Nanci Sinto es sujeta a violencia simbólica y política
El Estado insiste en criminalizar a Nanci Sinto por participar en las protestas ciudadanas del 21 de noviembre de 2020. Este 28 de marzo, se llevó a cabo por segunda ocasión, la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la defensora y activista indígena, donde la jueza Sonia Martínez Obregón decidió enviarla a juicio, aún cuando existen recursos legales presentados sin resolver.
Desde el 29 de noviembre de 2020, Nanci Sinto enfrenta un proceso penal que busca criminalizarla por participar en una protesta ciudadana del 21 de noviembre del 2020, en la que se rechazaba el Presupuesto General de la Nación que el Congreso de la República pretendía aprobar. La Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público (MP) la acusa del delito de depredación de bienes culturales, por unas supuestas pintas que se habrían realizado sobre la fachada del Congreso. El 10 de junio del 2022, el Juzgado Duodécimo especializado en Delitos contra el Ambiente y el Patrimonio Cultural presidido por la jueza Wendy Coloma dictó la suspensión de su proceso penal.
Sin embargo, la Fiscalía, junto a los querellantes adhesivos del Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó un recurso legal para buscar anular la decisión del juzgado. El 28 de febrero, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente decidió aceptar el recurso y retraer el juicio a su etapa intermedia. Nanci fue citada para la audiencia que reiniciaría el proceso un mes después, el 28 de marzo.
La defensa de Nanci presentó una acción de amparo, la cual debe ser conocida por la Corte de Constitucionalidad. Este recurso debía ser resuelto antes del reinicio del juicio en etapa intermedia. Sin embargo, la jueza Sonia Martínez Obregón decidió celebrar la audiencia, aún con la protesta de la PGN y la defensa técnica. “Pareciera que la jueza tiene un interés directo en continuar con el proceso”, señaló el abogado defensor Esteban Celada.
Nanci es enviada a juicio
La jueza Martínez calificó a las manifestaciones de noviembre del 2020 como acciones “casi vandálicas” y violentas. “Es preocupante que un juez de garantías fundamentales diga que el derecho a manifestar es con silencio”, expresó el abogado Celada.
Al momento de resolver, la jueza citó un protocolo relacionado al patrimonio cultural. “Pero dejó por fuera, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belem do Para. Ignoró la propia Constitución Política de la República de Guatemala, que en el artículo 1 establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y su vida. Ella hoy le dio prevalencia, como ella lo dijo, a un monumento o a un patrimonio”, señaló Celada.
La jueza afirmó que Nanci fue vista incendiando una bandera nacional en fotografías. “La bandera es un símbolo patrio que merece respeto”, indicó. Decidió proceder con enviarla a juicio bajo el argumento de que existen pruebas suficientes.
El MP afirma que, en sus acciones del 20 de noviembre, Nanci dañó el patrimonio nacional y la esencia del Congreso de la República. Ahora, la acusan también de perturbar la paz. “Una paz que la misma institucionalidad, que los mismos gobernantes han llevado a un retroceso y que ahora por una pinta quieren que uno asuma esa responsabilidad”, señaló Nanci.
La audiencia también estuvo dedicada a evaluar las medidas de coerción impuestas a Nanci, mientras el proceso penal en su contra continúa. Sin embargo, la jueza únicamente resolvió que continúe con la misma medida que Nanci ha tenido hasta el momento, es decir, que continúe en libertad. “No explicó por qué, ni dio una debida fundamentación. Es preocupante que una jueza de instancia tenga estas carencias técnicas al resolver”, explicó el abogado Celada.
Fijan audiencia de presentación de pruebas
La jueza Martínez Obregón fijó la audiencia de presentación de pruebas del caso de Nanci , para el próximo viernes 31 de marzo a las 11:00 horas en el Juzgado Duodécimo especializado en Delitos contra el Ambiente y el Patrimonio Cultural.
Según Celada, al establecer la fecha para la próxima audiencia, la jueza no respetó el plazo para impugnar, el cual es de tres días. “Nos está limitando, nuevamente, de acceder a los recursos sencillos y efectivos”, señaló.
Nanci continuará luchando por su libertad. “Vamos a seguir interponiendo todo lo necesario para documentar la responsabilidad del Estado de Guatemala en la criminalización política de Nanci, así como la violencia política y simbólica a la que como mujer indígena está haciendo sujeta por los operadores de justicia de este país”, finalizó su defensa.