La política provida y familia, ¿el iceberg de una agenda para frenar la educación sexual y negar a la diversidad?
Fotografía: Paolina Albani
Hace una semana, el Gobierno aprobó y celebró la “Política Pública para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia”. Lo que las organizaciones de sociedad civil pensaban que era un mero compromiso con las iglesias evangélicas es, en realidad, solo la punta del iceberg de una agenda política para frenar la educación sexual y la planificación familiar, y una forma de legalizar la negación de la identidad de género.
El 2 de agosto, en una reunión de la Comisión de Juventud del Congreso, la diputada Andrea Villagrán dio a conocer que el Gobierno redujo el presupuesto de los programas de planificación familiar a una quinta parte del monto original que es alimentado de los ingresos del impuesto a las bebidas alcohólicas
El Ministerio de Salud Pública permanece en silencio respecto a la reducción, mientras gestiona a marchas forzadas la administración de las vacunas contra el Covid-19.
La decisión sería parte de una estrategia del Gobierno que busca que la educación sexual sea «enseñada» en los hogares y que promueve la abstinencia sexual hasta el matrimonio, como método anticonceptivo principal, con el fin de reducir los embarazos no deseados, así como las muertes materno-infantiles.
De acuerdo al diagnóstico que la política utilizó para respaldar esta estrategia, en 2015, Guatemala tenía una tasa de fecundidad (número de hijos en promedio que tendrá una mujer) de 92 por cada mil habitantes en personas de 15 a 19 años. Cuya tasa para el área rural corresponde a 112 y es de 65 en el área urbana. La media mundial es de 43.9 por mil habitantes.
La tasa ha disminuido desde 2008, pero no de manera significativa. De 3.18 hijos registrados nacidos por cada mujer en 2015 pasó a 2,87 en 2019, de acuerdo a datos de Index Mundi.
La única fuente del Gobierno para respaldar la estrategia es un estudio de 2007, llamado “Explicación de la disminución reciente del embarazo adolescente en los Estados Unidos: la contribución de la abstinencia y la mejora del uso de anticonceptivos” que un grupo de conservadores estadounidenses promovió en el Congreso de ese país y que se opuso al uso de anticonceptivos como alternativa.
Para reducir la morbilidad materna, desnutrición, desintegración familiar y otros temas, el Gobierno implementará 99 programas. Hasta ahora, se desconoce cuáles son y cómo los articulará. Solo se sabe que el Comité Técnico, liderado por el Ministerio de Gobernación (Mingob), elabora un plan de acción para desarrollarlos, así como una campaña de prevención de embarazos.
El viceministro de prevención del Mingob, Carlos Fernando García Rubio, es uno de los encargados de la campaña. Cuando se le preguntó si esta incluiría mensajes de penalización a los agresores sexuales dijo que “no, porque eso está implícito en la ley” y nadie puede alegar ignorancia de ella. Luego dijo que esto le correspondía al Ministerio de Educación, que hasta antes de la publicación de esta historia aún no respondía a las preguntas de Ruda.
En junio de este año se reportaron tres casos de violencia sexual en centros educativos de Alta Verapaz, cometidos por profesores y un funcionario de la dirección departamental de educación. Los casos recientemente salieron a la luz, pero los hechos ocurrieron en 2018.
El Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista que lleva el caso, dijo que el Estado debe reformar los mecanismos y procedimientos administrativos para asegurar espacios y ambientes seguros para los niños y adolescentes dentro de las aulas.
Meses antes, entre febrero y marzo de 2021, hubo un aumento de más de setecientas víctimas de violencia sexual a nivel nacional. La cifra pasó de 2 mil 212 víctimas a 2 mil 928, según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). De 2017 a 2020, se registraron 19 mil 439 embarazos en niñas de 10 a 14 años, según datos del Ministerio de Salud Pública.
A raíz de la coyuntura, se han propuesto iniciativas de ley como la de Educación Sexual Integral en la Niñez y Adolescencia que contemplaba dar charlas sobre sexualidad a los estudiantes desde cuarto grado de primaria. En 2019, Alejandra Carrillo propuso la iniciativa para la Protección Integral a la Niña víctima de violencia sexual, pero ninguna prosperó.
El estudio de Flacso “Vidas Silenciadas” de Ana Lucía Ramazzini, reveló que “las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicidio hasta tres veces mayor que en adolescentes no embarazadas”.
Algunas de las características comunes que Ramazzini encontró en el estudio de los casos documentados de suicidio en adolescentes embarazadas entre 2009 y 2019, tienen que ver con la etnicidad, predominantemente maya; las condiciones de pobreza, el nivel escolar, la religión, principalmente cristiana; y si eran víctimas de violencia de género.
¿Por qué la abstinencia no funciona?
En el primer semestre de 2021 se han registrado 36 mil 238 mil embarazos. Al menos 948 niñas de entre 10 y 14 años, el 2.61%, se han convertido en madres. Los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango y Petén son los que más casos han reportado, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR).
Myrna Montenegro, directora del mismo, dice que el método de abstinencia para evitar embarazos no ha funcionado en una serie de países porque tener relaciones sexuales tiene que ver con cambios hormonales, cambios fisiológicos y también por la vinculación que las relaciones sexuales tienen con la autoestima, la falta de empoderamiento individual y de una cultura que respete el “no” de las mujeres.
“Las relaciones sexuales -pueden iniciarse- por presión social o por violencia, en caso de los adolescentes. Funciona más mejorar las condiciones de vida de los adolescentes a través de la educación sexual. Antes se decía que llegaran a sexto primaria como factor protector. Ahora se sabe que por lo menos tienen que llegar a tercero básico con enseñanza de la Educación Integral Sexual -EIS”, dice.
Las cifras muestran, continúa diciendo, que el acceso a la consejería y métodos anticonceptivos que forman parte de la educación integral sexual, son una manera para disminuir los embarazos.
Lins Tillit, directora del Colectivo de Mujeres Alas de Mariposa, opina lo mismo.
“La abstinencia no funciona para nada. Es un tabú negar el derecho al placer en el cuerpo y verlo únicamente en función a la reproducción, que generalmente, es visto desde un ángulo religioso. Muchas mujeres hemos reivindicado ese derecho al placer en vez de la reproducción. Es parte de los derechos sexuales y reproductivos que no está siendo tomado en cuenta en la política”.
De acuerdo a las entrevistadas, las influencias religiosas de la política quieren controlar el cuerpo de las mujeres a través de la culpa y de la idea de que tener relaciones extramaritales es pecado.
“La política pública tiene que buscar el bienestar de esa población -los adolescentes- y no un bienestar que prometa que al morirte te vas al cielo, y allí tendrás tu recompensa. El bienestar debe ser ahorita. La religión eso te vende. La iglesia es el mayor agente patriarcal”, señala la Directora de Osar.
La Unesco también ha señalado anteriormente que “la educación sexual, dentro o fuera de la escuela, no aumenta la actividad sexual, ni los comportamientos sexuales considerados de riesgo ni el número de contagios de enfermedades de transmisión sexual, como el sida. Además, los programas de abstinencia total no evitan la precocidad sexual entre los jóvenes y tampoco reducen la frecuencia de las relaciones sexuales ni el número de parejas”.
Pero todas estas referencias no fueron tomadas en cuenta dentro de la política.
¿Qué es la educación integral en sexualidad?
La educación integral en sexualidad (EIS) es un enfoque de la educación sobre sexualidad basado en los derechos humanos y la perspectiva de género. Incluye información sobre el desarrollo humano, la anatomía y la salud reproductiva. También sobre anticoncepción, parto e infecciones de transmisión sexual.
