En Guatemala, a las niñas no se consideran ciudadanas por ser menores de edad, pero sí se les permite asumir procesos de mujeres adultas, como atravesar un embarazo y parto, aún contra sus condiciones biológicas, psicológicas, y siendo consecuencias de violencia sexual.

En la sociedad guatemalteca es bien visto, culturalmente, regalarle muñecas y bebés de juguete a las niñas. Con juegos empiezan a asumir el rol de madres como su futuro, que muchas veces se convierte en realidad a temprana edad. Esta situación de embarazos no deseados ocurre muchas veces como producto de violencia sexual. Según el Ministerio Público (MP) en lo que va del año se han contabilizado 4, 948 denuncias de violación sexual contra niñas y mujeres.

Al quedar embarazadas luego de ser víctimas de violencia sexual, las niñas se ven obligadas a asumir los roles de mujeres adultas. Dejan por un lado su derecho a la salud, la vida, la educación, una vida libre de violencia, la integridad y la autonomía de su desarrollo personal. Se les niega por completo la oportunidad de tomar decisiones sobre sus vidas y su futuro es totalmente anulado.

El caso de Angelina*, una niña maya Q’eqchi’ de 13 años, residente de Alta Verapaz, Guatemala, es un ejemplo. Ella fue agredida sexualmente por el capataz de la finca, dando como resultado el nacimiento de dos gemelas.

Después de la agresión, su madre la llevó al MP y presentó una denuncia. Las autoridades tardaron un año para capturar al agresor y el día de la audiencia de primera declaración, no estaban presentes la Procuraduría General de la Nación (PGN) ni el Instituto de la Víctima. A esto se le suma que el juez decidió dejar en libertad provisional al agresor debido a que cometió la violación cuando ella tenía 13 años.

El juez explicó que el Código Penal no prohíbe estrictamente prisión preventiva para un hombre acusado de abuso sexual a una niña de mayor 12 años y menor de 14 años, ni cuando la víctima resulte embarazada. Esto se debe a los cambios al Codigo Penal en el delito de Violación Agravada en el 2009.

Ahora, en su nombre se ha presentado una iniciativa de ley para garantizar los derechos de las niñas sobrevivientes de violencia sexual, donde las incongruencias entre las leyes se corrijan y las niñas tengan acceso a la justicia

Más que cifras, son las vidas de las niñas

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), reporta que en Guatemala se han registrado 1, 268 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, de enero a julio del 2022. Existe una discrepancia entre el registro de embarazos (1, 323) y el de nacimientos (1, 268), lo que muestra una diferencia de 55 casos más de embarazos que de nacimientos.

La región norte y occidente son los departamentos que presentan mayor cantidad de casos de nacimientos en niñas de 10 a 14 años. En el departamento de Huehuetenango se contabilizan 149 embarazos y 168 registros de nacimiento; en Alta Verapaz, 191 embarazos y 171 registros; en Quiché, 128 embarazos y 106 nacimientos; y en Petén se registraron 134 embarazos y 119 nacimientos.

Existe discrepancia entre los datos de embarazadas y nacimientos a nivel nacional, pero en el caso de los departamentos existe una fluctuación entre estos. Petén es un ejemplo, porque no aparecía entre los más incidentes con 119 de nacimientos, pero sí de embarazos con 134.

Las causas de la variación de los registros de nacimientos y embarazos, explica Mirna Montenegro, se deben a varias causas, entre ellas es que los nacimientos son registrados a nombre de la madre de la niña, los abortos espontáneos y también se deben a que durante el proceso de parto puede fallecer la niña o él bebe. Lo que demuestra es un desfase en los datos porque no existe una garantía en el control y monitoreo de información.

