de Marroquín, que la exsubinspectora se comunicó o intentó comunicarse con al menos 4 personas antes, durante y después del incendio. Dos de ellos son los comisarios Petronilo López Maldonado y Ovidio Marroquín. Esto concuerda con las declaraciones de dos exsubordinadas de Lucinda, quienes aseguraron que, mientras las niñas se quemaban, la agente estaba hablando por teléfono.
Lucinda Marroquín, quien está acusada en el proceso penal, tomó fotos de las niñas heridas y las mandó al comisario Marroquín vía WhatsApp, para luego borrarlas.
El abuso policial
En un video tomado el 7 de marzo del 2017, que también fue exhibido por la fiscalía, se observa a agentes de la PNC empujar y gritarle a las y los menores de edad que fueron reingresados después de intentar escapar del Hogar. Una agente incluso le roció gas pimienta a una niña en el rostro.
Estos oficiales forman parte del Núcleo de reserva -conocidos como antimotines-, y fueron llamados ese día por otro de los acusados, el subcomisario Luis Armando Pérez Borja. De acuerdo al analista, esta acción violó las medidas tutelares bajo las cuales se encontraban las infancias en el Hogar “Seguro”, quienes provenían de contextos de pobreza y violencia, por lo que deberían haber sido protegidas en todo momento y no ser tratadas como delincuentes.
Los antecedentes
La tragedia en el Hogar Seguro se venía gestando desde varios años antes. De acuerdo al peritaje realizado por Figueroa, más de 400 niñas y niños escaparon del albergue en un período de 5 años, de 2013 a 2017. Pocos meses antes del incendio, en septiembre del 2016, 42 menores de edad evadieron las medidas de protección, lo que de acuerdo al experto constituyó un antecedente importante de las condiciones deplorables del centro. Los testimonios de los niños, niñas y adolescentes refieren maltratos físicos y verbales por parte del personal, así como abusos sexuales, instalaciones poco higiénicas y alimentación en mal estado, la cual en ocasiones contenía algo “que les daba sueño”, por lo que se cree que podrían ser sedantes.
Aún con estos precedentes, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y del Hogar Seguro no hicieron nada al respecto.
La investigación concluyó que los imputados e imputadas Brenda Yulissa Chamán, exjefa del Departamento de Protección contra el maltrato; Gloria Castro Gutiérrez, exdefensora de la niñez y adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores; Santos Torres, exdirector del Hogar “Seguro”; Carlos Rodas exsecretario de la SBS, y Anahí Keller, exsubsecretaria de misma institución, permitieron los abusos cometidos contra las infancias el 7 y 8 de marzo, no efectuaron los protocolos correspondientes en caso de evasión, e incumplieron sus deberes al traspasar la tutela a la PNC.
La PNC, por su parte, violentó los derechos de las niñas y niños desde el momento en que asumió su custodia, dado que no tenían la potestad ni la capacidad para hacerlo, lo que resultó en la tragedia por la que, casi ocho años después, las víctimas siguen esperando justicia.
