Sentencia histórica da justicia a mujeres Achi

Fotografía: Ana Alfaro

A los cuatros días de iniciarse el 2022 un grupo de mujeres Achi sobrevivientes de violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno (CAI) llegó a la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala para subir hasta el piso 15, donde se encuentra el Tribunal de Mayor Riesgo “A” presidido por la jueza Yassmin Barrios, después de una década de espera cuando en el 2011 quedó pendiente el proceso penal.

Ellas viajaron de Rabinal, Baja Verapaz para estar presentes en la primera audiencia que juzgaría a cinco expatrulleros de autodefensa civil (PAC), Bernardino Ruiz Aquino, Benvenuto Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado, por delitos contra los deberes de humanidad, en su forma de violencia sexual. Sin embargo, ese día se ausentó Julio Cesar Colindres, el abogado defensor privado de una parte de los procesados lo que hizo que se reprogramara para el día siguiente, el 5 de enero.

Aunque eso dio una pausa a la fecha esperada, las sobrevivientes no estuvieron solas ese día y su fuerza salió a brillar, en la Plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia donde el fuego las esperaba para una invocación maya y el respaldo de organizaciones de mujeres y derechos humanos. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y Alida Vicente de la Alcaldía Indígena Poqomam de Palín, Escuintla, llegaron para estar presentes en la fecha tan esperada. Con todas las personas reunidas se sostuvo una manta con la frase “Todas somos Achi” para recordar los pasos que se han dado para llegar a exigir justicia.

Semana 1: Inicia el debate oral y público

Este juicio empezó a formarse con 20 testimonios, documentados por el Bufete Jurídico de Rabinal. Hasta que se terminaron de conocer, seleccionaron cinco por su ubicación geográfica, patrones e identificación de los agresores. En el camino han muerto sobrevivientes y perpetradores. El cambio de la jueza Claudette Domínguez también es un antes y después de este caso, que en su momento durante la etapa intermedia dejó en libertad a los acusados y desestimó los testimonios.

El 5 de enero, para iniciar el debate oral y público, se presentaron los alegatos donde se explicó la importancia de juzgar la violencia sexual que hace 40 años atravesó la vida de 36 mujeres Achi durante el CAI. El Ministerio Público (MP) dijo: “La violencia sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico en las victimas”, con base en datos incluidos en las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Río Negro versus Guatemala. Río Negro fue otra comunidad donde se vivió una masacre contra la población de Baja Verapaz, en la década del 1980.

También se resaltó que el tipo penal del delito contra los deberes de humanidad, se encuentra regulado como delitos de trascendencia internacional, en el marco del derecho internacional humanitario.
Además de los fiscales del MP, las sobrevivientes han sido representadas por tres abogadas mayas como querellantes adhesivas y que forman parte del Bufete Jurídico de Rabinal: Lucía Xiloj, Haydeé Valey y Gloria Reyes Xitumul.

Sin las abogadas Xiloj, Valey y Xitumul, las piezas necesarias para que el tribunal pueda entender lo que sucedió en Rabinal como lo son las pruebas que ofrecieron, 20 peritajes y testimonios de las víctimas, las respuestas no serían las mismas ni la ruta que emprendió el juicio.

En los primeros alegatos, ellas resaltaron la importancia histórica del proceso legal por el tiempo que han tenido que esperar las sobrevivientes, así como los tratos degradantes que vivieron las mujeres Achi por los exPAC. Y el quiebre en el tejido comunitario de la población.

Esa primera semana, los peritajes ofrecidos abrieron el camino a preguntas y respuestas necesarias de responder en este caso. El 5 de enero la antropóloga maya Kaqchikel, Aura Cumes, llegó al tribunal y presentó el peritaje de género en casos de violencia sexual contra mujeres maya Achi durante el CAI en Guatemala. Calificando por medio de ese análisis que la violencia fue “brutal y sistemática”.

También el tribunal escuchó el peritaje cultural por la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj, quien también hizo investigaciones sobre la esclavitud doméstica y sexual que el ejército ejecutó contra mujeres q’eqchi’ en comunidades de Sepur Zarco, Izabal. Ambas pensadoras han sido reconocidas por sus aportes académicos, y en este juicio también revelaron información necesaria para nutrir el caso.
El 6 de enero se compartieron tres peritajes alrededor del tema de la relación de las PAC y el Estado. En la primera parte se dijo que el ejército difundió una ideología de misoginia y violación a los Derechos Humanos entre la población, esto debido al odio del Estado contra los grupos de mujeres consideradas enemigas de la patria, así lo comentó el perito Fernando Lazo a cargo del Peritaje sobre Doctrina militar y el papel del ejército durante el CAI.

