Peritajes sobre género y antropología forense confrontan versión de Benedicto Lucas
Foto: Prensa Comunitaria
Rompió el silencio el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, defendiéndose de los hechos acusando a familiares, víctimas y fiscales de un supuesto odio sin razones. La perito Paloma Soria explicó en el peritaje sobre violencia de género cómo este caso se encuadra en el delito de genocidio y crímenes de guerra.
Por Simón Antonio Ramón
Manuel Benedicto Lucas García, de 92 años, exjefe del Estado Mayor General del Ejército, entre el 1 de julio de 1981 al 23 de marzo de 1982, durante el gobierno de su hermano Romeo Fernando Lucas García, enfrenta juicio oral y público por los delitos de deberes contra la humanidad, genocidio y desaparición forzada.
El juicio comenzó el 5 de abril de este año, tras 42 audiencias donde sobrevivientes, familiares de víctimas, testigos y peritos han llegado ante el Tribunal de Mayor Riesgo A a testificar sobre cómo ocurrieron las masacres y cómo se configuraron los delitos. El exjefe del Estado Mayor General del Ejército rompió el silencio afirmando contundentemente su inocencia.
La violencia de género puede ser un acto de genocidio
El jueves 4 de julio se presentó ante el Tribunal la perito Paloma Soria Montañez, para presentar el peritaje sobre violencia de género en el grupo étnico de ascendencia Maya Ixil, quien hizo la presentación a través de videoconferencia desde la Embajada de Guatemala en Ginebra.
La experta dijo que la perspectiva de género en las investigaciones y análisis de los crímenes internacionales, permiten evidenciar que en los conflictos armados son víctimas de redes sexuales tanto hombres como mujeres, y de crímenes que afectan de manera desproporcionada y diferencia a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Los crímenes de género no se limitan únicamente a la violación, sino a conductas tales como las mutilaciones, amputaciones, esclavitud sexual, doméstica, matrimonios forzados. Los crímenes de género pueden ser constitutivos de genocidio y crímenes de guerra, según el planteamiento de Paloma Soria.
“La violencia sexual y la violación constituyen en la misma medida de cualquier otro acto, siempre y cuando sean cometidas con la intención específica de destruir en todo o en parte un grupo particular seleccionado como tal”, dijo la perito amparándose en el derecho internacional.
Señaló que muchas veces los perpetradores de la violencia sexual no buscan las mutilaciones inmediatas sino con el tiempo, por lo que generan condiciones de desplazamiento forzado. Estos hechos pueden ser considerados como otros delitos, como tortura o trato cruel o inhumano, según el derecho internacional, planteó la experta ante el Tribunal.
También, señaló que como violencia de género son consideradas las matanzas, violaciones públicas y colectivas, mutilaciones y amputaciones públicas que son usados para generar miedo en la población civil.
“Durante los mandatos de Benedicto Lucas García, podemos señalar que los actos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas comprendieron cualquier acto de invasión física de sus cuerpos como, por ejemplo, mutilación violación y violencia sexual, los distintos actos de violencia sexual fueron ejercidos contra niñas y mujeres de todas las edades, incluidas menores y mujeres embarazadas”, dijo Paloma Soria.
Además, la perito expuso que las mujeres indígenas han sido siempre concebidas como fundamentales para la cohesión y protección de sus pueblos y culturas, “motivo por las que las mujeres del pueblo étnico de ascendencia Maya Ixil, fueron atacadas en el conflicto por medio de la violencia sexual y en todas las formas de violencia”.
Paloma Soria Montañez ha sido perito en otros juicios de justicia transicional, como el juicio por genocidio contra el exjefe de Estado de facto, José Efraín Ríos Montt. Dijo al finalizar su intervención que el 88.7% de la población Ixil sufrió violencia sexual, desde violaciones sexuales, golpes en los genitales y matrimonios forzados.
Las abogadas de Manuel Benedicto Lucas Garcías pidieron al Tribunal que no sea tomado en cuenta este peritaje, porque el personal de la embajada guatemalteca en Ginebra, Suiza, no acompañó a Soria Montañez a lo largo de su intervención. Está petición fue rechazada por el tribunal.
Benedicto Lucas habló de su inocencia
Desde el martes 2 de julio, el acusado Manuel Benedicto Lucas García pidió declarar para defenderse de los hechos de los que se le acusa, por lo que el jueves 4 de julio dio su versión, en la que desacreditó los testimonios y los peritajes que se han presentado desde el 5 de abril, cuando inició el juicio.
Inició su declaración con el relato sobre su paso como cadete, que se rebeló el 2 de agosto de 1954 contra el Ejército Liberacionista de la Contrarrevolución, dirigidos por Carlos Castillo Armas, situación que provocó su expulsión de la Escuela Politécnica, y después ganó una beca para estudiar en Francia.
Señaló que cuando fue notificado para ser jefe del Estado Mayor del Ejército se negó porque su hermano era el presidente. Sin embargo, Romeo Fernando Lucas le dijo que no era una decisión de él, sino de dos militares de alto mando: Mendoza Palomo y Aníbal Guevara.
