El poder del análisis de datos

Ana Lucía Ramazzini Morales

Socióloga e investigadora feminista

El origen etimológico de la palabra “dato” nos remonta al término latino “datum” que significa “lo dado”. Los datos, precisamente, registran hechos.  Muchas veces, cuando pensamos en analizar datos vienen a nuestra mente números, pero es más que esto.  

El análisis de datos es un proceso sistemático que conlleva la recopilación, organización, limpieza, interpretación y visualización de conjuntos de datos con el propósito de contar con información -significativa y relevante-, que da cuenta de problemáticas específicas en diferentes campos. El análisis de datos abre la posibilidad de generar poderosos debates públicos para la toma estratégica de decisiones.

Desde la Mesa de Justicia Abierta  liderada por GAX ONG, se desarrolló un Programa de Mentorías a través del cual varias de las organizaciones que la integran realizaron análisis de datos acompañados de personas especialistas, buscando posicionar problemáticas que son imprescindibles para que el Estado garantice el derecho a la justicia de poblaciones históricamente vulneradas.

Alas de Mariposas exploró el continuum de violencia contra las mujeres en el sistema de justicia guatemalteco (2008-2024). Los datos evidencian que en promedio se registran anualmente 800 mujeres que pierden la vida de forma violenta. Esto dirige a cuestionar ¿por qué 16 años después de la aprobación de la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, esta violencia no se detiene? Además, el 64% de las denuncias registradas por el Ministerio Público (MP) han sido desestimadas. ¿Qué acciones estratégicas se necesitan para garantizar una justicia especializada, digna y transformadora para las mujeres víctimas de violencia?

FLACSO-Guatemala analizó las denuncias de violaciones sexuales a bebés, niñas y adolescentes en donde los agresores son mayores de edad. Entre los datos se evidenció que hombres jóvenes, entre 18 y 27 años, son mayormente sindicados por violación a adolescentes de 13 y 14 años; y que existen casos en estado de conciliación, lo cual contradice la normativa nacional e internacional. Además, se identificaron 19 casos de agresores mayores de 70 años, donde el 47% de ellos tienen denuncias por violación a primera infancia (0-5 años). Muchos de estos agresores son condenados, pero no son privados de libertad porque los jueces plantean que no representan riesgo, entonces se levanta la discusión sobre a quién defiende el sistema de justicia.

La Fundación Oxlajuj N´oj examinó la violencia contra la niñez y adolescencia en contextos de movilidad humana (2020-2023). El 50% de las denuncias de violencia en contra de población migrante son casos de niños, niñas y adolescentes, víctimas de trata durante su proceso migratorio.  De esas denuncias, el 77% corresponde a niñas y adolescentes mujeres. La atención especializada desde la perspectiva de género sigue siendo fundamental para el abordaje de esta problemática. 

La Asociación de Mujeres Trans en Acción (AMTA) realizó una mirada crítica sobre  las denuncias de violencias contra las mujeres trans en Guatemala y la respuesta del sistema de justicia (2017-2024). El 61% de las denuncias presentadas por mujeres trans corresponden a cinco delitos principales: amenazas, lesiones, discriminación, faltas contra las personas y hurto. Las mujeres trans manifiestan tener miedo de denunciar casos de violencia debido al temor a ser juzgadas, discriminadas o que  no les crean. Además, la discriminación y el estigma en el trato dentro de las instituciones de justicia las disuade de buscar ayuda o informar sobre la violencia que enfrentan.

CREAR desarrolló DiversiData, visibilizando las denuncias de agravios por delitos hacia personas LGBTIQ+ en la Costa Sur (2018-2023). Los datos analizados revelan que, de un total de 751 denuncias a nivel nacional, 46 corresponden a los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu. De estas denuncias, 24 han sido desestimadas o archivadas. El informe plantea la urgencia de formación para funcionarias y funcionarios públicos, la implementación de protocolos que garanticen el respeto a las identidades y expresiones de género y un seguimiento más estricto para evitar la desestimación injustificada de casos.

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) planteó un ejercicio sobre madres que conviven con sus hijos en centros de privación de libertad del país. Uno de los hallazgos relevantes que se dan a conocer es que no existen registros desagregados de las mujeres en situación de cárcel que llegan embarazadas o que se embarazan dentro de las cárceles, lo que impide tener mayores cuidados sobre la atención que debiera procurarse. Además, las mujeres que conviven con sus hijos dentro de las cárceles representan el 3% del total de mujeres en situación de cárcel; son niños y niñas menores de un año.

Si bien todos estos ejercicios de análisis de datos en el ámbito de la justicia muestran problemáticas que viven poblaciones específicas, comparten varios aspectos comunes que van desde los vacíos identificados en el registro de datos, hasta el gran contraste entre denuncias y sentencias. Contar con datos, analizarlos para visibilizar problemáticas y, a partir de ello, generar respuestas de prevención, atención e intervención que garanticen los derechos humanos es parte del ejercicio democrático; y sigue siendo una deuda pendiente para derribar las barreras de acceso a la justicia desde la perspectiva de género e interseccionalidad.