Caso Rancho Bejuco: la voz resiliente

Crédito: Angie Ross

“Cuando empecé a hablar, no aguantaba, lloraba amargamente por el daño que me hicieron en carne propia… Después, algo en mí me dio valor y empecé a hablar de manera tranquila. A pesar de la enfermedad que siempre me afectaba, siempre llevaba conmigo mis remedios. Fue en ese momento cuando comenzamos a buscar la justicia”. 

Paulina Ixpatán

Por Angie Ross

 La vida de Paulina Ixpatá Alvarado es una crónica marcada por la humildad y la lucha constante. Desde su infancia, Paulina trabajó incansablemente en el campo, ayudando a su familia a limpiar milpas y sembrar frijoles. En aquellos tiempos, dejar el trabajo solamente ocurría cuando se completaba la labor en la comunidad y luego se dirigían a la finca para ganar algo de ropa, ya que carecían de recursos económicos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, con prendas remendadas y escasez de bienes materiales.

 Sin embargo, con el tiempo Paulina pudo adquirir algunas pertenencias esenciales, como ropa y utensilios, mientras continuaba trabajando junto a su familia en la finca.

 Paulina Ixtapá una de las siete sobrevivientes de la masacre de Rancho Bejuco, quien también buscó justicia por los abusos sexuales sufridos durante la guerra civil en Rabinal, Guatemala, testificó en el caso de Una de las 36 Mujeres Achí.

“La violencia comenzó a azotar nuestro pueblo en 1981”

 Fue durante el año 1981, específicamente el 16 de agosto, cuando la violencia llegó a su vida. Su hermano fue secuestrado por desconocidos, lo que desencadenó una serie de eventos devastadores.

 La violencia se propagó por su comunidad y Paulina, junto con su madre y su padre, buscaron respuestas sobre la desaparición de su hermano en el destacamento local. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron de los militares fue evasiva y poco esclarecedora.

 A medida que avanzaba el año 1981, en octubre, la violencia continuó cobrando víctimas. El hermano de Paulina, su cuñada, su tío y su prima fueron secuestrados y posteriormente asesinados de manera brutal, marcando un oscuro punto de inflexión en su vida y en su comunidad. La violencia se intensificó y el 31 de octubre del mismo año los militares atacaron nuevamente, quemando casas y matando a dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada.

 Paulina y su familia se vieron obligadas a huir de su comunidad y buscar refugio en otro lugar, donde alquilaron terrenos para poder subsistir. La persecución continuó y en julio de 1982 los militares se llevaron a la mayoría de las familias de su comunidad junto con sus animales, en un intento de sofocar cualquier apoyo a la guerrilla.

Crédito: Angie Ross

“Eso es lo que vivimos, eso es lo que vivimos en aquellos tiempos”

 A pesar de todos los obstáculos, Paulina y su familia continuaron luchando por sobrevivir. Experimentaron el robo de sus pertenencias, la quema de sus hogares y la constante amenaza de la violencia militar.

 En enero de 1984 los militares volvieron a atacar, golpeando y deteniendo a miembros de la familia de Paulina. Fueron sometidos a abusos y amenazas y se les acusó de estar relacionados con grupos guerrilleros.

 La Firma de los Acuerdos de Paz en 1999 marcó un momento de liberación para Paulina y su comunidad. Las instituciones comenzaron a acercarse y hablar con ellos. Cuando finalmente encontró el valor para hablar, las lágrimas amargas no le permitían contenerse. 

 Fue un llanto por el daño que le hicieron, un daño que sintió en carne propia. Sin embargo, algo en ella le dio valor y comenzó a hablar con más calma, a pesar de la enfermedad que siempre llevaba consigo y para la cual tenía sus remedios. Fue en ese momento cuando comenzaron a buscar la justicia.

 “Estoy agradecida a Dios porque estoy aquí, hablando de lo que pasó. Siento que me quedé aquí por alguna razón, que Dios me protege. A pesar de todo, tengo mi trabajo y he criado a mis hijos. Ahora, mis hijos también me están ayudando”.

 Paulina no solo lucha por el caso del Rancho Bejuco, sino que forma parte de un grupo de 36 mujeres Achi. Están unidas en esta búsqueda, pero el gobierno aún no ha reparado el daño que causó a sus vidas, a sus familias y a sus pertenencias. Sus ropas, que son una parte fundamental de su identidad, también deben ser restituidas. 

 La denuncia del caso fue presentada en 1997,  por familiares de las víctimas que quieren que los restos de sus familias sean trasladados a un lugar digno. La exhumación se realizó en 1999 y hasta en 2022 el MP solicitó la captura de doce exmiembros de las fuerzas de seguridad del Estado que son señalados como responsables, aunque solamente nueve están siendo juzgados, aproximadamente son más de 25 años en que la familia busca justicia.

 Entre ellos el excomandante Juan Ovalle Salazar, así como los comisionados militares Mario Córdova y Santiago Cojón. Adicionalmente, figuran en proceso legal los expatrulleros de la Patrulla de Autodefensa Civil  (PAC) Juan López, Carlos Sesam, Lauro Garrido, Lázaro Alvarado, Mario Garrido y Santos Cojón Galeano.

 Para evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse, Paulina cree que es esencial hablar abierta y sinceramente sobre lo que ocurrió. “Decir la verdad, no tapar, no quedarse en silencio ante lo que se hizo. Así la gente se dará cuenta”, finalizó Paulina.