Efraín Bámaca Velásquez conoció la pobreza cuando era adolescente. Su madre murió por no tener acceso a antibióticos.

Sencillo, de voz suave y leal, así lo describe Jennifer Harbury, su esposa, quien lo conoció en 1990, cuando llegó al volcán Tajumulco y quien por 32 años lo ha buscado de manera incansable a pesar de la denegación de justicia por el Estado guatemalteco.  

En Sepur Zarco de El Estor, Izabal, las abuelas que lograron la condena en contra de dos militares en 2016, responsables de delitos contra los deberes de humanidad, conmemoraron un año más de esta sentencia. Sin embargo, las medidas de reparación dictadas no han sido cumplidas porque la comunidad no cuenta con certeza jurídica de sus tierras.

En el Parque Intercultural, una antigua zona militar, se inauguró el “Muro de los Ojos Abiertos”, un espacio acondicionado con las fotografías de algunas de las víctimas del Conflicto Armado Interno del departamento de Quetzaltenango.

En conmemoración del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI), decretado en el 2004 por el Congreso de la República, organizaciones civiles encabezadas por lideresas, líderes comunitarios y sobrevivientes, realizaron hoy una marcha desde la Corte Suprema de Justicia hasta la Plaza de las Niñas. Las y los manifestantes honraron la memoria de sus familias y continuaron su legado con la demanda de medidas de reparación y justicia. 

En el Paisaje de la Memoria, en Palabor, San Juan Comalapa, descansan los restos de 172 víctimas de la violencia estatal que tuvo sus años más cruentos en los 80. En su memoria, un grupo de familiares y sobrevivientes, la mayoría mujeres, acudió el pasado 22 de febrero a depositar frutas, flores y velas en este lugar que recuerda el horror que se vivió. Entre las visitantes estaban Martina Otzoy y Elvira Yool, esposa y hermana de dos desaparecidos quienes tras 45 años de ausencia continúan en la búsqueda de sus familiares, desaparecidos por el Ejército en 1982.

Vianney Claret Hernández, madre de una de las víctimas mortales del incendio en el Hogar “Seguro”, declaró en el juicio contra ocho exfuncionarios el pasado 20 de febrero. Vianney, conocida por ser una de las madres que más se han movilizado para buscar justicia, relató cómo vivió el día en que murieron bajo la custodia del Estado 41 niñas, y quedaron lesionadas 15 más, además de las represalias que ha sufrido por parte de los acusados y acusadas.

Paulina Ixpatá Alvarado, sobreviviente de las masacres perpetradas en Rabinal, Baja Verapaz, durante la Guerra Civil, declaró en el juicio por el Caso Mujeres Achi’, en el que están acusados tres expatrulleros de Autodefensa Civil (ex PAC) por violencia sexual y crímenes contra los deberes de la humanidad cometidos contra 36 mujeres. La testiga reconoció en los imputados Félix Tum Ramírez y Pedro Sánchez Cortés, a los hombres que la violaron en un destacamento militar durante 25 días, en 1983.

Durante la Guerra Civil, la violencia sexual perpetrada contra las mujeres Achi’ por parte del Ejército y los grupos paramilitares fue deliberada, de acuerdo al peritaje presentado en la más reciente audiencia. Las brutales agresiones se dirigieron hacia ellas, tanto por su género como por su etnia.

Una de las 15 sobrevivientes del incendio en el Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción testificó en el juicio este 10 de febrero. La joven, quien en ese entonces tenía 17 años, denunció que el día del crimen fue sacada del hospital donde estaba siendo atendida para ser encerrada en el aula donde murieron 41 niñas.

Continúa el juicio del caso Mujeres Achi', en el que 36 mujeres sobrevivientes de violencia sexual y crímenes contra la humanidad llevan ante la justicia, en una segunda ocasión, a tres exparamilitares por estos delitos. Este se lleva a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, y en su segunda audiencia realizada el 30 de enero se conoció el peritaje realizado por el Ministerio Público, que expuso la magnitud del daño que tuvo esta violencia sobre la vida de las 36 querellantes. Los efectos, dijo una de las expertas, fueron intergeneracionales.

