La “Ilegítima” condena contra Virginia Laparra
Fotografía: cortesía
En el quinto nivel de Torre de Tribunales la jueza del Tribunal Octavo, Oly González dictó condena contra Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, la sentenció a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad, según la acusación del Ministerio Público, MP y Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo. La jueza González también la inhabilitó como abogada durante el tiempo que dure la condena y tiene la prohibición de optar a cualquier cargo público.
El juicio se llevó a cabo durante 7 días, dio inicio el 28 de noviembre, los últimos tres días fueron consecutivos 14, 15 y 16 de diciembre. Durante los últimos días declaró el abogado Omar Barrios, querellante en el proceso; el MP dio sus conclusiones al igual que todas las partes procesales, Virginia Laparra hizo su última petición y la jueza Oly González dictó sentencia.
El proceso penal contra Laparra ha sido considerado por diferentes organizaciones de sociedad civil, como una venganza por el trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, por lo tanto, ven una clara criminalización contra Virginia Laparra.
Prensa Comunitaria
¿Por qué Laparra denunció a Lesther Castellanos?
Lesther Castellanos como juez de Mayor Riesgo fue sancionado por la Junta Disciplinaria el 3 de mayo de 2018 por faltar a la prudencia debido a que había compartido información con el abogado Omar Barrios que no era parte procesal. En el 2020 el Consejo de la Carrera Judicial, revocó dicha sanción.
Fue la exmandataria de CICIG, Flor Gálvez, que denunció al entonces juez, Lesther Castellanos ante la Junta Disciplinaria. En la entrevista otorgada para RUDA, Gálvez recalcó que la denuncia no fue por que el caso estuviera en reserva, sino por compartir información con terceros.
La exmandataria de CICIG, indicó que los casos que se conocían eran: Caso Extorsión Concejales Xela y caso Venta de Información.
En el proceso ante la Junta Disciplinaria, el exjuez Lesther Castellanos reveló información sobre el proceso de colaboración en la investigación que perseguía la FECI por la venta de información de la CICIG.
Derivado de ello, Laparra presentó la primera denuncia el uno de octubre del 2018, posteriormente presentó las siguientes tres denuncias el 15 y el 30 de octubre de ese mismo año por considerar que el juez revelaba información ante medios de comunicación.
Las cuatro denuncias presentadas fueron en el ámbito de la ética, es decir, denuncias administrativas.
Una mujer con sentimientos a flor de piel
Virginia Laparra habló ante la jueza Oly González para realizar la última petición dentro del juicio, indicó que trabajaba durante más de 12 horas, pero con la satisfacción que lo hacía por una Guatemala mejor. Además, aseveró:
“¿Por qué ellos hacen estas enunciaciones a cada momento? Esto señora juez es una venganza de todo lo que estás personas no estuvieron de acuerdo con lo que en su momento hizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad, de algunos personajes incómodos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad”.
Laparra indicó lo anterior debido a que los abogados de la parte acusatoria en diferentes ocasiones hablaban de forma peyorativa contra la CICIG, lo que fue expuesto por la abogada defensora como un discurso de odio.
En distintos momentos a Virginia Laparra se le quebró la voz, como al recordar que era su mamá la que le organizaba cumpleaños en los que no participó debido a la carga laboral.
Además, Laparra enfatizó sobre la denuncia que hizo la CICIG contra Lesther Castellanos, “Se ha mencionado dentro del presente expediente la denuncia administrativa presentada por la CICIG, ellos denunciaron al entonces juez Lesther Casthellanos por fuga de información, no fui yo señora jueza. A usted le mienten diciendo que esta es la reflexión. No es cierto ¡Eso no lo hice yo!”.
La participación del MP
En las conclusiones del juicio, el Ministerio Público (MP) pidió 8 años de cárcel contra Laparra, la inhabilitación como abogada y que hubiese una disculpa pública en los diarios por el delito de abuso de autoridad.
El ente investigador la acusó por presentar cuatro denuncias administrativas contra el exjuez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos, ahora Relator contra la Tortura. Es decir, denuncias que son del ámbito de la ética profesional como juez.
El fiscal Noé Rivera durante las conclusiones expuso que Laparra no podía denunciar sin autorización del jefe, debido a que las denuncias fueron realizadas desde la posición de fiscal.
