Las voces que exigen justicia en Alta Verapaz

Ruda

Con información de Andrea Rodríguez y Ketzali Pérez

Niñas y mujeres de Alta Verapaz han enfrentado procesos de revictimización durante la búsqueda de justicia, pero la sororidad y acompañamiento de otras mujeres ha sido de gran impulso para los casos.

Alta Verapaz es uno de los departamentos más grandes de Guatemala, el 83.1 por ciento de sus habitantes viven en pobreza y el 53.6 por ciento en situación de pobreza extrema, según la última Encuesta Nacional Ingresos  y Gastos de los Hogares 2021-2022 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, fue campo para destacamentos militares durante el Conflicto Armado Interno, como el de Sepur Zarco, donde se documentó que existieron casos de violencia, abuso sexual y esclavitud de mujeres. Esta pequeña retrospectiva es para ubicarnos en el espacio y tiempo de una región donde las mujeres han sido sometidas a diversos tipos de violencias. 

Durante  la guerra, como ha sucedido en diversos contextos históricos y políticos a nivel mundial, se evidenció que las agresiones sexuales contra las mujeres indígenas fueron una herramienta para afianzar el sistema de dominación patriarcal. 

En nuestra época, en septiembre del 2021, se conocieron las historias de varias niñas de Alta Verapaz, maya Q’eqchi’ y Poqomchi’, que también denunciaron una serie de abusos sexuales por los que exigían justicia. Se tenían registrados no menos de 22 casos en los que se comenzaron procesos judiciales y unas 73 denuncias presentadas, según las organizaciones de abogadas que acompañan los casos . 

El proceso judicial por esas denuncias favoreció a las niñas con una sentencia emblemática  contra Armando Filiberto Vaidez Juárez, conocido como El Profe, quien recibió una condena de 27 años y 8  meses de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años, de la cual además es el padre biológico, pero esa condena aún no tiene una sentencia firme. El 14 de septiembre del 2021 el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de Cobán dictó la sentencia, la cual aún no se confirma porque la defensa presentó un recurso de apelación que está pendiente de resolver.

La abogada y docente de la Universidad Rafael Landívar (URL) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campus San Pedro Claver, S. J., de Alta Verapaz, Juana Guerrero, quien actualmente acompaña algunos casos  de violencia, explica que el sistema de justicia puede tardar hasta cuatro años en emitir una resolución, mientras que para los trámites legales tiene estipulado  aproximadamente un año. “Hay que recordar que tenemos una Corte (Suprema de Justicia) en la que no se han elegido nuevas autoridades en dos periodos. Tenemos 10 años de una dictadura blanda”, enfatiza al explicar que el sistema de justicia se ha vuelto lento.

Eliza, nombre ficticio que recibió la denunciante de este caso, debió pasar por un proceso doloroso para llegar a la condena. La revictimización del sistema no les hace justicia a muchas niñas desde la evaluación física hasta la psicológica. “Se pone en duda a la denunciante y se protege al agresor", puntualiza Guerrero.

La cooptación del Estado es visible en estos casos en los que el Ministerio Público procura impunidad a personas con poder en las localidades. Los maestros han figurado como principales agresores porque los protege personal de la Dirección Departamental de Educación, como en el caso de Eliza. 

Vaidez Juárez, maestro acusado de violar a su hija, es trabajador de la Dirección Departamental de Educación y no fue destituido de su plaza y está libre. El Ministerio de Educación, después de la sentencia se limitó a decir: “Nuestra comisión se limita a seguimiento y registro de casos de violencia en los centros educativos. Cuando se dan en el ámbito privado, no nos enteramos”.

La abogada Guerrero explica que la prisión preventiva, solo se cumple por tres meses y mientras la sentencia no esté firme Vaidez Juárez sigue como parte de un sistema que le procura impunidad.

Con más embarazos en menores 

Las estadísticas de niñas embarazadas en Alta Verapaz revelan que de enero a abril existen 2 mil 665, uno de los departamentos con la cifra más alta después de Huehuetenango y detrás de estos Guatemala y Quiché. En el país, según las estadísticas del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), en el primer cuatrimestre del año se registraron 22 mil 099 embarazos en niñas menores de 19 años. “Cuando vemos esta estadística, vemos que se normaliza el hecho de que haya madres menores de edad. Si tiene menos de 17 años y está embarazada, hubo una agresión sexual”, explica Guerrero. 

La socióloga Silvia Trujillo expone que las normas sociales de género también contribuyen a que esto suceda en comunidades tan afectadas por agresiones sexuales contra las niñas. En muchos casos, las reglas sociales de esta región y del resto del país, dictan que niñas de 11 y 12 años se  casen, pese a que  existe un marco legal en el que se expone que es ilegal que una menor contraiga matrimonio. Sin embargo, ahora para evitar “un acto ilegal” prefieren irse a vivir en unión libre lo que las vulnera aún más.  “Esto hace que las niñas dentro de estas normas sociales pasen a ocupar el papel de madre-esposas”, explica.

