Después de enfrentar años de injusticia, Berta*, una mujer que nació en Guatemala pero vive en El Salvador, recuperó su libertad el 7 de junio de este año. Su caso, marcado por una emergencia obstétrica, la criminalización de las mujeres y penas que se le imponen, también destaca por la fuerza y resiliencia de cientos de mujeres que la han acompañado.

El 23 de septiembre del 2013, Berta era una joven de 18 años, que residía en una zona rural y fronteriza entre Guatemala y El Salvador, era trabajadora de una casa particular y estaba embarazada. De manera inesperada experimentó complicaciones y un parto antes de término. Ante la urgencia de la situación, su madre solicitó ayuda a un vecino para llamar a los servicios de urgencia y asegurar la atención médica necesaria. Sin embargo, al día siguiente, Berta fue detenida por las fuerzas de seguridad en el Hospital Nacional de Ahuachapán, bajo sospechas infundadas de haber cometido un aborto y no realizar “lo suficiente” para continuar con el embarazo.

 La Fiscalía General de El Salvador la acusó de homicidio agravado en grado de tentativa, sin justificar de manera precisa las razones detrás de dicha acusación. Berta fue encontrada culpable por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán el 2 de julio del 2014 y condenada a 15 años de prisión.

 Si bien, Berta recuperó su libertad, su caso estuvo marcado por una serie de violaciones a sus derechos fundamentales. Fue arrestada sin una orden judicial, se le impuso prisión preventiva sin justificación suficiente y no tuvo acceso a una representación legal adecuada. Además, se violaron sus derechos a la presunción de inocencia y su derecho a un juicio justo, según organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en ese país.

 Para las feministas salvadoreñas, es importante destacar que la detención de Berta estuvo fundamentada en discriminación, debido a su género, su condición socioeconómica y su rol como mujer en una zona rural. Estos prejuicios y estereotipos influyeron negativamente en su caso, impidiendo una evaluación imparcial de los hechos.

 A pesar de estas adversidades, Berta se mantuvo fuerte y decidida a luchar por su libertad y demostrar su inocencia. Con el apoyo de defensoras legales y organizaciones de derechos humanos, finalmente lo logró.

Mujeres del hospital a la cárcel

 En El Salvador, las mujeres enfrentan enormes dificultades para acceder a servicios de salud de calidad y especializados. Según el informe de derechos de las mujeres en El Salvador del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​ (CLADEM), la interpretación limitada del derecho a la salud en el país, mantiene patrones discriminatorios de género que tienen un impacto negativo en la salud de las mujeres, adolescentes y niñas. 

 Esta situación se manifiesta claramente en la escasez y falta de suministros, de servicios, información, equipos y medicamentos relacionados con la salud sexual y reproductiva para las mujeres, lo que ha contribuido a altas tasas de mortalidad materna.

 Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) y documentados en el informe Del Hospital a la Cárcel, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, se han registrado 181 casos de mujeres en El Salvador que han sido encarceladas debido a la controversia legal que existe respecto a la penalización para los abortos espontáneos como resultado de complicaciones obstétricas, o bien, por ser acusadas de haber causado la muerte de sus hijos o hijas al no “hacer lo suficiente” durante las emergencias.

 Aunque se ha logrado resolver la situación jurídica y sobreseer 64 de los casos registrados, es profundamente preocupante que estas mujeres hayan enfrentado inicialmente la privación de su libertad y la estigmatización asociada, señalan las organizaciones de mujeres. 

 Durante más de 23 años, el Código Penal de El Salvador ha criminalizado el aborto, tanto por el consentimiento de la persona gestante como por la participación de terceras personas en la interrupción del embarazo.

 En el documento aborto terapéutico salva la vida de las mujeres se explica que a pesar de los avances en los derechos reproductivos, el acceso pleno a la interrupción del embarazo en casos de alto riesgo aún no está garantizado para las mujeres salvadoreñas. Esto expone a las mujeres a graves daños en su salud e incluso a la muerte.

El caso de las guatemaltecas

 En Guatemala según el Código Penal, en su  Artículo 137 solo se permiten el aborto terapeútico. "No es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico; si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos". 