El contexto de los embarazos en niñas

Ana Victoria Maldonado, coordinadora de programas de Osar, menciona que los contextos sociales varían dependiendo en donde residan las niñas. En el caso de Huehuetenango (5,221 embarazos en niñas de 10 a 19 años), estos embarazos y nacimientos, se han “normalizado” porque se tiene una idea de que las niñas tengan familia a temprana edad, afirmó Maldonado

Esta práctica diaria permite que las familias o los padres acepten animales o dinero a cambio de “juntar” a sus hijas. De hecho, la capacidad para contraer matrimonio en Guatemala se establece a la edad de 18 años, sin embargo, el Decreto 8-2015 reformó el “Artículo 82. Excepción de edad” dejando la edad mínima para contraer matrimonio en niñas a partir de los 16 años en casos especiales, antes era de 14 años.

Alta Verapaz (4,702 de embarazos en niñas de 10 a 19 años), tiene un contexto diferente, debido a que la comunidad también aprueba que las niñas se “junten” para formar familias, pero también se tienen los antecedentes de denuncias por violación sexual, como es el caso de Angelina*.

¿Cuáles son los impactos de los embarazos en niñas?

La doctora Mirna Montenegro, directora de Osar, menciona que biológicamente las niñas no tienen el cuerpo desarrollado para un embarazo, menos para brindar una lactancia materna adecuada. Dentro de los indicadores, el 50% de las niñas presentan una estatura por debajo de 1.50 metros, y en el 60% de estos casos, un peso pregestacional menor a 45 kgs, factores considerados como de riesgo para tener un recién nacido de bajo peso.

Por otro lado, el miedo o el desconocimiento hacen que no se atienda a tiempo el embarazo, lo que provoca infecciones urinarias, anemia, preeclampsia, complicaciones del parto y problemas del crecimiento intrauterino. Además, los partos se hacen por cesárea debido a la estrechez pélvica.

La mortalidad materna de las niñas menores de 15 años es el doble que la de las mujeres adultas. Las principales causas de muerte son el síndrome metabólico causado por trastornos hipertensivos (eclampsia) y el sangrado causado por complicaciones del embarazo o parto.

En cuanto a lo psicológico, el cerebro no está desarrollado y no se tiene la suficiente responsabilidad para cuidar un bebé. Indica la psicóloga Annette Roma, que las niñas aceptan, pero no asumen el rol de ser madres, algunas reacciones pueden ser el miedo sobre cómo criar a un bebé, la irritabilidad ante ciertas situaciones que se presenta al atender a un nuevo ser, así mismo la culpabilidad por el embarazo.

Roma menciona que es importante la seguridad de niñas y adolescentes. Los padres y madres deben mostrarles una educación sexual y brindar confianza cuando algo sucede, debido a que existen agresores dentro de las familias y estas situaciones se deben prevenir.

Añade que el proyecto de vida de la niña se estanca totalmente, y más viviendo en el territorio de Guatemala, en donde la posibilidad de tener un trabajo es casi nula. “El porcentaje de niñas que terminan sus estudios es bajo, apenas pueden llegar a graduarse de diversificado, y no digamos la universidad”, expresa Annette.

En su opinión, Roma menciona que es importante el derecho de poder elegir y que no es justo el hecho de obligar a una niña a tener un bebé, más cuando se trata de una agresión sexual.

El manejo estatal

El Estado no tienen una ley que garantice una vida digna para las niñas que fueron víctimas de violación. “No tenemos un sistema de justicia que inmediatamente ponga a los agresores en un proceso legal”, expresa Ana Victoria de Osar.

Mirna Montenegro menciona que existe un programa llamado “Vida” que tiene a su cargo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) creado para las niñas y adolescentes embarazadas o madres, menores de 14 años, cuyos casos han sido reconocidos por el sistema de justicia como víctimas de violencia sexual.

Vida es un programa que apenas puede atender al 10% de la cantidad de niñas que sufrieron agresión sexual y solo se encuentra en la ciudad capital. Para Montenegro es importante que la atención se centre también en otras regiones en donde los casos de embarazos en niñas son mayores, como en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Péten y Huehuetenango.

