Los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo volvieron a beneficiar al general retirado Benedicto Lucas García al aceptar la recusación que se presentó en contra del Tribunal de Mayor Riesgo “A” quien adujo que el Tribunal mostró parcialidad, lo cual obligaría a repetir nuevamente el juicio.

La sentencia del juicio sobre genocidio y delitos de lesa humanidad contra el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, está por dictarse. El camino hacia la justicia ha sido largo y sobre todo, lleno de obstáculos. El Estado guatemalteco durante décadas negó que haya existido genocidio en el país; fue España, apegada al derecho internacional, quien inició este camino en la búsqueda de justicia para los familiares de las víctimas que dejó la guerra en Guatemala, en la que el pueblo Ixil fue de los más afectados en todo el país.

Cuando el juicio por genocidio contra el general retirado Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, se encuentra en su etapa final, sus abogadas defensoras buscan que el Tribunal de Mayor Riesgo “A” nombre a otro Tribunal para juzgarlo.

En la Sala Primera de Apelaciones se realizó una vista pública donde las partes expusieron sus argumentos.

Un total de 95 artistas de Guatemala, México y Panamá llenarán con su voz y música el acogedor valle rodeado de volcanes y cerros, en el municipio de San Juan del Obispo, Sacatepéquez, dedicará la presentación del 29 de noviembre a Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años que fue víctima de desaparición forzada en 1981, un caso que ha sido llevado a los tribunales del país.

Con el amparo la defensa buscaba suspender la audiencia por genocidio que se realiza en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, sin embargo, el juez presidente Gervi Sical y los jueces vocales dieron tramite a la recusación. La defensa de las víctimas considera que el amparo es ilegal y busca impunidad.

El juicio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, está en su etapa de conclusiones. Ahora le corresponde a la defensa presentar las mismas, las cuales realizó con apoyo de dos consultores, sin embargo, una jornada no fue suficiente para finalizar por lo que el miércoles 13 de noviembre seguirá en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”.

Matilde fue desaparecida mientras viajaba en un autobús. El 13 de enero de 1983 en Cobán, miembros del ejército de Guatemala en un retén en la carretera detuvieron y desaparecieron a Matilde, ella viajaba con un compañero llamado Otto, él corrió la misma suerte.  El contexto de los años ochenta fueron el recrudecimiento de la política contrainsurgente del Estado contra las comunidades indígenas, en su mayoría población no combatiente, población civil.

Ella era una mujer maya Q’eqchí nació el 14 de Marzo del 1954 a eso de las 10 de la noche en la ciudad de Cobán Alta Verapaz, departamento de Guatemala, sus padres son Francisco Col Pacay y Albertina Choc, juntos tuvieron seis hijos e hijas más. “Mati” como cariñosamente le decían los amigos y amigas, era soñadora, aplicada y estudiosa.

Los militares fueron capturados por uno de los casos de desaparición forzada más grande de América Latina, luego de que se localizaran 565 osamentas en 14 exhumaciones realizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) entre 2022 y 2015. La resolución de una sala que otorgó un amparo a uno de los militares anula todo lo actuado en este proceso y ordena poner en libertad a los militares, uno de ellos prófugo.

Con consignas revolucionarias estudiantes de la USAC, sindicalistas y ciudadanos conmemoraron el 80 aniversario de la Revolución del 20 de octubre. Uno de los momentos más importantes de la conmemoración fue cuando la vicepresidenta Karin Herrera ratificó las disculpas, en nombre del Estado, por el asesinato del dirigente estudiantil de la AEU, Oliverio Castañeda de León, quien fue asesinado el 20 de octubre de 1978, a pocos metros de la plaza de la Constitución.

Continúa el juicio por el Caso Hogar Seguro con la declaración de cuatro oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Los y las  agentes fueron parte del grupo llamado para resguardar a las y los adolescentes que escaparon del albergue el 7 de marzo del 2017. 

Una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka contiene una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco. Expertos consideran creíble la información y señalan coincidencias con documentos de la época, pero piden cautela hasta verificar su contenido

La Fundación Sobrevivientes realizó un homenaje a Cristina Siekvizza este viernes 26 de julio, tras cumplirse 13 años de su desaparición.

“El movimiento sindical era la pieza clave a la que había que neutralizar. Esto constituye crímenes de Estado, así que hay que demandar la persecución de los responsables que todavía están vivos, porque este Estado nos debe de dar justicia”, con estas palabras abrió su ponencia Rosa María Wantland durante el evento Jornada de Dignificación de las y los Mártires Sindicales, realizada en el Palacio Nacional de la Cultura el 26 de junio, en el marco del Día Nacional Contra la Desaparición Forzada.

Los ministerios de Cultura y Deportes y de Educación, dieron inicio con las medidas de reparación para las abuelas de la comunidad Sepur Zarco. Una de estas contempla la realización de un documental sobre estas mujeres y su lucha en la búsqueda de la justicia.

Con 45 minutos de retraso inició la audiencia del #CasoHogarSeguro este jueves 13 de junio, debido a que los abogados de las personas sindicadas no acudieron a la cita de manera puntual. En esta ocasión se presentaron 24 audios con las voces de las testigas y personal de la Policía Nacional Civil (PNC), a puerta cerrada para resguardar la integridad de las sobrevivientes del incendio.

La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, presidenta del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, negó la solicitud de medidas sustitutivas a Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, quien en 2017 fungía como subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), por sospecha de obstaculización a la averiguación de la verdad. Marroquín Carrillo enfrenta un juicio por la masacre de niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017.

El 20 de mayo de 1999 el Archivo Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) hizo público el documento denominado Diario Militar. En él se registran graves delitos de lesa humanidad contra niños, niñas y adolescentes, así como en contra de mujeres, cuatro embarazadas, perpetrados por miembros de estructuras de inteligencia del Ejército de Guatemala. 

La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, en 2023, en la que se absolvió a ocho acusados por la masacre de 25 personas, en su mayoría niños y niñas, en el caserío Rancho Bejuco, en Baja Verapaz, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt en 1982.

En el día 14 del juicio en contra de Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército, sobrevivientes relataron como fueron tratados por los soldados al llegar a sus aldeas. “Nos iban a matar como animales, eso éramos para ellos”, señaló el testigo Ambrosio Santiago. Una práctica común del ejército era destruir sus cultivos para que los sobrevivientes murieran de hambre.