Para el Peritaje sobre Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional relativo a la violencia sexual contra mujeres, la abogada Adriana María Benjumea Rua también explicó que la violencia sexual es una práctica para controlar a las personas y es un crimen de lesa humanidad.

Para tener claridad sobre la conexión entre el ejército y las PAC, se obtuvo la información por medio del peritaje técnico militar de Clever Alberto Pino Benamu. Se relató que las PAC fueron una creación del Ejército de Guatemala y que estuvieron bajo el mando de este.

Aunque en los peritajes tanto los fiscales del MP como la defensa de los procesados podían hacer preguntas a cada especialista, las preguntas fueron escasas por parte de la defensa de los expatrulleros. Mientras que la mayoría las efectuó el MP.

Para el 7 de enero, con una sala con poca presencia de medios de comunicación por la mañana, se explicó el vocabulario usado por los exPAC como parte del estudió en el Peritaje lingüístico, realizado por la lingüista María Juliana Sis Iboy, donde se concluyó que las palabras usadas por los agresores contra las mujeres Achi querían mostrar dominio y poder sobre sus cuerpos. “Mientras las violaban las comparaban con animales”, expresó.

En esta investigación se comprobó también como el hombre se siente superior a la mujer, evidenciando un alto nivel de machismo. Según la experta, se consideró importante esta parte y por ello el peritaje se hizo con enfoque de género. Para realizar el peritaje, la lingüista entrevistó a 19 sobrevivientes.
Según el doctor Cristian Ruiz, quien realizó el dictamen médico y donde evaluó a 31 víctimas con los test, orientación y depresión. En algunos casos encontró depresión severa pero también concluyó que los hechos narrados por las mujeres son ciertos.

El Ajq’ij y antropólogo José Ángel Zapeta García, detalló el Peritaje pérdidas en la espiritualidad de las mujeres Achi, derivadas del CAI. Contó ante el tribunal que una de las mujeres con las que dialogó, describió lo vivido como “un dolor que no se le va quitar”. Lo que les sucedió a las sobrevivientes es un impacto profundo que repercute en su vida social, es una secuela. “La espiritualidad es un elemento fundamental en la vida de las comunidades, si es trastocado, se daña lo más profundo y sagrado de la comunidad indígena”, añadió.

En ese mismo día también se presentaron tres dictámenes periciales: uno documentoscópico, el dactiloscópico y otro de análisis de firmas en documentos de identidad para evidenciar que uno de los procesados, Gabriel Cuxum Alvarado ocultó su identidad para no enfrentar a la justicia. Estos dictámenes fueron presentados por Erica Betzabé Castro, Erick Oswaldo Duke Hernández y Lourdes Carrera, especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Al finalizar la primera semana del juicio, la abogada Lucía Xiloj compartió a Ruda en una breve entrevista a las afueras de la sala del piso 15. De acuerdo con la abogada “se ha evidenciado cómo Guatemala implementó dentro de su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres. Sí ha habido un avance para acreditar este contexto en casos de justicia transicional, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. También adelantó que posteriormente se escucharía las voces de las propias víctimas para terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el proceso.

Ese primer viernes, la sala quedó rápidamente vacía cuando la jueza Barrios dijo que el 10 de enero continuaría la audiencia.

Semana 2: escuchar testigos, revisar pruebas

Para la segunda semana, quedaron los últimos peritajes para desvirtuar la defensa de los procesados. Se entregó el peritaje psicosocial por la psicóloga Mónica Esmeralda Pinzón González, que detalló los impactos individuales y colectivos en las sobrevivientes, como es el hecho de que se encuentren con taquicardia y lesiones físicas producto de las violaciones sexuales sistemáticas a los que fueron sometidas.

Para identificar los lugares donde se dieron las violaciones, el especialista del peritaje infográfico, Marlon Edwin Geovany García Arriaga demostró que hay 37 lugares señalados en donde ocurrieron las violaciones. Esto se hizo para determinar la presencia de los acusados en los hechos narrados por las mujeres sobrevivientes.