Foto: Prensa Comunitaria
Recordó una de las órdenes de su hermano ante la llegada de la guerrilla cerca de la ciudad. “Mi hermano me dijo que la guerrilla estaba en Katok, cerca de Mixco. ‘Encargate de ellos’, me dijo, porque yo tenía capacidad”, narró; por lo que tuvo que encargarse de las operaciones antisubversivas. “Cuando entramos a repeler a las guerrillas, le entramos con todo. Pero no era comandante general, velaba porque no se violaran las normas”, dijo Benedicto Lucas.
Después arremetió su molestia contra el fiscal Fridel Geovanni De León, pues considera que este lo odia porque fue el mismo fiscal que estuvo en el caso Molina Theissen, donde fue sentenciado en el año 2018 por delitos contra los deberes de humanidad, violación con agravación de la pena y desaparición forzada.
Además, señaló a la familia Molina Theissen y arremetió contra la exdiputada Nineth Montenegro, una de las fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). El presidente del Tribunal, el juez Gervi Sical, tuvo que intervenir porque su declaración no estaba destinada para cuestionar al fiscal.
“Lo que sí quiero decir, yo no tuve nada que ver, yo no fui jefe de una unidad. Yo fui jefe del Estado Mayor, yo di órdenes a los superiores de las unidades”, dijo Manuel Benedicto. Señaló que si se hubiese enterado de hechos como las violaciones, se habría presentado al lugar para sancionar a los responsables y al jefe de la unidad.
La abogada defensora de Benedicto Lucas, Teresa Marroquín, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), informó que el acusado presenta cuadro de desconocimiento hacia las personas por lo que tuvo que pedir un examen psicológico previo a solicitar un examen de psiquiatría.
Exhumaciones en territorio Ixil
Durante el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de julio se presentaron los peritajes sobre exhumaciones que realizó la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) en los municipios de San Juan Cotzal, San Gaspar Chapultepec y Santa María Nebaj, de las masacres o de los operativos militares que provocaron los desplazamiento forzados que posteriormente pudieron provocar las muertes de las personas.
El lunes 8 de julio se presentó el perito Dany Arnoldo Guzmán Castellanos, quien señaló que en el destacamento militar en San Juan Cotzal se hallaron 81 osamentas, 76 hombres y cinco mujeres. Entre ellos 13 tenían las manos amarradas, los ojos vendados y la boca tapada.
Se concluyó que las muertes fueron con proyectil de arma de fuego y armas cortopunzantes, generando heridas en el cráneo, mandíbula y tórax. Según el experto se han identificado a 53 víctimas por medio de exámenes genéticos.
El martes 9 de julio se presentó el perito Jaime Ruiz Castellanos, quien habló de las 20 osamentas ubicadas en distintas comunidades de la región afectada. En Nebaj se encontraron al menos 11 osamentas de tres momentos: se encontraron cinco osamentas de tres adultos y dos niños que murieron en los hechos del 10 de febrero de 1982.
En una segunda exhumación se hallaron los cadáveres de dos hombres y una mujer que murieron por la explosión de una bomba sin precisión de fecha; y se encontraron otras tres osamentas cuando se buscaba a los hermanos Jacinto y Diego Raymundo quienes fueron sustraídos de sus casas el 4 de marzo de 1982.
En San Gaspar Chajul se encontró la osamenta de Pedro Gómez Simón. Según su esposa, fue secuestrado por el Ejército el 12 de octubre de 1981. En San Juan Cotzal se encontraron las osamentas de Jacinta Cedillo, de 63 años quien fue degollada ante familiares, y Pedro Ceto Sánchez que tenía entre 63 a 65 años, fue amarrado en un árbol y se le provocaron heridas, se le puso sal en la boca y posteriormente recibió cuatro impactos de bala en la cabeza.
También se halló la osamenta de Juan Tomás Pérez quien presentaba perforaciones de arma de fuego quien murió en marzo de 1982.
El miércoles 10 de julio fue el turno de la perito Reyna Patricia Ixcot Chávez, quien se refirió a las osamentas que fueron exhumadas en San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y Santa María Nebaj, Quiché. Se refirió a siete personas adultas y dos niños. Señaló que varias de las personas murieron por impacto de arma de fuego y hubo quienes tenían las manos y los pies atados.
Algunos cuerpos fueron identificados como Cirilo Salas entre 30 a 40 años de edad; Pablo Escobar Ajicona, quien murió por cuatro impactos de arma de fuego. En el caso de Margarita Raymundo, fue desplazada en agosto de 1981, - sin determinar la comunidad - por un operativo militar y murió en el desplazamiento de 1983.
En el desarrollo del juicio, aún falta escuchar a los testigos de Lucas García, las declaraciones de varios testigos del Ministerio Público (MP) y que se resuelva un amparo sobre inteligencia militar para saber si se incorpora el peritaje del argentino Benjamín Carloni.