Con el amparo la defensa buscaba suspender la audiencia por genocidio que se realiza en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, sin embargo, el juez presidente Gervi Sical y los jueces vocales dieron tramite a la recusación. La defensa de las víctimas considera que el amparo es ilegal y busca impunidad.

La abogada de las víctimas, Jovita Tzul, expuso sus conclusiones en las cuales señaló que hubo una intención genocida en contra del pueblo Ixil. Tzul expuso que hay tres supuestos que encajan en el delito de genocidio: la muerte de miembros de grupo, el sometimiento de condiciones y lesiones que afectan gravemente, que expuso ampliamente. Al igual que el MP, solicitó 2860 años de prisión en contra del exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.
La defensa del general Lucas García pidió al Tribunal exponer sus conclusiones en otra audiencia, petición que les fue concedida y lo harán el lunes 12 de noviembre.

Este 7 de noviembre, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó 2860 años de prisión para el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, genocidio, desaparición forzada y el delito de deberes contra la humanidad cometidos contra la población Ixil, de Quiché, durante el conflicto armado interno.

Rompió el silencio el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, defendiéndose de los hechos acusando a familiares, víctimas y fiscales de un supuesto odio sin razones. La perito Paloma Soria explicó en el peritaje sobre violencia de género cómo este caso se encuadra en el delito de genocidio y crímenes de guerra.

En el día 14 del juicio en contra de Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército, sobrevivientes relataron como fueron tratados por los soldados al llegar a sus aldeas. “Nos iban a matar como animales, eso éramos para ellos”, señaló el testigo Ambrosio Santiago. Una práctica común del ejército era destruir sus cultivos para que los sobrevivientes murieran de hambre.

En el día 14 del juicio en contra de Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército, sobrevivientes relataron como fueron tratados por los soldados al llegar a sus aldeas. “Nos iban a matar como animales, eso éramos para ellos”, señaló el testigo Ambrosio Santiago. Una práctica común del ejército era destruir sus cultivos para que los sobrevivientes murieran de hambre.

Una sobreviviente de violencia sexual en el área Ixil contó la masacre en su caserío en el municipio de Chajul. Ella tenía 8 años cuando su hermana mayor, sobrinos y su padre fueron masacrados.

El viernes 5 de abril inició el juicio por genocidio contra el general retirado Benedicto Lucas García, en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, acusado por el Ministerio Público por los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada. Seis mujeres debieron esperar 42 años para presentar su testimonio y encaminarse hacia la obtención de la justicia. Por lo menos 50 familias sufrieron las masacres dirigidas por el militar, entre 1981 y 1982.

En el Tribunal de Mayor Riesgo “A” comenzó este miércoles el juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, acusado por el Ministerio Público por los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada.

Han pasado 8 años desde aquel 10 de mayo de 2013, cuando se declaró culpable de genocidio al general José Efraín Ríos Montt por avalar y ejecutar planes de exterminio desde el Estado en contra de 1 mil 771 personas maya Ixil, el desplazamiento forzoso de 29 mil más, y de nueve casos de violencia sexual contra mujeres y tortura, según el Tribunal de Sentencia Primero A de Mayor Riesgo presidido por la jueza Yassmin Barrios e integrado por la jueza Patricia Bustamante García y el juez Pablo Xitumul de Paz.

Del 16 al 18 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias de fase intermedia, de anticipo de pruebas en el caso de genocidio ixil, contra el general Luis Enrique Mendoza. 14 testigas y testigos se presentaron durante tres días al Juzgado de Primera Instancia de Nebaj para contar lo que vivieron. Mendoza fue señalado en octubre de 2011 por genocidio contra el grupo étnico maya ixil y delitos de deberes contra la humanidad en contra de 1 mil 442 indígenas ixiles entre abril de 1982 y julio de 1983. Sin embargo, fue hasta noviembre de 2019 cuando finalmente fue arrestado y ligado a proceso. Actualmente goza de una medida sustitutiva.