Nanci Sinto exige su libertad
El 28 de febrero la defensora maya Kaqchikel, Nanci Sinto, fue notificada por la Corte de Apelaciones que se reactivaría el proceso penal en su contra por el delito de depredación de bienes culturales. Ante esto Nanci Sinto y su defensa técnica presentaron un amparo en contra de la reactivación del juicio.
La jueza Wendy Coloma, de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente, dictó suspensión del proceso penal a favor de Nanci el 10 de junio del 2022, por el delito de depredación de bienes culturales, por unas supuestas pintas que se habrían realizado en la fachada del Congreso de la República durante las jornadas de protestas ciudadanas del 21 de noviembre o #21N del 2020.
No obstante, el Ministerio Público (MP), el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentaron un recurso para anular la decisión de la jueza y el 28 de febrero de este año la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente notificó que el recurso habría procedido, ordenando que se reactive el juicio en contra de Sinto, pese a que en la resolución que dictó la jueza Coloma indicando que la Fiscalía no había documentado “la pérdida de la esencia de su estado de conservación y autenticidad”.
Los abogados de Sinto indicaron que encontraron falencias en los argumentos que presentó el MP y querellantes para reactivar el juicio. “El tener a Nanci en este proceso penal está afectando su vida desde el punto de vista psicológico, se le ha estado violentando varios de sus derechos”, indicó la abogada defensora Adriana Sunun.
La abogada Sunun indicó que su objetivo final será detener la reactivación del juicio. Sobre el amparo que acaban de entregar ante la Corte de Constitucionalidad, indicó que desconocen cuándo será resuelto. Mientras tanto, Nanci se encuentra entre la incertidumbre de su actual libertad.
Descontento ciudadano
Las manifestaciones del #21N fueron provocadas por la decisión del Congreso que buscaba aprobar un presupuesto anual de Q99 mil 700 millones pero con menos fondos en algunos programas, como por ejemplo, los enfocados en combatir la desnutrición y la violencia contra las mujeres.
Los legisladores también buscaban aumentar el presupuesto del Parlamento Centroamericano (Parlacen) donde actualmente el expresidente Jimmy Morales, es diputado. Además, el 2020 era el primer año afrontando la pandemia de la COVID-19.
Nanci Sinto, Dulce Archila y Juan Monrroy fueron acusados de “atentar contra la identidad y esencia del Estado”, el 24 de noviembre del 2021. Para Dulce y Nanci los casos fueron suspendidos.