Luego de que la jueza Claudette Domínguez cerrara el caso en 2018, 36 mujeres Achí de Rabinal vuelven a llevar a tres expatrulleros de Autodefensa Civil (PAC), por violencia sexual y delitos de lesa humanidad, ante la justicia.  Tras más de 40 años de lucha, las mujeres Achi alzan su voz para que los crímenes cometidos por el Estado durante la guerra interna en Guatemala no queden impunes. Este 28 de enero iniciaron las audiencias del segundo juicio.

El expresidente Jimmy Morales era informado por su asesor presidencial, Carlos Beltetón, sobre lo que ocurría el 7 y 8 de marzo de 2017 en el Hogar “Seguro”. En la audiencia del 20 de enero, Luis José Blanco Valle, analista del Ministerio Público (MP), exhibió la investigación realizada sobre el registro de llamadas telefónicas hechas y recibidas por los acusados los días en que se desarrolló la tragedia. 

Los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo volvieron a beneficiar al general retirado Benedicto Lucas García al aceptar la recusación que se presentó en contra del Tribunal de Mayor Riesgo “A” quien adujo que el Tribunal mostró parcialidad, lo cual obligaría a repetir nuevamente el juicio.

La sentencia del juicio sobre genocidio y delitos de lesa humanidad contra el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, está por dictarse. El camino hacia la justicia ha sido largo y sobre todo, lleno de obstáculos. El Estado guatemalteco durante décadas negó que haya existido genocidio en el país; fue España, apegada al derecho internacional, quien inició este camino en la búsqueda de justicia para los familiares de las víctimas que dejó la guerra en Guatemala, en la que el pueblo Ixil fue de los más afectados en todo el país.

Cuando el juicio por genocidio contra el general retirado Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, se encuentra en su etapa final, sus abogadas defensoras buscan que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” nombre a otro Tribunal para juzgarlo.

En la Sala Primera de Apelaciones se realizó una vista pública donde las partes expusieron sus argumentos.

Un total de 95 artistas de Guatemala, México y Panamá llenarán con su voz y música el acogedor valle rodeado de volcanes y cerros, en el municipio de San Juan del Obispo, Sacatepéquez, dedicará la presentación del 29 de noviembre a Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años que fue víctima de desaparición forzada en 1981, un caso que ha sido llevado a los tribunales del país.

Con el amparo la defensa buscaba suspender la audiencia por genocidio que se realiza en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, sin embargo, el juez presidente Gervi Sical y los jueces vocales dieron tramite a la recusación. La defensa de las víctimas considera que el amparo es ilegal y busca impunidad.

El juicio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, está en su etapa de conclusiones. Ahora le corresponde a la defensa presentar las mismas, las cuales realizó con apoyo de dos consultores, sin embargo, una jornada no fue suficiente para finalizar por lo que el miércoles 13 de noviembre seguirá en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”.

Matilde fue desaparecida mientras viajaba en un autobús. El 13 de enero de 1983 en Cobán, miembros del ejército de Guatemala en un retén en la carretera detuvieron y desaparecieron a Matilde, ella viajaba con un compañero llamado Otto, él corrió la misma suerte.  El contexto de los años ochenta fueron el recrudecimiento de la política contrainsurgente del Estado contra las comunidades indígenas, en su mayoría población no combatiente, población civil.

Ella era una mujer maya Q’eqchí nació el 14 de Marzo del 1954 a eso de las 10 de la noche en la ciudad de Cobán Alta Verapaz, departamento de Guatemala, sus padres son Francisco Col Pacay y Albertina Choc, juntos tuvieron seis hijos e hijas más. “Mati” como cariñosamente le decían los amigos y amigas, era soñadora, aplicada y estudiosa.