La niñas deben tener un vida en donde se les permita potenciar todo los elementos para alcanzar la felicidad (un plan de vida para realizar), para ella es algo paradójico. “Cuando la niña está embarazada todas las instituciones están preocupadas por ellas. Pero una vez que el bebé nace, ninguna institución se preocupa por su plan de vida”.

Programas que ayudan a niñas y adolescentes

Mirna Flores, representante del programa Nacional de Salud Reproductiva, menciona que este programa tiene como componente principal la prevención de la mortalidad materna y neonatal. Asimismo, contiene programas específicos que abordan a la adolescencia.

El primero es la Atención de Adolescentes. Esta trata sobre la implantación del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes (PLANEA), su objetivo integral, multisectorial y de participación social es la reducción de los embarazos en adolescentes.

El segundo programa es Educación Integral en Sexualidad (EIS), incluida en convenios con el Ministerio de Educación. Lo que se procura es abordar a población escolarizada y no escolarizada para fortalecer la educación sexual y para la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Y por último, Paternidad y Maternidad Responsable es un programa que aborda a los grupos familiares, entre niñez, adolescencia y juventud. Este componente promueve la salud reproductiva a través de un enfoque social proyectado en el individuo, la familia y la sociedad, con especial énfasis en el fortalecimiento familiar.

Dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MSPAS) existe un programa de atención integral a la adolescencia, donde se brinda una atención especializada en el desarrollo físico, métodos de anticoncepción, así como vacunación contra el COVID-19 y Virus del Papiloma Humano, entre otros.

El MSPAS también tiene unidades en los hospitales nacionales que atiende los casos de violencia sexual. Estas deben brindar una atención integral a las niñas y adolescentes.

Iniciativa de Ley 6090

Osar lleva un monitoreo de los embarazos en menores de 14 años, que de acuerdo con el Código Penal, son delitos de violación sexual con agravación a la pena en donde el violador tendrá que ir a prisión de 12 a 20 años.

La directora de Osar, Mirna Montenegro, expresó que desde el 2013 las estadísticas de embarazos en niñas se enmarcaron según lo que dictaba el decreto 9-2009 Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, en el caso de las agresiones sexuales en niñas. Indica también que el procedimiento para tratar estos casos comienza con la verificación de la denuncia, luego el MP se hace cargo de atender a la víctima, además de la PGN. Resalta que es importante porque la agresión se da, muchas veces, dentro del seno familiar, lo que provoca un conflicto de intereses.

“Es un sistema bastante injusto en donde no ponen a las niñas como el centro de las decisiones” expresa Montenegro.

La organización Osar junto a la bancada Semilla e integrantes de otras bancadas, están promoviendo la iniciativa 6090 “Ley Angelina, por la Justicia para las Niñas Sobrevivientes de Violencia Sexual". Esta ley busca hacer prevalecer el interés de las niñas, niños y adolescentes y adaptar las rutas legales para evitar que los agresores continúen acosando a las víctimas cuando gozan de libertad por las medidas sustitutivas.

Está iniciativa de ley es presentada por las y los diputados Ligia HernÁndez Gómez, Merana Olivar Aguilar de Díaz, Karla Cardona Arreaga de Pojoy, Lucrecia María Hernandez Mack, María Castellanos Pinelo de Pineda, Oswaldo Rosales Polanco, Byron Castellano Caal, Luis Fernando Pineda Lémus y Samuel Pérez Alvarez..

Además, la iniciativa dispone modificaciones en el artículo 264 del Código Procesal Penal, en donde prohíbe la aplicación de medidas sustitutivas en los delitos que son de impacto social y que el agresor no goce de su libertad mientras se inicia un proceso legal cuando cometió una agresión sexual con una niña menor de catorce años. “Es una ley que contiene 3 artículos y que dentro de esos tres artículos se puede cambiar la vida de la niña en el marco de resarcimiento por la justicia” concluye Mirna.