El testigo protegido que fue enviado al área Ixil para participar en las operaciones contra la guerrilla dice que el Estado Mayor del Ejército supo todo lo que ocurría en ese lugar y, que incluso, Benedicto Lucas García, quien ejerció como jefe de dicha división exhortaba no solo a combatir a la guerrilla sino a destruir todos los cultivos de la población, que se creía servirían para alimentar a las fuerzas guerrilleras. El Estado Mayor del Ejército también tuvo conocimiento de las masacres desde el inicio de la guerra hasta al final, según dijo el militar retirado.

Rompió el silencio el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, defendiéndose de los hechos acusando a familiares, víctimas y fiscales de un supuesto odio sin razones. La perito Paloma Soria explicó en el peritaje sobre violencia de género cómo este caso se encuadra en el delito de genocidio y crímenes de guerra.

Cuarenta años después de las masacres en aldeas del área Ixil, las y los testigos aún expresan sufrimiento al recordar los hechos. En este juicio está acusado Benedicto Lucas García, el tercero al mando en el Estado luego del presidente y el ministro de la Defensa, cuando ocurrieron las masacres y desapariciones forzadas. Un testigo relató que no pudo salvar a su familia y otra narró el asesinato de sus dos hijos, uno de ellos decapitado.

La alcaldesa del pueblo Ixil de Nebaj conversó con Prensa Comunitaria sobre los desafíos a los que se enfrenta la juventud y mujeres en el área rural ante la falta de acceso a la educación. Además, se refirió a cómo perciben las últimas acciones del Congreso de la República, la visita de altos funcionarios de Estados Unidos y los escenarios para el próximo año.

En el quinto nivel de Torre de Tribunales la jueza del Tribunal Octavo, Oly González dictó condena contra Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, la sentenció a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad, según la acusación del Ministerio Público, MP y Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo. La jueza González también la inhabilitó como abogada durante el tiempo que dure la condena y tiene la prohibición de optar a cualquier cargo público.

Según informaron los B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a, Alcaldía Indígena de Nebaj, el 23 de febrero de 2017 interpusieron ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y de Familia, de Quetzaltenango, una acción de amparo, para que se suspendiera y se cancelera definitivamente la inscripción de la finca que se desmembró del ejido de Nebaj y las inscripciones que resultaron de la inscripción de esta nueva finca.

Agentes de la Policía Municipal de Transito (PMT) y el juez de asuntos municipales Maynor Ventura, de Nebaj en Quiché bloquearon la ayuda humanitaria que las autoridades B’oq’ol Q’esal Tenam (Alcaldía Indígena Maya Ixil de Nebaj) coordinaron con la vicepresidencia de la República.