¿Qué dice la abogada defensora?
Claudia González, abogada defensora y exmandataria de CICIG, explica tres puntos relevantes sobre el proceso contra Virginia que se deben observar:
1. Virginia Laparra sí podía denunciar debido a que era fiscal a cargo de una investigación, que tenía la obligación de defender.
2. Los medios de prueba aportados por el MP consideró que no destruyen la inocencia de Virginia. Además, hay medios de prueba que no tienen relación con los señalamientos hacia Laparra, que solo generan mucho ruido y confusión, indicó González.
3. La participación dela Fundación contra el Terrorismo como querellante adhesivo, a su consideración no tuvo ninguna prueba o elemento que aportar, algo que hizo que su participación no fuera determinante el proceso, sengún la abogada, eso demuestra que es un proceso político.
Durante las conclusiones González expusó una serie de pruebas para demostrar la inocencia de Laparra, entre ellas resaltó la carta que envió Virginia a su jefe, Juan Francisco Sandoval en el que le notificó que la denuncia contra el juez había sido planteada como lo acordaron.
Además, resaltó que el lugar para recibir las notificaciones de las cuatro denuncias planteadas contra Lesther Castellanos, era la oficina del jefe de Laparra, algo que para la defensa demuestra que éste tenía pleno conocimiento y no como dice el MP.
Reacciones tras la condena
Virginia Laparra tras la condena manifestó: La verdad que estás denuncias no se presentaron porque yo quisiera, porque tuviera un capricho o tuviera un problema con ese señor. Me llama poderosamente la atención que la jueza no hizo referencia a los sellos de recibido (sobre la carta en la que notifica a su jefe de las denuncias interpuestas contra el juez) estaban en original.
A través de las redes sociales los pronunciamientos de diversas organizaciones no se hicieron esperar para manifestar el rechazo ante la condena de Virginia Laparra, calificaron de ser una condena ilegítima y nefasta. Entre las organizaciones está Impunity Watch, Ricigt y Alianza por las Reformas que aglutina a más de 50 asociaciones.
Además, desde su tuiter se pronunció Claudia Paz y Paz, exfiscal del Ministerio Público en el que escribió: La mayor evidencia que en Guatemala no existe Estado de Derecho, es la condena de Virginia Laparra, por el simple hecho de presentar una denuncia. Clara muestra de sometimiento de jueces y fiscales a poderes oscuros.
También el portavoz para asuntos externos de la Unión Europea, Peter Stano indicó: La sentencia de la ex fiscal de la FECI Virginia Laparra es profundamente preocupante en medio del deterioro del Estado de Derecho, intimidación continúa, acciones legales contra jueces, abogados y fiscales independientes. Se debe salvaguardar la seguridad de los detenidos y su derecho al debido proceso.
De forma contraria Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo tras la sentencia indicó: La jueza actuó de manera independiente e imparcial y hoy hay una condena de la primera exfuncionaria de la FECI, relacionada directamente con la CICIG.
En el mismo sentido se manifestó Lesther Castellanos: Creo yo que se hizo justicia. Hoy después de 5 años de esto se le reivindicó al gremio de jueces, a la independencia judicial, por eso estamos aquí.
¿Qué pasa tras la condena?
La pregunta es si Virginia Laparra saldrá libre, con la condena emitida, si paga la totalidad de la multa impuesta y al cobrar firmeza la sentencia podría recobrar su libertad. Sin embargo, ella tiene una segunda orden de captura girada en Quetzaltenango el 19 de octubre pasado por supuestamente filtrar información, lo que evitaría su salida.
Claudia González, explicó que analizan si apelarán la sentencia, si esto ocurre estarían rechazando la condena y el proceso se extendería hasta más de 5 años, indicó debido a que también ve mala fe. Por lo que la decisión la deberá tomar Virginia. Tienen 15 días para apelar, luego de eso la sentencia cobra firmeza.
Uno de los puntos que recalcó Wendy López, abogada del Bufete para Pueblos Indígenas y defensora de Laparra fue “a partir de la sentencia ningún fiscal se va atrever a denunciar a ningún juez administrativamente, porque el resultado será una sentencia condenatoria”.
