“Estoy acá en Costa Rica por razones de trabajo, pero yo me identifico como una persona que está siendo obligada a permanecer fuera de Guatemala, que está en el exilio por temor a ser criminalizada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, con estas palabras inició la entrevista la exfiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, realizada por Ruda y Prensa Comunitaria. Paz y Paz es especialista en derecho penal y una de las mujeres intelectuales de Guatemala. Su paso por el MP marcó la era de la anticorrupción en un país azotado por la violencia, el narcotráfico y la cooptación del Estado.

La abogada Claudia González denuncia violaciones a las garantías del proceso penal que se lleva en su contra, ya que una audiencia de ofrecimiento de prueba lleva 85 días sin poder concluir. Luego de pedir que fuera una audiencia pública y abierta a los medios de comunicación, el juez Bremer suspendió la misma y ahora pidió un informe al Ministerio Público sobre la cobertura de la prensa a este caso.

La audiencia de ofrecimiento de prueba de la abogada Claudia González, que fue denunciada por la exmagistrada Blanca Stalling por abuso de autoridad, se llevaría a cabo este 25 de junio en el Juzgado Décimo de la Torre de Tribunales.

Este 5 de junio se realizó la audiencia de ofrecimiento de prueba de la abogada Claudia González, denunciada por la exmagistrada Blanca Stalling. Sin embargo, a petición de Stalling y su defensa el juez cerró las puertas de la sala de audiencias y no permitió el ingreso de los periodistas y de los observadores internacionales que acompañaron a la abogada, reconocida por su trabajo de defensa de exfiscales criminalizados.

Virginia Laparra es acusada de haber filtrado información bajo reserva, de un caso de corrupción en el cual se vinculaba al exalcalde Jorge “Mito” Barrientos.

El viernes 24 de mayo fue presentado el informe “Todo el sistema en contra: Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”, realizado por Amnistía Internacional (AI) y un panel conformado por mujeres destacadas en diversas ramas de las ciencias sociales en Guatemala.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia nombró a la exjefa de investigaciones de la CICIG, Luz Adriana Camargo, como fiscal general de la República. Camargo también enfrenta una denuncia del actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.

El juez Jimi Bremer en una audiencia a puerta cerrada una audiencia de etapa intermedia contra la abogada anticorrupción Claudia González. Será hasta el 18 de marzo cuando se resuelva si la abogada irá a juicio.

La exmandataria de la CICIG y abogada deberá esperar para que se realice la audiencia en la que buscará desligarse del proceso penal que el MP inició en su contra por haber investigado a la exmagistrada Blanca Stalling, quien fue acusada de tráfico de influencias.

Según la publicación de elPeriódico, el Ministerio Público (MP) confirmó que la Fiscalía de la Mujer comenzó una investigación contra dos agentes fiscales asignados a la Fiscalía contra el Crimen Organizado por señalamientos de acoso.

El Comité de Expertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó una profunda preocupación por el proceso penal que sigue en contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra.

La audiencia de primera declaración contra Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) continúa sin llevarse a cabo tras dos meses de haber sido girada la segunda orden de captura en su contra.

En el quinto nivel de Torre de Tribunales la jueza del Tribunal Octavo, Oly González dictó condena contra Virginia Laparra, la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, la sentenció a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios por abuso de autoridad, según la acusación del Ministerio Público, MP y Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo. La jueza González también la inhabilitó como abogada durante el tiempo que dure la condena y tiene la prohibición de optar a cualquier cargo público.

Las abogadas fueron denunciadas de “obstrucción a la justicia y colusión” por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Obtuvieron falta de mérito por el primer delito, por lo cual resta resolver su situación penal sobre el delito de colusión.