Dulce Archila escuchó con atención la audiencia de presentación de pruebas, previo al inicio del juicio en su contra. En un cuaderno, tomó nota, dibujó y registró las veces en las que fue mencionada, contó treinta en total. Hoy, la jueza aceptó un aproximado de cuarenta de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) que podrán ser utilizadas durante el debate oral y público el 10 de mayo del 2023.

Previo al inicio del juicio contra Nanci Sinto, se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas este 31 de marzo. En ella, la jueza Sonia Carol Martínez Obregón admitió más de cincuenta pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero solo una de las expuestas por la defensa. Tras finalizar, la defensa de Nanci, el MP, la PGN y el Congreso de la República fueron llamados a participar en una segunda audiencia a puertas cerradas y sin conocer el motivo.

Este 30 de marzo se realizó la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la artista y activista (artivista) Dulce Archila, donde se dio a conocer la apertura a juicio y medida de coerción.

El Estado insiste en criminalizar a Nanci Sinto por participar en las protestas ciudadanas del 21 de noviembre de 2020. Este 28 de marzo, se llevó a cabo por segunda ocasión, la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la defensora y activista indígena, donde la jueza Sonia Martínez Obregón decidió enviarla a juicio, aún cuando existen recursos legales presentados sin resolver.

El 28 de febrero la defensora maya Kaqchikel, Nanci Sinto, fue notificada por la Corte de Apelaciones que se reactivaría el proceso penal en su contra por el delito de depredación de bienes culturales. Ante esto Nanci Sinto y su defensa técnica presentaron un amparo.

Dos años han pasado desde el 21 de noviembre del 2020, día en el que se realizaron diversas manifestaciones sociales en el país en repudio al Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República. Durante la jornada, la Policía Nacional Civil (PNC) lanzó gas lacrimógeno a las manifestantes, utilizó la violencia y detuvo de manera ilegal a 40 personas. Desde entonces, la represión ante la protesta social se ha convertido en una constante.

La jueza Wendy Coloma, titular del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, decidió cerrar los casos de la activista maya Kaqchikel Nanci Sinto y Dulce Archila, porque no encontró fundamentos serios en la acusación de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio Público, que acuso a Sinto y Archila del delito de depredación de bienes culturales, acusadas de hacer pintas en la fachada del Congreso de la República. La jueza ordenó al MP investigar a los agentes de la policía que agredieron a Sinto en las afueras del Congreso, el 21 de noviembre de 2020, por abuso de autoridad.

Dulce Archila es la segunda mujer denunciada por el Ministerio Público, Ministerio de Cultura y el Congreso de la República, acusada de realizar “pintas” en las paredes del Congreso. Luego de seis meses criminalizada, recuperó su libertad al no haberse demostrado su participación en la realización de las pintas, ni que esa acción hubiera deteriorado el patrimonio cultural. La jueza Wendy Coloma dictó el sobreseimiento de su caso, al igual que con Nanci Sinto, declarando que ya no puede ser perseguida por depredación de bienes culturales.

Las expectativas estaban puestas en el Juzgado Duodécimo especializado en Delitos contra el Ambiente y el Patrimonio Cultural. Este viernes 10 de junio, se decidiría cómo quedaría en la historia el momento en que el Estado denunció a una mujer joven, maya kaqchikel y activista por los derechos humanos, por expresar su descontento en una manifestación. Una joven que, además, había sido agredida reiteradamente por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC).