Maryori, Brandon y Teffy, víctimas de crímenes de odio contra personas LGBTIQ+

En un país sin mecanismos adecuados para atender los crímenes de odio o motivados por prejuicios, Teffy Balizari y Brandon Giancarlo Sagastume fueron asesinados la noche del pasado 8 de mayo en Zacapa. Esa misma noche, también atacaron a Maryori Sousa en la ciudad capital. Los tres asesinatos se suman a otros 8 de personas LGBTIQ+ en el transcurso de este año, según datos del Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+.

Teffy Balizari era una mujer trans que vivía en el departamento de Zacapa, al Oriente de Guatemala. El domingo 6 de mayo, la vieron por última vez en la cabecera municipal, junto a Brandon Sagastume Martínez, un hombre gay de 25 años de edad. Ambos eran personas importantes para su familia y su comunidad, quienes denunciaron sus desapariciones inmediatamente. 

No obstante, la noche del 8 de marzo, Teffy y Brandon fueron encontrados en la carretera que conduce hacia la aldea San Pablo, en el departamento de Zacapa. Sus cuerpos tenían señales de tortura, según la Asociación Lambda. Esa misma noche fue asesinada Maryori Sousa, una mujer trans de nacionalidad hondureña en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. 

El homicidio como crimen de odio

Visibles, una organización de personas LGBTIQ+ define a los crímenes de odio o crímenes por prejuicio como aquellos que se “habrían cometido precisamente por el hecho de que la víctima era parte de la comunidad LGBTIQ+”. Es decir, son motivados por la intolerancia hacia la identidad de género u orientación sexual de la persona o grupo. Estos crímenes, además, violentan los derechos humanos básicos de la víctima, como el derecho a la seguridad y la vida.

Los crímenes de odio o motivados por prejuicio son el resultado de un sistema social e institucional que niega y estigmatiza a las personas que van en contra de la hegemonía cisgenero y heterosexual, según Natalia Marsicovetere, vocera de Visibles. “Cuando suceden, no solo son violentadas las personas asesinadas, sino también todos los individuos que comparten estas características porque el crimen envía un mensaje de intolerancia hacia las personas LGBTIQ+ en su conjunto. Son actos que nos vulneran a todos”, señaló. 

Lambda ha formulado indicadores que permiten establecer si un hecho violento en contra de personas LGBTIQ+ puede ser un crimen de odio o motivado por prejuicios. Según Diego Lima, coordinador de esta asociación, los casos de Brandon, Teffy y Maryori pueden ser considerados como tal debido al ensañamiento que la violencia y tortura cometida antes y durante su muerte demuestra. “La tortura demuestra la saña y la existencia de un deseo de dañar particularmente a esta población. Es evidente que existía odio y una motivación sesgada violenta que buscaba atacar a personas que son diferentes”, añadió Natalia Marsicovetere. 

“Los estándares internacionales, como el fallo de Vicky Hernández y otras vrs. Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), indican que cuando una persona LGBTIQ+ es asesinada, la primera hipótesis criminal es que el crimen está relacionado con la orientación sexual e identidad de género de la víctima”, señaló Lima. Esta hipótesis debe ser comprobada durante la investigación por la fiscalía determinada. 

El continuum de violencia homicida

Los asesinatos contra las personas LGBTIQ+ no son un fenómeno nuevo en la sociedad guatemalteca. En el año 2021, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ registró un total de 33 asesinatos de personas LGBTIQ+ presuntamente relacionados a su orientación sexual y/o identidad de género. Según Diego Lima, este fue el año más violento para las personas LGBTIQ+. 

En el 2022, 29 personas de la diversidad sexual fueron asesinadas. Esta cifra representa una disminución del 10%  con relación a la cantidad de casos del 2021. Pero la cantidad de crímenes violentos contra la población LGBTIQ+ podría volver a aumentar durante el 2023, según estimaciones del observatorio. 

“Los datos indican que superaremos el número registrado en 2021. Los meses más violentos para las personas LGBTIQ+ son mayo y junio porque se ubican dentro del panorama del orgullo LGBTIQ+. A eso hay que agregarle que nos encontramos en contexto de campaña electoral, que es bastante complejo”, explicó Lima. 

Los asesinatos de Teffy y Brandon son los primeros que el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ ha registrado en el departamento de Zacapa. Dentro de sus registros se encuentran solo otros quince departamentos, dentro de los cuales Guatemala e Izabal son identificados como los más violentos para la población LGBTIQ+. 

Otros tipos de violencia 

En Guatemala, el homicidio no es el único tipo de violencia al que las personas LGBTIQ+ están expuestas. Según Visibles, las violencias que una persona LGBTIQ+ enfrenta están también vinculadas a sus otras condiciones de vida, como la clase económica y condición racial. “La manera en la que un hombre cisgénero, gay y blanco que vive en la ciudad experimenta la violencia no es igual a lo que vive una mujer indígena y trans”, señaló Marsicovetere. 

La población LGBTIQ+ vive exclusión sistémica en espacios como el trabajo, los centros educativos y en el sistema de salud. “También existe la violencia correctiva por parte de profesionales de la salud o instituciones religiosas, la cual no es regulada por el Estado”, indicó Visibles. Esta expresión de violencia sucede en programas en las que dichos establecimientos buscan “revertir” la identidad de género u orientación sexual de la persona, obligándolas a pasar por tratos degradantes. Según la ONU, este tipo de conductas equivalen a formas de tortura. 

El estudio Realidades Compartidas, experiencias de violencia y exclusión de las personas LGBTQ+ realizado por Visibles en 2020, evidenció que el 67,13% de las personas LGBTIQ+ experimentan violencia y exclusión en los centros educativos.  Algunas, experimentaron también agresiones verbales (31,49%) y burlas (25,61%) en sus hogares. 

Según el estudio, casi la mitad (48.84%) de las personas LGBTIQ+ sufren discriminación y violencia en sus espacios laborales por su identidad de género u orientación sexual. Además, el 89,62% ha experimentado violencia sexual, en especial acoso sexual callejero (21,11%) y acoso en redes sociales (22,15%). 

Una problemática de Estado 

Para que los ataques en contra de la población LGBTIQ+ se detengan, debe existir un esfuerzo estatal. Este debe estar enfocado en dos dimensiones, según Lambda. “Es necesario abordarlo a través de la prevención de la violencia. Deben existir políticas que incluyan a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP)”, señaló Diego Lima. 

La segunda dimensión es el fortalecimiento del mecanismo de justicia. “El MP no sigue los estándares internacionales, tampoco tienen herramientas de investigación diferenciadas. Al ver un homicidio de una persona LGBTIQ+, lo toman como un homicidio más”, explicó Lima. Un ejemplo de ello es el caso de Andrea González. 

Andrea fue víctima de un transfemicidio el 11 de junio del 2021. Más de un año después, José Roberto Ramírez, el principal sospechoso del crimen fue detenido. El juicio inició en marzo del 2023, pero es conocido por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal y no un juzgado de femicidio. Aunque Andrea era una mujer trans, su caso ha sido abordado como un homicidio común por el MP y el sistema de justicia. 

En Guatemala, la legislación no considera los crímenes de odio o por prejuicio. En el 2017, la diputada Sandra Morán presentó la iniciativa 5278, la cual disponía aprobar la Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio. Esta fue conocida por el pleno del Congreso de la República, pero obtuvo un dictamen desfavorable por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. 

“Necesitamos leyes que nos protejan y políticas públicas que regulen estas formas de discriminación y violencia. Deben también existir sistemas de justicia sólidos y fuertes, que cumplan y le den seguimiento a los casos de violencia porque mientras exista impunidad, estos actos se seguirán cometiendo sin ninguna consecuencia”, indicó Natalia Marsicovetere. 

Aunque no se cuente con una legislación específica para abordar estos casos, es necesario que se creen protocolos de investigación dentro el MP y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, explicó Diego Lima. “Estos brindarán herramientas teóricas y contextuales a los fiscales para que puedan aplicar agravantes a las investigaciones y entender las condiciones de vida de una persona LGBTIQ+ en Guatemala. Se necesita voluntad y conocimientos para hacerlo”. 

Para que los crímenes de odio en contra de la población LGBTIQ+ se detengan, es necesario cambiar la manera en la que la sociedad percibe y valora a la diversidad sexual y de género, según Visibles. Pero también debe cambiar un actor fundamental: el Estado. “Si el Estado legitima estas creencias sociales, el sistema se legitima. Por ello, debe tomar una postura firme en favor de los derechos humanos. Es necesario cambiar estructuralmente la manera en la que las instituciones sociales y estatales perciben y tratan a las personas LGBTIQ+”, finalizó Marsicovetere.