En El Salvador las personas defensoras de derechos humanos no tienen una ley que respalde su labor. Esta situación de vulnerabilidad se agrava cuando quienes hacen este trabajo son mujeres lideresas.

Juana Alonzo Santizo llegó a Guatemala este domingo 22 de mayo, procedente de México. Entre lágrimas y abrazos se reencontró con su familia y organizaciones que lucharon por su libertad, siete años después desde que salió de su lugar de origen. En 2014 quedó en prisión preventiva en una cárcel de Reynosa, Tamaulipas, sin que la justicia mexicana declarara su culpabilidad o inocencia. Fue acusada de secuestro por la Policía Estatal, un delito que nunca cometió, según dijo.

“Una identidad de género diferente no significa que no podamos tener el derecho a una vida plena y sin violencia”, dice Mónica Estefanía Chub y ella sabe de qué habla: es la única persona trans de su comunidad en Chimaltenango, Guatemala. Marcha por el orgullo, milita desde los espacios que le dan aire a la intersección de las batallas diversas, feministas, indígenas y populares y destaca la importancia que tuvo su madre en la construcción de su plena identidad.

El caso de Juana no es aislado, en México se violan de forma generalizada los derechos humanos de las personas migrantes y existe un patrón de acusaciones penales “fabricadas”, basadas en estigmas y prejuicios en su contra promotores de la Liberación Migrante.

Durante cinco días, del 25 al 29 de abril, se realizó el Encuentro Continental Mujeres, Territorio y Libertad de Expresión en Chimaltenango y Sacatepéquez, Guatemala. Se encontraron 10 países del territorio de Abya Yala para dialogar, reflexionar y construir estrategias acerca de la labor del periodismo comunitario en sus territorios, sobre todo como una herramienta para acompañar la lucha y resistencia de los pueblos originarios y las mujeres.

Valle de Palajunoj: un territorio que resiste tras décadas de abandono

El 10 de febrero la Fiscalía especial contra la impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), actualmente dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche; quien ha sido tachado de archivar casos que anteriormente seguía esta fiscalía liderada por Juan Francisco Sandoval, emitió órdenes de captura contra varias personas: entre ellas mujeres denunciadas por Fundación Contra el Terrorismo por el caso “cooptación y corrupción judicial”.A este caso las autoridades han declarado bajo reserva.