En estos ámbitos las cuotas de poder que ejercen funcionarios públicos como los maestros son muy visibles. El Profe, es coordinador de desarrollo institucional y aunque fue de conocimiento público su juicio, siguió laborando normalmente en la Dirección Departamental en la mesa de quejas, prevención del embarazo y acoso sexual.

En Alta Verapaz se complica la administración de justicia también por la falta de recursos, las abogadas penalistas particulares que acompañan los casos explican que hay poco personal y a veces sin poderse trasladar de un municipio a otro. El personal del ente investigador, así como otros equipos que acompañan no son suficientes para atender a la población. 

Acceso a la justicia para mujeres y niñas

En Alta Verapaz, puede que encontrar una sede del Ministerio Público -MP- no sea lo más difícil, sino seguir el proceso de justicia penal. Para las mujeres en una comunidad rural o urbana de Guatemala, mientras esté lejos de la cabecera departamental, acceder a justicia será mucho más difícil por distintos motivos: el costo del transporte, las condiciones de las carreteras, la ausencia de asesoría o acompañamiento de otros órganos estatales que trabajan en conjunto con el MP.

En el departamento de Alta Verapaz el MP tiene presencia en 12 de sus 17 municipios. Tomando como ejemplo el municipio de Santa María Cahabón, donde RUDA tuvo la oportunidad de visitar y acompañar el proceso de denuncia de dos mujeres. Cahabón se encuentra a 60 kilómetros de la cabecera departamental, Cobán. Esta distancia implica un viaje de aproximadamente tres horas en una carretera irregular, con una parte asfaltada y otra de terracería. 

En el municipio existe una jurisdicción del MP y algunas personas hablan el idioma Q’eqchi’. Si una mujer llega a denunciar un caso de violencia le puede tomar 4 horas, entre ser atendida y relatar su denuncia con la persona encargada y cerciorarse de que sea acorde a su relato. En esta etapa muchas condiciones pueden cambiar si la mujer va sola o acompañada de alguien que le apoye en el proceso de denuncia, ya que esa denuncia podría tardar mucho más en llegar a Cobán sin la facilitación de otra organización o de la Red de Derivación Local para Atención de las Víctimas del Delito.

¿Por qué hay más denuncias?

Llegan porque en las redes sociales se han enterado que no es normal y llegan a las organizaciones a pedir ayuda. Pero muchos casos se descubren cuando las niñas llegan por atención al área de salud por un embarazo. Muchos de los casos no es que sean denunciados por ellas mismas, refiere la socióloga Trujillo.

Y aunque el acceso al Estado ha sido difícil, la presencia de organizaciones que apoyan desde lo legal como el Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista y otras organizaciones que apoyan la salud ha hecho que estos casos se empiecen a visibilizar. “Aquí hay varias cuestiones que hay que tomar en cuenta. Está también el caso de niñas que sí están denunciado el acoso de sus maestros. Pero también a las que hay que explicar que estas normas sociales con las que han convivido son violencia”, señala Trujillo.

Las mujeres de estas comunidades también están hablando de la falta de abogados y abogadas penalistas para que acompañen sus casos. Si un hermano agrede sexualmente a la hermana, en la comunidad el rumor es: “Tuvo un hijo de su hermano”, no que el “hermano ejecutó una violación” por esto el trabajo de las organizaciones locales que trabajan en la concienciación es valioso.

Las que acompañan: la labor de Chayo

En Cobán, Alta Verapaz, una mujer se dedica a acompañar a niñas sobrevivientes de violencia en la reconstrucción de sus proyectos de vida. Ella es Rosario, más conocida como Seño Chayo, la encargada de la unidad de derechos humanos y atención a la víctima de la Asociación Comunidad Esperanza.

Rosario acompaña a niñas y mujeres desde hace 13 años. Todos los casos que ha seguido han sido por violencia sexual. Alta Verapaz es uno de los departamentos que registra más denuncias por violencia contra la mujer y violencia sexual.

Para Rosario es importante que los casos de violencia no se vean como una estadística, sino como las historias de vida de niñas y mujeres que hacen grandes sacrificios para continuar los procesos penales.

Así como Rosario,  muchas mujeres en otras partes del país y en Abya Yala, acompañan a otras mujeres, niñas y familias, porque la esperanza de encontrar justicia es latente para cerrar los círculos de violencia.

Cifras de violencia 

Estadísticamente, el departamento de Alta Verapaz es unas de las regiones que presenta un mayor número de denuncias por violencia contra la mujer y violencia sexual. 

2020 al 2021 -     6 mil denuncias 

2023 de enero a abril -   73 capturas de hombres sindicados del delito de 7

violencia contra la mujeres 

2023, embarazos en menores   -   2 mil 665