Cada vez que corría el reloj, más información era presentada ante el tribunal. Como parte del Peritaje psicológico por violencia sexual, Ana Carolina Melgar Garzaro evaluó a 34 mujeres y encontró síntomas comunes como estados depresivos, pérdida de peso, sentimiento de culpa y dificultad para recordar. Estos son indicadores de alteraciones en los procesos de duelo.

El miércoles 12 de enero el ambiente de la sala cambió a una tensión y ambiente de angustia. Todo empezó cuando llamaron a Pedrina López de Paz para dar su testimonio, quien con valentía relató que, a los 12 años edad, siendo una niña, los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino la violaron. “Me quedé sangrando un mes, yo no sabía nada, solo mi tía me dijo ¿qué te pasó?”, contó. Al terminar su testimonio, salió de la sala y se encontró con su tía Feliciana López en una banca, tomó un poco de agua y secó sus lágrimas con una manta rosada. Después de una media hora, regresó y entró de nuevo a tomar su lugar. Agustín López, hermano de Pedrina relató cómo se llevaron a su padre y este le dijo “adiós hijo, te cuidas porque ya no vamos a regresar”. Además, habló de cómo dos patrulleros violaron a su hermana. Ambos estuvieron acompañados de una psicóloga en su momento de hablar.

Su tía también pasó a tomar la palabra con ayuda de una intérprete del idioma Achi. La voz de la señora era pausada y en su relato también identificó a los dos patrulleros que mencionó su sobrina. Mientras ella relataba, hubo una interrupción. La abogada Haydeé Valey, que habla el idioma Achi, le solicitó a la jueza que la intérprete se apoyara de un cuaderno para tomar los apuntes necesarios y hacer la traducción, porque mucha información que decía la testiga se estaba perdiendo o no se estaba contando al tribunal. Por lo que la jueza le indicó a la intérprete que hiciera una traducción completa y se le pidió a la testiga hablar más despacio para que le diera tiempo de tomar nota y contar todo lo que ella decía. “Las personas que mataron a mi hermana se llevaron todo, mesas, nixtamal y piedras de moler, mis sobrinos se quedaron sin nada y yo sufrí con ellos, además violaron a mi sobrina Pedrina López de Paz de 12 años”, detalló.

Al terminar su testimonio, salió también de la sala y el personal técnico le colocó el equipo para escuchar el testimonio anticipado en una grabación de Margarita Alvarado Enríquez. Margarita relató que, con el uso de armas le amenazaron diciendo “sino no te dejas te matamos”, “no hay ni que hacer”.
A la mitad de ese audio, la jueza dio una pausa para el almuerzo, dando 45 minutos para luego continuar.

Al regresar se escuchó el audio de Marcela Alvarado Enríquez, Inocenta Alvarado y Estefana Alvarado Sic. La sala estaba vacía, con poca presencia de las sobrevivientes y pocos medios de comunicación. Aun así, los testimonios seguían siendo escuchados por el tribunal.

“Me quitaban la faja, el corte y me decían si no querés ahí está el lazo. Yo estaba embarazada y perdí a mi bebé”. Dos noches y tres días estuve en la aldea de Xococ, mi hija me iba a dejar comida y no la dejaban entrar. Al tercer día salí y apenas aguanté caminar”, dijo en idioma Achi Inocenta Alvarado, quien identificó a Gabriel Cuxum como la persona que la violó dos veces y otro patrullero que ya falleció.

Ya el jueves 13 quedaron los últimos peritajes. Como en el Juicio de Sepur Zarco, se utilizó el peritaje sobre análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos, por el experto Arsenio García, quién enfatizó que “a las personas que son víctimas de torturas no se les puede exigir fechas, número de agresiones”. Además, con una voz clara y con el uso de una presentación, explicó que los relatos tienen coherencia, congruencia y concordancia.

En medio de dos peritajes se dio un testimonio de investigación sobre el origen, organización y finalidad de las patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por Marc Droun, uien dijo en la sala: “la violencia sexual en contra de mujeres Achi fue parte integral y fundamental de la destrucción del grupo maya Achi en el marco de las masacres y la represión”. Durante su exposición compartió información del Plan Victoria 82 para entender la estructura de las patrullas y su relación con el ejército de Guatemala. También, por medio de recortes de prensa, reveló que el ejército entregó rifles M-1 a campesinos, ya que había fotografías de ese momento en los medios de la época.
Por su parte, el matemático Roberto Antonio Molina Cruz señaló en el peritaje económico cuál sería el cálculo del daño económico, patrimonial, por desplazamiento, gastos en salud y daños morales para las cinco mujeres Achi. Según sus cálculos, la suma asciende a Q51 millones 872 mil 265 quetzales, la cifra estimada de la indemnización que se debería realizar hasta septiembre 2016.
Para el segundo viernes, se inició con la reproducción del audio del testigo “A” y en lo que se preparaba para la reproducción del audio, la defensa de Damián Cuxum Alvarado renunció a presentar a la esposa del acusado como testiga.