De acuerdo al Fondo de Población de la ONU (Unfpa), la EIS “va más allá de dar información ayudando a los jóvenes a explorar y cultivar valores positivos en torno a su salud sexual y reproductiva” pues abarca el análisis de la vida familiar y las relaciones, la cultura y los roles de género, además de abordar los derechos humanos, la igualdad de género y amenazas tales como la discriminación y el abuso sexual.
En Guatemala, algunas leyes que abordan la EIS son: Ley de Desarrollo Social, Ley de Maternidad Saludable y la Ley de Planificación Familiar. En 2016, se propuso la iniciativa de Ley de Educación Sexual Integral en la Niñez y Adolescencia, pero no avanzó más allá de la fase de dictamen.
¿Condenar a las embarazadas o al violador?
Las organizaciones consultadas resaltaron que la política no aborda la violencia sexual como una de las causas de los embarazos en adolescentes porque maneja conceptos tradicionales que representan un retroceso en los derechos humanos.
“El Estado debería de dar protección a las niñas víctimas de violencia sexual y a sus bebes, pero no vemos nada de eso en lo operativo. Hay que ampliar el término de la protección de la vida y pensar en las personas que son vulnerables, en Guatemala mueren por hambre, enfermedad, por Covid-19 y enfermedades crónicas. Vamos a ver que muchas mujeres pasan la maternidad en soltería, entonces debemos hablar de varios tipos de familia y no solo una idealizada porque allí también hay problemas de salud mental, violencia sexual, hay pobreza, hay desnutrición”, recalca Montenegro.
En esto coincide Linda Amezquita, de la organización Jóvenes contra la Violencia:
“La política dice `embarazos en adolescentes`, pero debería de hablar de embarazos provocados por violaciones en adolescentes. Pareciera que hay una imagen de represión a las adolescentes, la negación a ver de dónde viene el problema. Si tenemos una concepción errónea sobre que el problema es que las embaracen y no que la violen, no vamos a poder atender y resolverlo”.
“El Presidente más que tener una respuesta para resolver la problemática de la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra niñas y adolescentes, lo que hace es reforzar la idea de una familia perfecta, sin reconocer la diversidad de estas. No aborda el tema de los agresores sexuales”, asegura Tillit.
La política también refiere que “la educación sexual de la niñez y adolescencia que debe ser adecuada a la edad, respetuosa de la moral de la familia y con previa autorización de los padres y en constante comunicación con ellos, quienes son los primeros y principales educadores”.
La educación sexual dada por los padres ha sido un tema recurrente, pero “hay investigaciones y encuestas donde los mismos padres dicen: yo no sé cómo -hacerlo-. Mejor que se lo enseñen en la escuela”, refiere Montenegro. Un reto para difundir la EIS es la educación híbrida, señala.
Recientemente, la Comisión de Juventud se reunió con organizaciones de sociedad civil para crear una nueva iniciativa de ley a favor de la juventud que promoverá la educación sexual integral e incluirá una campaña para desmentir tabús.
La aprobación de la política provida y profamilia coincide con un evento que la Asociación la Familia Importa (AFI) realiza casi todos los años, la Caravana por la Vida y la Familia. Un desfile que realizará el 8 de agosto para decir que Guatemala es “provida”.
Una iniciativa para tratar “trastornos de género”
La orden del día 31 de julio, contemplaba que el Pleno conociera la iniciativa 5940, Ley para garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia contra los trastornos de la identidad género. Una propuesta para la que Allan Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Legislativo, todavía reúne firmas de los diputados, pero no fue conocida. Su presentación sería inminente.
Esta sería la más reciente movida del Gobierno de la agenda que es apoyada y respaldada por el sector conservador y religioso. Las organizaciones creen que está relacionada con negar legalmente, a las poblaciones LGTBI, para “resguardar a la familia tradicional y rescatar a la sociedad”.
“No se quieren dar cuenta que muchas veces en las mismas familias ocurren los peores abusos. Mientras el Estado no reconozca la diversidad de las familias, no vamos a avanzar en la inclusión y eso es de la lógica reproductiva de las familias”, concluyó Lillith.