Alta Verapaz: un sistema de justicia que protege a los agresores

Fotografía: Ketzali Pérez

Este jueves 1 de junio se retomó la audiencia de Julia*, una niña que denunció agresiones sexuales en Alta Verapaz. Llegar a este punto no ha sido fácil, las abogadas que acompañan este caso y el de varias niñas en esa región del país, cuestionaron el proceso que revictimiza a las menores y se aleja del derecho a una atención integral y oportuna.

La historia de una niña que vive a cuatro horas del único Juzgado de Primera Instancia de Femicidio en Alta Verapaz y que debe buscar cómo trasladarse cada vez que tiene que acudir a una audiencia, podría pasar desapercibida si ella contara con los recursos que necesita. Pero la realidad de esa niña es muy diferente y refleja una situación que en general atraviesa a muchas mujeres en una región maya Q’eqchi’ donde el 83.1 por ciento de sus habitantes viven en pobreza y el 53.6 por ciento en situación de pobreza extrema, según la última Encuesta Nacional Ingresos  y Gastos de los Hogares 2021-2022 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El acompañamiento que la niña necesita para buscar justicia lo consigue por medio de algunas organizaciones que trabajan en ese territorio. Pero una vez logró llegar a la instancia que le ofrece el Estado para conocer su caso, empieza un doloroso camino que puede tardar hasta 8 y 10 años. 

En las urbes,  visualizar  este tipo de realidades  es difícil, porque se desconoce que muchas niñas, adolescentes y mujeres viven en comunidades sumamente alejadas de cualquier recurso que ofrezca el Estado, que va desde la salud y la educación, hasta   la justicia. 

Las abogadas de organizaciones como CECI y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), que trabajan con niñas de las comunidades Q’eqchi’ y Poqomchi’ de Alta Verapaz y que accedieron a hablar con Ruda, describen este tortuoso camino en la búsqueda de la justicia, bajo la premisa principal que refiere a un sistema de justicia que protege más a los agresores que a las víctimas.

La audiencia que se llevó a cabo este jueves en el Juzgado de Femicidio de Cobán no logró llegar a su fin y se debe continuar con una segunda a mitad de junio. El caso de Julia será clave para sentar un precedente sobre el abuso sexual contra niñas en Alta Verapaz, ya que ella fue agredida por su maestro cuando tenía 12 años. Ella, con el apoyo de su familia y de diversas organizaciones, está decidida a encontrar justicia. Sin embargo, con este nuevo retraso las abogadas ven un desgaste, por la ausencia de la celeridad en los casos. “Es estrategia de la defensa retrasar el proceso”, anotan las litigantes. 

¿Cuál es el proceso después de una denuncia?

Una vez colocada la denuncia, las niñas deben pasar por la prueba forense que en muchas ocasiones no cumple con los estatutos de respeto y humanidad mínimos. “Niñas y niños de hasta cinco años, son tratados de forma agresiva sin respetar que no están dispuestos a que se les vuelva a tocar por el trauma que han pasado”, indican las abogadas.

La legislación guatemalteca coloca a disposición un anticipo de prueba por medio de la Cámara Gesell, el cual consiste en un único testimonio de la víctima para que pueda utilizarse en un debate. “Aquí el problema es que la cámara está colocada en el fondo del tribunal, separada por un biombo nada más en la cual la víctima debe pasar frente a su agresor para entrar y salir. Está a menos de un metro de su agresor”, refiere una de las profesionales del derecho. 

La espera para una audiencia puede durar unos cuatro años, mientras la denunciante debe convivir con su agresor en la misma comunidad, muchas veces viviendo a escasos metros de él. El Estado no le garantiza protección  y aunque tenga medidas de alejamiento no se cumplen. La prisión preventiva para estos casos no existe y sí la dictan solo dura tres meses, refieren las abogadas. 

Una vida 36 láminas

La directora del Centro de Formación Integral, Ciudad de la Esperanza, Rosario Durinni, explica lo difícil que es para las niñas y adolescentes agredidas sexualmente llevar a cabo el proceso. Una vez han comunicado a las autoridades de su localidad la agresión, muchas veces el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) o la Iglesia Católica, los agresores ofrecen reparar el daño con cosas materiales. “Vino la mamá y me dijo, ya ofreció reparar a mi niña, va a hacerle una casa de 36 láminas”. De esta forma, los agresores quieren reparar la situación y evitar la denuncia.

En estos casos lo que se ha encontrado es que existe una red de actores que respaldan los abusos cometidos contra las niñas, entre ellos pastores, maestros y autoridades de las comunidades. Muchos de los agresores pertenecen a estos grupos. A esto se le suma que las autoridades saben de los abusos pero no actúan y se convierten en cómplices. “Es por esto que muchos agresores buscan refugiarse en estos lugares donde es difícil hacer justicia”. 

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 https://www.rudagt.org/temas/las-voces-que-exigen-justicia-en-alta-verapaz

El trabajo que se realiza desde las organizaciones sigue siendo vital, de manera especial para el acompañamiento de madres e hijas que quieren seguir los procesos en búsqueda de justicia. Pero desde las acciones de organizaciones que actúan en forma departamental y comunitaria, también hace falta fortalecerse y romper los miedos que se tienen. Hay varias agrupaciones de mujeres que se dedican a actividades económicas pero temen apoyar a otras mujeres que están actuando en contra de esta violencia machista. 

Falta un trabajo de sensibilización y de recursos en la zona para poder hacer comprender el trabajo que se debe hacer para fortalecer las acciones en búsqueda de la justicia, indican las abogadas entrevistadas. 

Vital formación para los juzgadores

Las abogadas entrevistadas también refieren la importancia que tiene que los jueces sean capacitados en derechos humanos, ya que de esa forma se podrían  aplicar otras formas y tratos en el proceso de  justicia. Muchos de los operadores de justicia también se encuentran solos en mitad del sistema coludido. “Muchos, al estar capacitados, agilizan los procesos y se llega de forma pronta al debate. Pero la diferencia con Alta Verapaz es que el retraso es demasiado  y las niñas deben contar una y otra vez la agresión. Muchas veces los honorables jueces prefieren proteger a los agresores”. 

A este  difícil proceso judicial, se suma que una vez terminada la denuncia,  el seguimiento se da en el Juzgado de Chiquimula, a donde debe llegar la víctima para preguntar personalmente por la ejecución de la sentencia. “¿Se imaginan viajar desde la comunidad hasta otro departamento y con cero recursos?”, cuestionan las entrevistadas.

Ese es el sistema al que están sometidas las niñas y el que deben seguir para un proceso, añaden las abogadas.

Las entrevistadas también recalcan que los proyectos de acompañamiento a estos casos tienen un periodo de vida y muchos de ellos están por finalizar, pero reiteran que es necesario seguir con el trabajo de sensibilización del tema en las familias y autoridades judiciales, porque las niñas, adolescentes y mujeres están decididas a alzar su voz para hacer frente a los abusos y a la red de agresores que las violentan en esa región del país.