Estudio refleja obstáculos para la salud sexual y reproductiva
El Consorcio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Guatemala ha dado un paso adelante en la lucha por la igualdad y la justicia al abordar de manera integral los derechos sexuales y reproductivos, con un enfoque prioritario en mujeres y mujeres trans en el país.
La experta en interseccionalidad, Giulia Mareo, destaca que la investigación llevada a cabo en cinco departamentos de Guatemala: San Marcos, Sololá, Izabal, Quetzaltenango y la capital de Guatemala, ha arrojado luz sobre las claras diferencias en privilegios y opresiones que afectan a diferentes segmentos de la población. Los resultados revelan una serie de obstáculos y barreras que impiden el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales.
Uno de los datos sorprendentes del estudio es que, aunque el 94% de las mujeres encuestadas conoce los nombres de los órganos sexuales y reproductivos, un 6% opta por no mencionarlos. “Esto refleja una reticencia y falta de información que exige atención inmediata”, expresó Mareo en la conferencia.
Además, solo la mayoría de las mujeres trans puede identificar adecuadamente sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, las mujeres que viven en comunidades, solo el 16% puede identificar sus derechos sexuales y reproductivos, y el 70% no ha recibido información.
La experta, hace hincapié en una preocupante realidad en Guatemala: la falta de apoyo en salud sexual. Según Mareo, el dato es alarmante, ya que un abrumador 95% de las participantes en el estudio no ha recibido la atención necesaria en este aspecto crucial de su bienestar. Además, sorprende que solo el 38% haya sido acompañado por sus familias y amigas, lo que subraya la necesidad de una mayor concienciación y apoyo social en esta área.
Mareo también destaca un aspecto fundamental, y es que muchas mujeres en Guatemala no sienten que tienen el derecho de disfrutar de su propia sexualidad, lo que resalta la importancia de promover una cultura de empoderamiento y conocimiento en torno a los derechos sexuales y reproductivos en el país.
El estudio pone de manifiesto que la discriminación no se limita al género. El patriarcado, el sexismo y la misoginia son solo una parte del problema. El racismo y las disparidades económicas también desempeñan un papel crucial en la negación de estos derechos. Las comunidades racializadas enfrentan desigualdades sistémicas que limitan su acceso a la atención médica y la educación sexual adecuada.
Mujeres indígenas y con discapacidad
Las mujeres indígenas en Guatemala son particularmente vulnerables, con un 34% reportando haber recibido atención deficiente en sus comunidades y un preocupante 19% sin acceso a servicios en su propio idioma.
Claudia Rosales, de la organización Mujeres Tierraviva e integrante del Consorcio, enfatiza que las mujeres con discapacidad tienen derechos y necesidades que deben ser respetados, incluyendo su sexualidad y reproductividad.
El estudio también señala la presencia de transfobia, con mujeres trans siendo tratadas de manera discriminatoria. Esto se agrava en zonas rurales y periféricas del país.
La desigualdad económica es un factor crítico en esta problemática, ya que muchas mujeres se ven excluidas del mercado laboral y enfrentan barreras económicas para acceder a servicios de salud adecuados.
La investigación destaca la necesidad urgente de abordar desafíos y barreras en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Guatemala. “No se trata solo de una cuestión de género, sino también de racismo, discriminación económica y falta de inclusión, expreso Irene Monzón, mujer trans.
Por lo que hacen un llamado a las instituciones y centros de salud en Guatemala para concienciar sobre la igualdad de género y garantizar que todas las mujeres, incluyendo las mujeres trans, puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos
Una de las estrategias propuestas para mejorar la vida de las mujeres es la realización de acciones de incidencia en los procesos electorales, concienciando sobre el voto, facilitando la información sobre los candidatos y deteniendo la llamada "agenda regresiva" que podría poner en peligro los avances en los derechos sexuales y reproductivos.
