Clientelismo político, un placebo enfocado en madres y cuidadoras
Dos meses han pasado desde que inició la campaña electoral 2023. Durante este tiempo, el Mirador Electoral y la Misión de Observación Electoral (MOE) registraron más de siete casos en los que se utilizaron recursos públicos con fines clientelares. Según testimonios de lideresas comunitarias, el clientelismo político durante la campaña es dirigido a las mujeres.
El clientelismo político es una “práctica en la que un político o partido político ofrece bienes o servicios a cambio de apoyo electoral”, según el Mirador Electoral, integrado por organizaciones de sociedad civil como la Asociación Alas de Mariposa y Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. En el contexto electoral, estos beneficios son brindados a cambio de lealtad, trabajo dentro de la organización política o para conseguir votos el día de las elecciones.
Esta entrega de bienes se realiza a menudo en las áreas con mayor vulnerabilidad a la pobreza y que no cuentan con servicios públicos. Sin embargo, no busca solucionar las problemáticas estructurales. Según la politóloga Marielos Chang, “el clientelismo político, consiste en alivios pasajeros, un placebo. No resuelven los problemas de fondo, ni están pensando en resolverlos. El clientelismo es una transacción que tiene un propósito muy específico: lograr el apoyo político suficiente para ganar elecciones”.
Las “mujeres beneficiarias”
“La decisión sobre qué regalar se toma a partir de cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad en específico. Debido a que el alto costo de los alimentos es un problema nacional, tienden a obsequiar bolsas de víveres”, señaló la politóloga Chang. Uno de los sectores donde esta práctica se ha podido comprobar, es la zona 5 de Villa Nueva.
En esa zona, desde el 2022, el actual alcalde y candidato a la reelección por el partido VAMOS, “ha entrego verduras y almuerzos. También, el partido VALOR, cuyo candidato es Mynor Morales, ha entregado almuerzos en tiempo electoral para hacer propaganda política de sus candidatos. He conocido casos donde se entrega pollo, gabachas o calendarios”, indicó Lucía José, vecina del lugar.
En dicho municipio, las prácticas clientelares están enfocadas en las mujeres, especialmente, en las madres y cuidadoras. “Se entregan en espacios públicos cercanos a parques o escuelas y canchas deportivas porque saben que es allí donde se reúnen las jóvenes, pero también donde las madres llevan a sus hijos antes del almuerzo o de ir a dejarlos a las escuelas. Es un total enfoque a las mujeres porque son quienes por los horarios, también están en la casa”, señaló Lucía José.
En el pasado, en otras regiones, como Chichicastenango, en el departamento de Quiché, los candidatos optaban por entregar alimentos y productos de cocina como frijol, aceite y arroz. Sin embargo, esto ha cambiado. “Ahora lo que se ve, por ejemplo, es que organizaciones de mujeres tejedoras piden específicamente que se les entregue materia prima para su trabajo, como los hilos”, señaló Anny Puac, residente de Chichicastenango.
Los métodos de entrega de los bienes ofrecidos también se transformaron. Ahora, por temor a las sanciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los partidos políticos ya no optan por entregar los productos portando su nombre o logo. “Lo que hacen es nombrar a representantes en las comunidades para que vayan a traer lo que las personas pidieron y se los entrega en una cancha o en la escuela de la comunidad. Aunque esta persona no use colores ni banderas específicas, la gente sí sabe a qué partido representan quienes entregan la ayuda”, indicó Puac.
“Es necesario reconocer y resaltar que las mujeres son las que tienden a ser las mejores organizadoras locales y posiblemente a ellas terminan siendo dirigidas estas acciones”, señaló la politóloga Chang. En Chichicastenango, según Puac, los ofrecimientos son enfocados a grupos sectoriales específicos, como las asociaciones de comadronas, tejedoras y cooperativas de mujeres.
Pero, según Anny y Lucía, los bienes entregados con fines clientelares no transforman las realidades de las mujeres a largo plazo. Más bien, constituyen efectos pasajeros.
El uso de bienes estatales
El Mirador Electoral estableció que el Ministerio de Desarrollo (Mides), es “uno de los mayores compradores de bienes que después sirven con motivos electorales por medio”, esto a través del Fondo de Desarrollo Social. Según el cuarto informe del mirador, las compras de dicha institución pasaron de ser 69 (por un total de Q222.7 millones de quetzales) en el 2022, a 152 compras (por más de Q494 millones de quetzales) planificadas para el 2023.
Entre las compras que posiblemente podrían ser utilizadas para fines clientelares se encuentran láminas, costaneras, cemento, herramientas para albañilería, herramientas para la agricultura (como azadones y bombas de fumigación) y molinos manuales.
El Mirador también identificó compras con fines clientelares en quince municipios. Estas son las municipalidades: Olopa en Chiquimula, Chajul y San Antonio Ilotenango en Quiché, Morazán en El Progreso y San Andrés Villaseca, El Asintal y Nuevo San Carlos en Retalhuleu. También San Pedro Carchá en Alta Verapaz, Los Amates en Izabal, Santa Apolonia en Chimaltenango, San Rafael Petzan en Huehuetenango, Barberena en Santa Rosa, Granados en Baja Verapaz, Senahú en Alta Verapaz y San José Acatempa en Jutiapa. En estas localidades, las autoridades municipales compraron bienes como molinos manuales, láminas, tinacos, fertilizantes, sacos de cemento y piedrín.
La red de observadores de la MOE también identificó siete casos de posible uso de recursos públicos para campaña electoral. Tres de estos actos corresponden al uso de bienes públicos (como vehículos y mobiliario), dos a la participación de trabajadores públicos y dos a la entrega de alimentos que pertenecía a programas sociales. Según su tercer informe, es posible que “en el 71.4 % de los casos sean “acciones que beneficiaron la reelección del alcalde del municipio donde se registró el hecho, mientras que 28.7 % de los casos fue para beneficio de binomios presidenciales”.
En estos casos de clientelismo, estaban involucrados candidatos de los partidos VAMOS, Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Político Nosotros (PPN).
En algunos municipios, la compra de bienes para uso clientelar es justificada por programas sociales enfocados en mujeres y personas que viven en vulnerabilidad por la pobreza. En Olopa, Chiquimula, la municipalidad compró ocho mil láminas para ser entregadas a familias de escasos recursos, señaló el informe del Mirador Electoral. “La justificación de la adquisición se basa en que según la directora de la oficina municipal de la mujer han recibido peticiones por parte de los grupos de mujeres de distintas comunidades, sin embargo, no se presenta un estudio que determine el número de familias que no cuentan con un techo mínimo o estudios que detallen las necesidades reales del municipio”, indicó el documento.
El incremento en los montos presupuestarios alcanzaron en el 2023 su máximo histórico, según el Monitoreo Electoral. Estos, además, han sido ejecutados sin control del gasto público y resultan en “un incentivo perverso que busca financiar la campaña electoral del partido oficial y sus aliados políticos a nivel territorial”, finalizó el Mirador Electoral.