En mayo de 2019, organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos presentaron cinco casos de niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual y obligadas a ser madres al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Dicha entidad podría emitir una sentencia para el conjunto de sucesos, conocidos como Golpe Regional, en julio del 2023. Esta decisión sentará un precedente para la garantía de la salud sexual y reproductiva de las niñas en la región.

En Guatemala, hasta septiembre del 2022 se han registrado 57,163 nacimientos que corresponden a niñas y adolescentes menores de 19 años y de estas se han identificado 26 muertes maternas, según datos del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar).