En El Salvador y Guatemala, las leyes que regulan el aborto son notariamente restrictivas, inponiendo graves consecuencias a las mujeres que buscan interrumpir sus embarazos.

En Guatemala, el Código Penal establece que no es punible el aborto terapéutico en situaciones de extremo peligro para la vida de la madre. Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que las mujeres que intentan apelar a este artículo se enfrentan a prejuicios y estigmatización. 

Además, no se aborda este tema como un derecho de salud pública ni se considera el impacto que un embarazo no deseado puede tener en el plan de vida de la persona gestante, especialmente en el caso de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

En El Salvador, el aborto está totalmente prohibido, incluso en circunstancias de violación o riesgo para la vida de la mujer. Desde 1998, se otorgó el estatus de persona al embrión y al feto desde la concepción, lo que ha llevado a la criminalización de más de 196 mujeres que han intentado abortar. 

Estas leyes injustas afectan principalmente a las mujeres en situación de pobreza, mientras que las personas ricas tienen la posibilidad de salir del país para acceder a servicios de aborto seguros. Las mujeres criminalizadas comparten características comunes, como ser jóvenes, vivir en zonas rurales y carecer de acceso a servicios de salud y educación de calidad. Algunas, como el caso de Manuela, incluso carecen de educación básica.

En ambos países, la penalización del aborto no solo tiene implicaciones legales, sino que también genera una penalización social. Las personas gestantes que buscan el aborto terapéutico para salvar sus vidas son estigmatizadas y tachadas de egoístas.

En El Salvador, a pesar de enfrentar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar los derechos de mujeres como Manuela y por negarles la interrupción del embarazo para salvar sus vidas, Según la médica Patricia Cortés la despenalización del aborto sigue siendo un tema controvertido debido a la prevalencia de discursos "provida" y la influencia de la moral sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. 

La situación del aborto en El Salvador y Guatemala refleja un desafío importante en la lucha por los derechos reproductivos y la igualdad de género en la región. A pesar de algunas disposiciones legales, las barreras sociales y la estigmatización siguen obstaculizando el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguro y respetuoso de sus derechos. 

La penalización del aborto no solo afecta la salud y la libertad de las mujeres, sino que también perpetúa desigualdades y violaciones de derechos humanos. Es fundamental seguir trabajando para garantizar que todas las mujeres tengan el derecho y la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.