La delegación de la CIDH comenzó este lunes una visita in loco a Guatemala, después de siete años de no visitar el país. Las actividades incluyen encuentros con organizaciones de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, pueblos indígenas, estudiantes, gremios empresariales y sindicatos.

Luego de la reunión que duró casi cuatro horas con el presidente Alejandro Giammattei las autoridades indígenas anunciaron que las manifestaciones y tomas de carretera continuarán. “Si no tiene carácter para pedir la renuncia, él también se va a ir”, recalcó Rigoberto Juárez Mateo, autoridad maya Q’anjob’al de Huehuetenango.

Dos años han pasado desde el 21 de noviembre del 2020, día en el que se realizaron diversas manifestaciones sociales en el país en repudio al Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República. Durante la jornada, la Policía Nacional Civil (PNC) lanzó gas lacrimógeno a las manifestantes, utilizó la violencia y detuvo de manera ilegal a 40 personas. Desde entonces, la represión ante la protesta social se ha convertido en una constante.

Fotografía: Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango

Este 11 de octubre, en el marco del Día de la Niña, varias organizaciones civiles se unieron para exigirle al Estado guatemalteco y a las autoridades, protección para que las niñas puedan realizar su proyecto de vida.

Durante tres días, el partido oficialista del Congreso extendió la discusión del Estado de Calamidad para conseguir el apoyo suficiente para su aprobación. La diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez Raguay, junto a otras políticas, lideró la oposición ante un nuevo intento del Ejecutivo por manejar la agenda del Legislativo, logrando consensos con otras agrupaciones que no vieron con buenos ojos la insistencia de Presidencia de la República de sostener la vigencia de la disposición, que fue respaldada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

La Alianza de Mujeres Indígenas exigió que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac declare como “Non Grata” a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien además es catedrática de esa casa de estudios, en medio de la segunda jornada de manifestación del #ParoPlurinacional.

Hace una semana, el Gobierno aprobó y celebró la “Política Pública para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia”. Lo que las organizaciones de sociedad civil pensaban que era un mero compromiso con las iglesias evangélicas es, en realidad, solo la punta del iceberg de una agenda política para frenar la educación sexual y la planificación familiar, y una forma de legalizar la negación de la identidad de género.