Después se pasó a reproducción el audio del testigo A, qué resultó ser un hombre que estuvo tres días en el destacamento de Rabinal porque le llegó un volante que decía que “la paz había vuelto a la comunidad”, por lo que confiado se fue con 18 familias. Su forma de contar fue extensa y larga. Por varios momentos le interrumpía la persona que grabó la prueba para que especificara qué les había pasado a las mujeres de la comunidad, a lo que él dijo: “en el destacamento violaban mujeres”. Y detalló que “murieron 170 mujeres y 107 niños, porque les acusaron de guerrilleras”.

Por medio de una pantalla, la religiosa Gregoria Balcarcel de la congregación “Hijas de la Caridad” dio su testimonio en video. Ella llegó a Rabinal en 1976, y describió el cambio abismal que hubo tres años después de estar viviendo entre las comunidades de ese municipio de Baja Verapaz. “A las viudas las amarraban y se las llevaban a una casa que usaban los paramilitares, y a todas la violaban”. Su testimonio fue grabado en video como anticipo de prueba y al final agradeció por tener la oportunidad de decir lo que pasó en ese entonces.

Lo último en presentarse ese día fue una entrevista de Manuel Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor General del Ejército entre agosto de 1981 y marzo de 1982. Un material grabado entre el 22 y 25 de noviembre de 2015 por el medio Plaza Pública en el que declara “Las guerras son necesarias”. Ese viernes terminó la audiencia después del mediodía y se aplazó para el lunes 17 de enero.

Semana tres: revisando pruebas documentales
Las dos semanas que explicó la abogada Xiloj que podría durar la presentación de los peritajes, testimonios y testigos estaba por terminar. Ese último lunes (fecha) dos policías declararon, Moisés Hernández Xitumul y Álvaro Emanuel Santiago Ramírez, quienes indicaron cómo Gabriel Cuxum Alvarado tenía las mismas huellas dactilares que una persona de nombre Manuel Ramírez Paz. Algo que también se comprobó con el peritaje hecho por especialistas de INACIF.

“Honorable tribunal, se encuentran 5 acusados dentro de los cuales tenemos a Bernardino Ruiz Aquino, Benvenuto Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado. Se acredita la identificación de estas personas a través de certificaciones de registro nacional, asiento de cédula, documento personal de identificación, señalamientos directos de las víctimas y álbum de la dirección de investigación criminalística”, expresó Paula Herrarte, fiscal del MP, como parte de las conclusiones del debate oral y público.

Además, por medio de pruebas documentales, se explicó que en la aldea Xococ, se celebraba el 20 de septiembre de 1982 el primer aniversario de las PAC, lo cual indica que estas ya estaban formadas y organizadas. La fiscal relató parte de las declaraciones de prueba anticipada de cinco mujeres sobrevivientes de violación.

Las tres acusaciones realizadas a los procesados se sintetizaron en que “la violencia sexual es un crimen de guerra y es un crimen de lesa humanidad, ha quedado establecido y demostrado en este debate oral y público. Porque es una práctica que se comete durante los conflictos armados, ya sea de índole internacional o no convencional. Estos hechos quedaron en la impunidad, pero es una estrategia donde no solo utilizan el cuerpo de las mujeres, sino también para la destrucción y eliminación de las comunidades, como se dijo este debate oral y público”, señaló la abogada Xiloj.

Fue citando peritajes, como el psicológico, para determinar cómo las mujeres han sido capaces de identificar a los agresores. “De acuerdo con la perito Carolina Melgar, hay dos formas en las que las personas pueden recordar sus declaraciones, debido a los hechos traumáticos que vivieron”, indicó.
Mientras tanto, la abogada Valey leyó las sentencias de los juicios el caso genocidio Ixil, Sepur Zarco y Molina Theissen que usaron los testimonios como pruebas.

Ese mismo día, la defensa de los expatrulleros habló con poca argumentación, y tomó la palabra el procesado Bernardino Aquino diciendo “no saben de qué hablan las mujeres porque ellos no hicieron nada”.