En abril del 2021, se produjo un incidente en el cual una mujer de 26 años ingresó a la sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Tiquisate, Escuintla, en la Costa Sur de Guatemala. En consecuencia, la joven fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC) bajo la acusación de haber llevado a cabo "un aborto premeditado", según informó inicialmente la institución en redes sociales, aunque posteriormente la publicación fue eliminada. La mujer fue puesta bajo custodia y posteriormente compareció ante un juez.

 Después de tres días de su detención, el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla decidió iniciar un proceso judicial contra ella por el delito de aborto procurado. Como medida cautelar, se le otorgó la posibilidad de arresto domiciliario, bajo la condición de firmar un libro de control del Ministerio Público (MP).

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Del hospital a la prisión: la judicialización de mujeres por emergencias obstétricas 

 Al respecto, Sabrina Pérez, representante de la Asociación Mujeres en Solidaridad (AMES), destaca que en Guatemala, a pesar de contar con la legislación que permite el aborto terapéutico, aún se observa una considerable criminalización cuando las mujeres experimentan emergencias obstétricas. 

 Similar a lo que sucede en El Salvador, en Guatemala las mujeres se enfrentan a la criminalización y son señaladas, como sucedió en el caso de Berta, quien tuvo que enfrentar la privación de su libertad debido a una emergencia obstétrica.

 Esta realidad refleja la falta de protección legal y amparo para las mujeres que atraviesan situaciones de emergencia por ese tipo de complicaciones. 

 La criminalización y la privación de la libertad se convierten en una respuesta desproporcionada y perjudicial desde el Estado, en lugar de brindar el apoyo y la atención médica necesaria que las mujeres necesitan. Para Sabrina, es fundamental trabajar hacia ese enfoque, basado en los derechos humanos de las mujeres y así garantizar el acceso a servicios de salud adecuados, como al resguardo de su integridad y dignidad.

Estigma y barreras en derechos sexuales y reproductivos

 Ximena Aguilar, coordinadora de Incidencia Política en la organización guatemalteca INCIDEJOVEN, destaca que existen múltiples barreras en el país para acceder a la educación y el ejercicio pleno de la sexualidad, especialmente para las mujeres. 

 Estas barreras incluyen los paradigmas sociales conservadores y punitivos que condicionan a las personas, generando estigma y miedo a buscar información y educación sexual. Además, el temor a ser juzgadas o señaladas por la sociedad impide que las mujeres puedan acceder a métodos anticonceptivos o condones de una manera segura e informada.

 Ximena explica que desde el ámbito social, el sistema educativo no proporciona la educación integral en sexualidad que se requiere. Además, el sistema de salud carece de la capacidad suficiente para cubrir las necesidades en salud sexual y reproductiva, lo cual dificulta el acceso a métodos anticonceptivos y atención médica oportuna. 

 Asimismo, la legislación restrictiva en algunos países, como Guatemala y El Salvador, obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y adolescentes.

 Se debe cumplir con múltiples certificaciones médicas para demostrar que la vida de la madre corre riesgo antes de plantear la solicitud de interrupción del embarazo por emergencia, comentó Ximena.

 La falta de ambientes seguros para explorar la sexualidad, especialmente durante la adolescencia, también contribuye a prácticas sexuales inseguras. Estas barreras sociales y culturales limitan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, generando desigualdades y vulnerabilidades para las mujeres.

 Derechos sexuales y reproductivos 

 La situación descrita por Sabrina sobre la falta de atención y abandono de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guatemala evidencia que existe negligencia por parte del país en abordar de manera adecuada temas vitales como los métodos anticonceptivos, la mortalidad materna y la violencia sexual.

 "En Guatemala, a pesar de que las mujeres somos más del 50% de la población, no hay leyes, no hay nada que decida los derechos de las mujeres. Las pocas leyes que existen ni siquiera están a nuestro favor. Hay bastantes sesgos, bastantes agujeros en estas leyes donde no protegen la vida de las mujeres" , explicó Sabrina.

 Es recurrente que cuando ocurre una emergencia obstétrica el personal encargado de atender estos casos a menudo carece de sensibilización adecuada y no brinda la atención necesaria a las mujeres, por el contrario se les recrimina o prejuzga. En general, existen pocos espacios donde las mujeres puedan encontrar orientación y apoyo ante esa situación.

 En Guatemala, como sucede en la mayoría de la región centroamericana, “el aborto, por cualquier razón, ya sea por emergencia o por decisión, es algo de lo que no se habla", destaca Sabrina.