Ante la  criminalización del Estado, existen articulaciones de mujeres en Guatemala que, desde el anonimato, proporcionan guía para las personas que por diferentes razones quieren interrumpir su embarazo.

Por RUDA

“Hola. Me dijeron que usted podría ayudarme”.

Este es uno de los mensajes que Lila (nombre ficticio para evitar criminalización) recibe con frecuencia en el perfil que administra en las redes sociales. Lila forma parte de una red que existe desde el 2012, y que se creó con el objetivo de ayudar a las mujeres guatemaltecas a que el proceso antes, durante y después de un aborto voluntario sea más seguro, humano y cómodo.

En Guatemala la interrupción voluntaria del embarazo es punible, con penas que van desde uno a tres años de prisión, según el Código Penal. No se hacen excepciones para los embarazos producto de violación, incesto, o en menores de edad, a pesar de que en el país se han registrado más de 13 mil casos de embarazos infantiles y adolescentes hasta junio de este año, 985 de estos en niñas de 10 a 14 años, según datos recopilados por el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar).

La ley sólo permite el aborto terapéutico, que se realiza por motivos médicos cuando la vida de la mujer gestante está en peligro. Este proceso también es difícil de obtener para las personas que lo requieren, especialmente para las que viven en áreas rurales, pues se necesita el diagnóstico de al menos dos médicos para realizarlo.

En los últimos años, se ha reforzado la criminalización hacia las mujeres que abortan y quienes las ayudan. El 8 de marzo del 2022 el Congreso de la República aprobó la ley 5272, que aumentaba las penas de prisión por interrumpir un embarazo y asistir en este procedimiento hasta 10 y 12 años de prisión, además de endurecer los criterios para poder acceder a un aborto terapéutico, volver objeto de vigilancia a quienes sufrieran abortos espontáneos, y obligar a los médicos a rendir informes escritos en cada uno de estos casos. Este decreto fue derogado poco después por considerarse inconstitucional. 

Organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres señalan que la prohibición no detiene los abortos, sino que obliga a las personas a hacerlos en condiciones clandestinas e inseguras. En un país donde el Estado no garantiza el acceso a la educación sexual ni a los métodos anticonceptivos, y no protege a las mujeres y niñas de la violencia sexual, las circunstancias que las llevan a ponerle término a sus embarazos siguen existiendo. Ante esta situación, redes de apoyo como a la que Lila pertenece ofrecen una alternativa para las mujeres que, por diversos motivos, han decidido abortar.

Durante el proceso de acompañamiento, se orienta a las mujeres con información sobre el medicamento que utilizan y cómo aliviar sus efectos secundarios (con analgésicos de venta libre o remedios naturales), y se les dan recomendaciones para el cuidado post-aborto. Se busca que el procedimiento sea lo menos traumático y doloroso posible. Y si ellas lo piden o necesitan, Lila las refiere a un lugar donde pueden recibir atención psicológica.

Todo se hace desde el anonimato, por la seguridad de las mujeres que conforman la red y de quienes abortan.

Para realizar esta labor, Lila se ha capacitado en cursos y talleres impartidos por colectivas y redes de México, donde la despenalización del aborto es ya una realidad en varios Estados.

¿Cómo se hace?

Las acompañantes facilitan el método farmacológico. Según la información publicada en el Manual de práctica clínica para un aborto seguro, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inducido con medicamentos es generalmente seguro y eficaz si se hace correctamentamente y se toman las dosis indicadas, por vía vaginal o sublingual, en un período comprendido entre 9 a 12 semanas de gestación. Puede hacerse desde casa y no es necesario acudir a una clínica durante el proceso, a menos que se presenten complicaciones, las cuales pueden darse en las personas con insuficiencia renal, anemia severa, factores de riesgo cardiovasculares o  trastornos hemorrágicos. Además, está contraindicado para quienes tienen un dispositivo intrauterino, también conocido como T de cobre, o en caso de un embarazo ectópico (ocurre cuando el embarazo se produce fuera del útero), ya que no será efectivo.

El medicamento que recomienda la OMS sólo se puede comprar con receta médica en las farmacias de Guatemala. El precio es de 40 quetzales por tableta en algunos establecimientos.  Puede presentar efectos adversos, como fiebre, dolor, diarrea y náuseas.

El precio al que lo venden proveedores en línea varía entre 700 a 950 quetzales por 12 pastillas. A pesar de ser un precio muy poco accesible, para las mujeres que necesitan un aborto es preferible al costo económico, físico y emocional del embarazo, parto y maternidad.

¿Quiénes abortan?

Las personas que acuden a Lila se encuentran en diferentes contextos. Llegan a su página de forma orgánica: por recomendación de colectivas feministas, conocidas, o buscando palabras clave en las redes sociales. Lila no les exige explicaciones, nombres, ni justificaciones. Por eso solo conoce las historias de quienes deciden compartirlas. Lo único que les pide es un ultrasonido, para descartar un embarazo ectópico y calcular cuántas semanas de gestación tienen.

La mayoría son mujeres jóvenes, mayores de edad. Lila calcula que están entre los 20 a 36 años de edad. Algunas ya tienen hijos y no pueden mantener a uno más, otras nunca han querido ser madres. Hay quienes sí quieren, pero no en ese momento. Están estudiando, trabajan para sostener a sus familias, o no cuentan con apoyo para ejercer la maternidad. Muchas utilizan anticonceptivos, precisamente para no embarazarse, pero al fallar estos mecanismos han tenido que recurrir a una interrupción. En esos casos puede ocurrir que sean hombres quienes se comunican con Lila. Todas tienen sus motivos. Como dice Lila, nadie se embaraza solo para saber qué se siente abortar.

En la experiencia de Lila, los sentimientos de las mujeres después de interrumpir sus embarazos son mayormente de alivio. También hay mujeres a quienes el aborto les ha permitido salir de una relación abusiva, al no estar vinculadas a su agresor por medio de un hijo.

 “La culpa no viene por la decisión, la culpa viene porque las personas miran, juzgan, hablan desde un ángulo que no están atravesando. Creo que lo tortuoso para las personas que se deciden por la interrupción no es el proceso en sí, porque ya tomaron una decisión, por eso nos contactaron”, señala.

Por el derecho a decidir

Lila decidió dedicarse a esto tras observar en una persona cercana al martirio que supone abortar sin orientación ni cuidados. Empezó a acompañar procesos de aborto junto a un proveedor hombre, pero decidió hacerlo por su cuenta debido a que esta persona recomendaba a propósito el método vaginal, sin analgésicos, el cual es más doloroso e incómodo, para que las mujeres sufrieran y “se les quitaran las mañas”.

Las redes de acompañamiento brindan a las mujeres algo que no obtienen en las clínicas clandestinas ni con proveedores de medicamentos abortivos: un espacio donde no las juzgan, maltratan, o les causan dolor innecesario para castigarlas por abortar.

Lila es consciente del riesgo que corre al hacer esto. Además de enfrentar un proceso penal, también podría ser objeto de acoso, amenazas, o incluso agresiones físicas de parte de grupos extremistas. Ya han intentado cerrar su página antes. Trata de no pensar en esto. Que se despenalice el aborto en Guatemala es aún una posibilidad lejana. Mientras, seguirá ayudando a las mujeres a ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus futuros. “No hay otra alternativa que tejer redes y tratar de hacer lo que podamos desde nuestros rincones”, concluye.