Las conclusiones

El último día de conclusiones, 19 de enero la abogada María Teresa Martínez Velázquez, defensora de los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, desacreditó los testimonios de las mujeres y pidió la una sentencia absolutoria ya que según ella “no se comprobó que fueran parte de las PAC”. La misma tónica usó el abogado defensor Julio Cesar Colindres Monterroso.

El tribunal también le dio la palabra a los procesados, quienes se limitaron a decir “soy inocente” y mencionar que no hicieron nada.

El final del juicio se acercaba, y los hechos que tardaron en llegar 40 años a los oídos de la justicia tendrían un veredicto el lunes 24 de enero.

El día de la sentencia

A las 8:30 de la mañana estaba programada la sentencia. Las primeras en entrar a la sala fueron las sobrevivientes, seguidas por los medios de comunicación y delegados de distintas organizaciones internacionales. Todas las mujeres llevaban unos tocados en el cabello que las hacía resaltar en el lugar rodeado de paredes beige y sillas negras.

Al entrar el tribunal, presidido por la jueza Barrios que dio la primera sentencia por genocidio en el país, todos estaban presentes menos la abogada Martínez Velásquez. Por ella se demoró unos minutos en empezar el día más esperado para las mujeres Achi.

El juicio ha tenido dos escenarios en todo el proceso: desde el centro de detención preventiva Mariscal Zavala donde los acusados seguían la audiencia por videollamada, y desde la sala de audiencias del nivel 15 en la Torre de Tribunales. Uno de los procesados habló para solicitar asistencia médica, ya que una noche antes le dio un derrame cerebral y su rostro demostraba que la parte derecha estaba desfigurada. Pidió a la jueza le permitiera ese derecho.

Después de escucharlo, la jueza indicó que podían pasar a realizar su petición las sobrevivientes. El MP solicitó la presencia de Pedrina López de Paz, quien por segunda ocasión observó a los jueces y con una voz fuerte, dijo que lo que le pasó merece justicia, su intervención fue corta pero contundente. Otras mujeres fueron llamadas pero solo una más fue necesaria, explicó Valey, representante de las sobrevivientes.

Cuando habló la mujer Achi, recordó todo lo le arrebataron los patrulleros, “quemaron mi casa, se llevaron mis animales y el dinero”. Exigió justicia y cuando regresó al asiento, soltó lágrimas y se vio rodeada de fotógrafos tomándole fotos. Ambas mujeres también solicitaron que los procesados dijeran dónde estaban los restos de sus seres queridos.
La jueza Barrios dijo que el tribunal se tomaría el tiempo para deliberar, y citaba para la sentencia las 15 horas del mismo día. Por casi seis horas más esperaron las mujeres a que la justicia de Guatemala respondiera a sus testimonios.

A las afueras del tribunal se colocó un grupo que defendía a los procesados con carteles y expresiones “mi papá es cristiano, él no hizo nada”. Pero cuando salieron las sobrevivientes ya no se encontraban. Se dirigieron a la Plaza de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, donde más mujeres les esperaban y con carteles en mano exigiendo justicia y acompañadas de flores.
Conforme pasaban las horas llegaban más personas a la plaza, hasta que dieron las 15 horas y se colocó una bocina para que todas escucharan lo que sucedería en la sala.

La lectura de la sentencia duró una hora, y la emoción llegó cuando el juez Gervi Sical dijo: “ste tribunal cree en los testimonios de las mujeres Achi” . Con ello, resolvió que Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado son responsables de delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual.
El tribunal dio una condena de 30 años de prisión a los expatrulleros. Una gran victoria para 36 mujeres Achi, tres abogadas mayas y dos fiscales del MP. Esta es la cuarta ocasión en la que un tribunal les cree a las víctimas del CAI y condena a los perpetradores.

Esta noticia les cambió el rostro a las mujeres Achi, que viajaron desde las 2 de la mañana y se dieron los primeros abrazos en el corredor de la sala. Bajaron a la Plaza minutos después, donde ya varias personas les esperaban con flores, más abrazos y palabras de admiración por haber obtenido justicia.
Una mujer Achi tomó el micrófono y dijo: “Aquí no se terminó, tenemos que seguir adelante”.
Reunidas alrededor de velas, pino y flores, se hincaron, agradecieron y se abrazaron para dar por terminada una lucha que les llevó más de una década.

*Con información de Impunity Wach, Verdad y Justicia