Al enterarme sobre la despenalización federal del aborto en México, frente a mis ojos no vi más que esperanza. Comprendí que Guatemala y sus diversos feminismos están en camino hacia garantizar la salud sexual y reproductiva.

En El Salvador y Guatemala, las leyes que regulan el aborto son notariamente restrictivas, inponiendo graves consecuencias a las mujeres que buscan interrumpir sus embarazos.

La legislación sobre aborto ha avanzado en 3 países latinoamericanos en los últimos 4 años. Mientras tanto, en otros territorios, las luchas de las mujeres por el derecho a decidir continúan. En el marco del Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre, Ruda te comparte una radiografía de la situación en el subcontinente.

Tribunal Supremo de Brasil somete a votación despenalización del aborto, que al practicarse en condiciones inseguras es la primera causa de muerte materna en el país.

La Suprema Corte de México, despenalizó el aborto en todo el país. Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, podrán acceder a servicios de aborto gratuito en los hospitales públicos de ese país.

A sus doce años, Fátima fue obligada a abandonar sus sueños y continuar con un embarazo producto de una violación sexual. Más de diez años después, su caso será conocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La sentencia emitida podría transformar la realidad de miles de niñas embarazadas en Guatemala.

En la actualidad el aborto no está totalmente penalizado en Guatemala, se permite en el caso de ser un aborto terapéutico. A pesar que existe la posibilidad de acceder a este, todavía se tiene mucha incertidumbre al momento de practicarlo, incluso de proponerlo, como una opción ante alguna emergencia obstétrica, por los mitos y la discusión moral conservadora que existe en el país a su alrededor.

En 2017, Camila*, una niña del área rural peruana y víctima de violencia sexual, fue forzada a continuar con un embarazo no deseado. Después de experimentar un aborto espontáneo, fue revictimizada y violentada por las instituciones estatales. Dos años después, el caso fue llevado ante el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien pidió que Perú legalice el aborto cuando involucra violencia sexual en niñas y adolescentes.

El pañuelo verde comenzó a ser utilizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina en 2005. Años más tarde, en 2018, el símbolo cruzaría fronteras y sería utilizado en el resto de Latinoamérica- Una región donde tres de cada cuatro abortos ocurren de forma peligrosa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Beatriz era una mujer joven que vivía con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. En el 2013, el Estado salvadoreño le negó la posibilidad de interrumpir un embarazo que arriesgó su vida. Beatriz murió en 2017, sin embargo, este 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció su caso en dos audiencias que podrían sentar un precedente sobre el acceso a un aborto para las mujeres en Latinoamérica.

El próximo 22 y 23 de marzo será clave para los derechos de las mujeres en El Salvador y para sentar un precedente en los 20 Estados que reconocen la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) debido a que en esa instancia se conocerá el caso Beatriz, en referencia a una joven salvadoreña a la que el Estado le negó el acceso a un aborto terapéutico, por un embarazo de alto riesgo.

La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que permite interrumpir el embarazo hasta la 12 semana de gestación y otras reformas que precisan los motivos de delito de aborto y sus circunstancias, iniciativa que resolvería los mandatos de la Suprema Corte de Justicia y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Desde 1987 cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, esto surge a propuesta de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, como respuesta a los problemas de salud que sufren las mujeres en diferentes países, debido a situaciones de pobreza, violencia, guerras, discriminación y exclusión social.

En rechazo a la aprobación en primera lectura de la modificación al código penal que únicamente incluye despenalizar el aborto bajo una causal (riesgo de muerte de la madre), cientos de mujeres marcharon el domingo 23 de Mayo en Santo Domingo, exigiendo su derecho a decidir.

La Corte Constitucional de Ecuador resolvió declarar la inconstitucionalidad del numeral 2, en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que hace referencia al aborto no punible por la causal violación, y dispuso que la Defensoría del Pueblo deberá preparar un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, en un plazo máximo de dos meses desde la sentencia. El aborto por violación es un paso más de una agenda por el avance de derechos que organizaciones de mujeres y feministas han impulsado en el país hace décadas.